Propuesta educativa
Libertad educativa: las familias primero.
Las familias eligen. El financiamiento sigue al estudiante. Los proveedores compiten y se especializan. El Estado protege la libertad de educarse y actúa subsidiariamente.
De la dirección estatal a la responsabilidad familiar
La propuesta plantea pasar de un sistema centralizado y vulnerable al control político a un orden donde los padres recuperan la responsabilidad primaria sobre la educación de sus hijos.
Elegir escuela no basta. Las familias deben poder elegir proyecto educativo, modalidad y proveedor, con información suficiente y competencias fundamentales que puedan verificarse.
Libertad de enseñanza y aprendizaje
La familia es anterior al Estado y conserva su responsabilidad educativa. La libertad de enseñar y aprender no depende de adhesión ideológica ni de la aprobación política de un currículo.
Los proveedores podrán definir métodos, calendarios, pedagogía, carácter religioso o filosófico y especialización, respetando la integridad del menor, la transparencia, los contratos y las competencias fundamentales.
El financiamiento sigue al estudiante
Cuando exista apoyo público, se propone un ticket, una cuenta educativa u otro beneficio portable destinado al estudiante. La familia elige entre proveedores y modalidades elegibles.
El beneficio se vincula al servicio efectivamente prestado, con verificación y prevención de fraude. Recibirlo no convierte al proveedor en órgano estatal ni concede control curricular general al Estado.
Los criterios de elegibilidad, el importe y las condiciones requieren diseño fiscal y legislación de implementación. No se promete un monto ni una cobertura automática.
Elegir
La familia examina proyectos y modalidades con información suficiente.
Utilizar
El beneficio portable se destina al servicio educativo elegible.
Verificar
Se comprueban servicio, uso de recursos y competencias, sin imponer una doctrina política.
Competencias fundamentales, sin currículo político uniforme
La verificación mide resultados y admite mecanismos plurales y adaptaciones a edad, capacidad y modalidad. No autoriza un libro único, una pedagogía oficial o una interpretación histórica obligatoria.
- Lectura, escritura, expresión y comprensión en español.
- Inglés progresivo según la etapa educativa.
- Matemáticas y razonamiento cuantitativo.
- Ciencias y evaluación de evidencia.
- Historia y geografía de Venezuela, distinguiendo hechos e interpretaciones.
- Constitución, deberes civiles e instituciones.
- Propiedad, contratos, ahorro, dinero y precios.
- Competencias digitales, ciberseguridad y uso responsable de inteligencia artificial.
- Razonamiento lógico, comunicación y aprendizaje autónomo.
Pluralidad de proyectos y modalidades
Escuelas privadas y religiosas, academias, microescuelas, educación en casa, tutorías, modalidades híbridas, educación en línea y programas empresariales podrán competir y especializarse.
La educación doméstica será una modalidad ordinaria y legítima. La verificación de competencias debe adaptarse a esa diversidad.
Qué hará el Estado
Las funciones propuestas son limitadas: proteger al menor, perseguir fraude, verificar fondos públicos, exigir transparencia y comprobar competencias mediante mecanismos plurales.
Ante falta objetiva de oferta suficiente, se podrán contratar temporalmente servicios, ampliar beneficios portables o facilitar infraestructura. La prestación directa será un último recurso mientras persista la necesidad, con revisión y sin ventaja regulatoria para el proveedor estatal.
Educación técnica, oficios y trabajo
La universidad no será la única vía de progreso. Venezuela necesita técnicos, operadores, programadores, soldadores, electricistas y especialistas de industria, salud, logística, turismo, agricultura y mantenimiento.
Empresas y organizaciones podrán crear aprendizajes y certificaciones vinculados con competencias reales. La capacidad de aprender y desempeñarse importa tanto como la ruta elegida.
Educación especial y apoyos ajustados
Las familias de personas con discapacidad o necesidades complejas podrán elegir apoyos domésticos, institucionales o educativos. El financiamiento podrá ajustarse a necesidades comprobadas.
La provisión pública directa existirá cuando no haya una alternativa adecuada, con revisión, transparencia, acceso familiar y límites frente a la institucionalización innecesaria.
Una transición que preserve continuidad
Las instituciones estatales existentes deberán auditarse. Las opciones incluyen autonomía, transferencia competitiva, arrendamiento, concesión, especialización o mantenimiento temporal donde exista una necesidad objetiva.
La transición debe preservar la continuidad de los estudiantes, las obligaciones legítimas y el patrimonio. Administrar u ocupar una institución no confiere automáticamente su propiedad.
Preguntas frecuentes
¿Se elimina toda participación del Estado?
No. Se propone eliminar el monopolio y la dirección pedagógica general. El Estado conserva funciones jurídicas limitadas y una intervención subsidiaria ante necesidades reales no atendidas.
¿Cada escuela podrá enseñar cualquier cosa?
Tendrá amplia autonomía y deberá respetar la ley, la integridad del menor, la transparencia, los contratos y las competencias verificables. La regulación no podrá usarse para exigir adhesión política.
¿El ticket será dinero en efectivo para la familia?
No necesariamente. Será un beneficio portable destinado a servicios educativos y sujeto a verificación. Su diseño definitivo debe ser fiscalmente sostenible.
¿Se permitirá educación en casa?
Sí. La educación doméstica será una modalidad ordinaria y legítima, con verificación de competencias adaptada a esa modalidad.
¿Cómo se evita el adoctrinamiento?
Impidiendo la adhesión política obligatoria, el reclutamiento faccional de menores, el ocultamiento sustancial de actividades a sus padres y la vigilancia ideológica. Estudiar, debatir y criticar ideas continuará protegido. El desacuerdo doctrinal no autoriza controlar la conciencia familiar.
¿La propuesta ya es derecho vigente?
No. Es una propuesta de Semper Honor. Sus consecuencias jurídicas dependerían de la adopción constitucional y de las normas de implementación competentes.
Documentos para profundizar
La Carta, la Doctrina y la Constitución propuesta permiten examinar los fundamentos y su relación con el conjunto. Las fichas públicas indican qué lecturas están disponibles.