Constitución propuesta
Título IV — familia, educación y orden social
Texto del proyecto constitucional de Semper Honor.
En esta lectura
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 170. Familia anterior al Estado
La familia es la comunidad natural y fundamental formada por matrimonio, filiación, parentesco y deberes permanentes de cuidado. Existe antes del Estado y no recibe de éste su dignidad, finalidad o autoridad originaria.
La Constitución protegerá su estabilidad, intimidad, patrimonio, continuidad generacional y libertad frente a interferencias arbitrarias.
Ninguna institución pública, empresa, asociación, tribunal u organismo exterior podrá reclamar autoridad general sobre la familia o desplazar a los padres por razones ideológicas, económicas, administrativas o de conveniencia.
Artículo 171. Matrimonio
El matrimonio es la unión voluntaria, exclusiva, pública y estable entre un hombre y una mujer, ordenada a la vida común, la fidelidad, el auxilio recíproco, la procreación posible y la crianza de los hijos.
Requerirá consentimiento libre, capacidad jurídica y ausencia de impedimentos previamente establecidos. Ninguna autoridad obligará a contraer matrimonio ni presumirá su existencia sin acto válido.
La ley protegerá su estabilidad y no lo reducirá a contrato comercial revocable sin responsabilidad.
Artículo 172. Deberes y libertad civil de los cónyuges
Los cónyuges se deberán fidelidad, respeto, asistencia, veracidad, cooperación, sostenimiento del hogar y protección de los hijos.
La orientación diferenciada de responsabilidades familiares no creará incapacidad civil. La esposa conservará personalidad jurídica, propiedad, herencia, contratación, acceso judicial, estudio, profesión y participación en las funciones públicas no reservadas constitucionalmente.
El marido no ejercerá tutela civil general sobre la esposa. Ningún cónyuge podrá disponer de la persona, bienes propios, conciencia o voto del otro.
Artículo 173. Dedicación de la mujer al hogar
La República reconocerá como ideal nacional y vocación familiar la dedicación de la mujer a su matrimonio, hogar y crianza de los hijos, especialmente durante la primera infancia.
Este reconocimiento será cultural y jurídico-familiar, no una prohibición general de estudiar, contratar, poseer, emprender, trabajar o desempeñar funciones públicas no reservadas. Tampoco autorizará al Estado a imponer una ocupación, separar familias o examinar la intimidad doméstica.
La legislación económica y tributaria evitará penalizar a la familia que libremente organice su vida con uno de los cónyuges dedicado principalmente al hogar.
Artículo 174. El hogar no constituye relación laboral entre cónyuges
La crianza, atención del hogar, administración familiar y asistencia recíproca son deberes propios del matrimonio y la familia. No constituirán empleo entre cónyuges ni generarán salario, pensión, subsidio, indemnización laboral o remuneración estatal por su sola realización.
Esta regla no elimina deberes de alimentos, participación en bienes comunes, restitución de propiedad, responsabilidad por fraude ni efectos patrimoniales de capitulaciones o contratos válidos.
Los servicios domésticos o de cuidado contratados libremente con terceros se regirán por el contrato y el Derecho aplicable.
Artículo 175. Patrimonio familiar
La familia podrá organizar su patrimonio mediante propiedad individual, copropiedad, capitulaciones, fideicomisos, herencia y contratos lícitos.
La ley protegerá la vivienda familiar y los bienes indispensables frente a confiscación, fraude de un cónyuge o ejecución desproporcionada, sin convertirlos en refugio para ocultar patrimonio criminal o incumplir obligaciones probadas.
Ninguna disolución matrimonial permitirá apropiación automática de bienes propios ni remuneración retroactiva del deber doméstico.
Artículo 176. Paternidad, maternidad y filiación
La filiación deriva de la realidad biológica o de adopción válida. Todo niño tendrá derecho a identidad, nombre, filiación conocida cuando sea posible, cuidado, alimentos y protección.
Padre y madre tendrán deberes personales respecto de sus hijos y no podrán renunciarlos mediante abandono, contrato o mera declaración.
La ley no discriminará al niño por las circunstancias de su concepción, nacimiento, filiación o conducta de sus padres. Las consecuencias jurídicas recaerán en los adultos responsables y nunca como culpa heredada por el hijo.
Artículo 177. Autoridad y responsabilidad parental
Los padres tendrán derecho y deber primario de criar, alimentar, proteger, formar, disciplinar razonablemente, educar y representar a sus hijos menores.
Podrán decidir su orientación religiosa y moral, institución educativa, atención ordinaria de salud y entorno formativo, dentro del deber de preservar vida e integridad.
La autoridad parental no autoriza violencia grave, explotación, abuso sexual, abandono, mutilación, trata, matrimonio forzado ni negación deliberada de atención indispensable ante peligro serio e inmediato.
Artículo 178. Intervención pública en la familia
El Estado solamente podrá restringir o sustituir temporalmente una facultad parental cuando demuestre ante juez independiente:
1. competencia constitucional y ley previa;
2. hecho individual verificable;
3. peligro grave, concreto y actual para la vida o integridad del niño;
4. imposibilidad de protegerlo mediante medida menos restrictiva;
5. duración limitada y plan de reunificación cuando sea posible;
6. audiencia, defensa y acceso de los padres a la prueba;
7. representación independiente del niño; y
8. revisión judicial periódica.
La pobreza, vivienda modesta, desacuerdo doctrinal, educación doméstica, práctica religiosa, falta de popularidad, denuncia anónima no corroborada o negativa a seguir una recomendación no obligatoria no bastarán para separar una familia.
Ante peligro vital inmediato podrá adoptarse una medida provisional estrictamente necesaria, sometida a juez dentro de veinticuatro horas.
Artículo 179. Custodia, separación y divorcio
La ley procurará preservar el matrimonio y ofrecer mecanismos voluntarios de conciliación sin impedir tutela frente a violencia, abandono o incumplimiento grave.
Cuando exista separación o divorcio, la decisión distinguirá responsabilidad individual. La culpa probada por adulterio, violencia, abandono, fraude o destrucción deliberada del hogar podrá producir consecuencias patrimoniales, de custodia, elegibilidad o acreditación conforme a ley, sin castigar al cónyuge inocente.
La custodia se decidirá por seguridad, continuidad, responsabilidad y capacidad concreta de cada progenitor. No habrá preferencia automática por sexo ni se utilizará al niño como premio, sanción o instrumento económico.
Artículo 180. Adopción y cuidado alternativo
La adopción buscará proporcionar al niño una familia estable con padre y madre, mediante evaluación individual de honorabilidad, capacidad, salud, estabilidad y ausencia de explotación.
Cuando ello no sea inmediatamente posible, se preferirá parentesco seguro, acogimiento familiar temporal y soluciones que preserven identidad y vínculos lícitos antes que institucionalización prolongada.
Nadie tendrá derecho de propiedad sobre un niño ni derecho automático a adoptarlo. Toda decisión será motivada, contradictoria y revisable.
Artículo 181. Protección de la infancia
El niño será protegido contra homicidio, aborto ilícito, abandono, abuso, violación, explotación sexual, pornografía, trata, trabajo forzado, uso criminal, mutilación, medicación no terapéutica, experimentación y adoctrinamiento coactivo.
La investigación y sanción serán individuales. La protección del niño no justificará vigilancia indiscriminada de hogares, expedientes ideológicos familiares ni sustitución preventiva de padres honorables.
La exteriorización sexual respecto de niños y los delitos consumados contra ellos se regirán por la ley penal y las garantías de este Título.
Artículo 182. Integridad sexual y corporal de menores
Ningún menor podrá consentir válidamente actos sexuales con adultos, prostitución, pornografía, esterilización, modificación sexual corporal, supresión farmacológica de su desarrollo sano o intervenciones destinadas a transformar artificialmente su sexo.
Quienes prescriban, ejecuten, financien, faciliten u oculten tales actos responderán individualmente conforme a su participación, intención, conocimiento y daño.
La atención médica podrá tratar enfermedad, lesión, anomalía congénita o peligro comprobable mediante procedimientos terapéuticos proporcionados, documentados y sujetos a consentimiento parental y control profesional.
Artículo 183. Responsabilidad primaria de educar
Los padres son responsables de proveer la educación de sus hijos. Podrán cumplir ese deber mediante educación doméstica, instituciones religiosas, privadas, cooperativas, comunitarias, empresariales, tutoriales o combinaciones lícitas.
La República no será propietaria de los niños ni monopolizará su educación. Ningún menor será asignado obligatoriamente a una institución por domicilio, ingreso, religión o condición familiar.
Artículo 184. Libertad educativa
Toda persona, familia o institución educativa lícita podrá enseñar, aprender, crear y contratar proyectos educativos. Las instituciones podrán definir método, calendario, pedagogía, carácter religioso o filosófico, especialización y programa propio, respetando integridad infantil, transparencia frente a los padres, obligaciones contractuales y competencias fundamentales verificables.
La libertad educativa no será una concesión del Estado. Ninguna autorización podrá depender de adhesión ideológica, afiliación gremial, aprobación política del currículo o pertenencia a un instituto determinado. Los requisitos administrativos se limitarán a identidad del proveedor, seguridad aplicable a la modalidad, veracidad de la oferta, capacidad contractual, protección del menor, prevención de fraude y cumplimiento de obligaciones previamente establecidas.
La acreditación y certificación podrán ser prestadas por entidades plurales conforme a la ley. El Estado no monopolizará la acreditación ni podrá utilizarla para imponer texto, pedagogía, interpretación histórica o doctrina política.
Las instituciones podrán admitir, excluir o disciplinar conforme a reglas contractuales públicas y compatibles con dignidad, defensa y seguridad.
Artículo 185. Competencias educativas fundamentales
La ley podrá exigir comprobación independiente y periódica, adaptada a edad, capacidad y modalidad, de un núcleo de competencias fundamentales:
1. lectura, escritura, expresión y comprensión en español;
2. dominio progresivo del inglés conforme a la etapa educativa;
3. razonamiento matemático y cuantitativo;
4. ciencias, evidencia y método de comprobación;
5. historia, geografía e identidad venezolana, distinguiendo hechos, interpretaciones y juicio;
6. fundamentos constitucionales, deberes civiles y funcionamiento institucional;
7. propiedad, contratos, ahorro, dinero, precios y alfabetización económica básica;
8. competencias digitales, ciberseguridad, uso responsable de inteligencia artificial y evaluación crítica de información; y
9. capacidades prácticas, razonamiento lógico, comunicación y aprendizaje autónomo necesarios para la vida independiente.
La verificación medirá resultados y no autorizará currículo nacional uniforme. Podrá realizarse mediante proveedores plurales, mecanismos equivalentes y adaptaciones razonables. Ninguna evaluación impondrá escuela, texto, método, doctrina política, interpretación histórica oficial o perfil ideológico.
Las evaluaciones no formarán perfiles políticos, religiosos, psicológicos o familiares ajenos a la finalidad académica.
Artículo 186. Educación doméstica
La educación doméstica es forma ordinaria y legítima de cumplir el deber educativo. No requerirá excepcionalidad, afiliación religiosa ni título docente de los padres. Ninguna dificultad académica autorizará por sí sola separación familiar.
Artículo 187. Beneficio educativo portable
La ley podrá establecer un ticket, cuenta educativa u otro beneficio personal destinado al estudiante cuando concurran criterios objetivos de elegibilidad, necesidad, transición o política general compatibles con sostenibilidad fiscal.
El beneficio:
1. pertenecerá al estudiante o a su representación familiar, no a la institución;
2. será portable entre proveedores elegibles y modalidades admitidas;
3. no concederá al Estado control curricular general ni al proveedor derecho permanente a presupuesto;
4. estará sujeto a verificación de matrícula o participación, servicio efectivo, uso y prevención de fraude;
5. podrá reconocer ajustes objetivos por discapacidad, edad, ruralidad, distancia u otras condiciones materiales definidas por ley;
6. no financiará activismo faccional, fraude o servicios inexistentes; y
7. cesará o se modificará conforme a las condiciones legales que justifican su otorgamiento.
La recepción del beneficio no convertirá al proveedor en órgano estatal ni autorizará supervisión ajena a la finalidad del financiamiento y a las obligaciones generales aplicables.
Artículo 188. Subsidiariedad y ausencia de administración educativa ordinaria
La República, los estados y los municipios no administrarán ordinariamente escuelas, colegios o universidades ni dirigirán el contenido pedagógico general.
Ante ausencia objetiva y comprobada de oferta suficiente, podrán contratar temporalmente servicios, ampliar beneficios portables, facilitar infraestructura neutral o, como último recurso, prestar directamente educación mientras persista la necesidad. La provisión directa estará sometida a revisión periódica, contabilidad separada, transparencia y prohibición de utilizar la posición regulatoria para favorecer al proveedor estatal.
Podrán mantener instituciones estrictamente vinculadas a defensa, justicia, formación de funcionarios, educación especial cuando no exista alternativa adecuada o preservación de archivos y patrimonio, sin monopolio sobre la educación general.
Las instituciones estatales heredadas deberán someterse a un régimen transitorio de auditoría, autonomía, transferencia, arrendamiento, concesión, especialización o cierre que preserve continuidad de los estudiantes, obligaciones legítimas y patrimonio. La ocupación o administración previa de un establecimiento no conferirá derecho automático a su propiedad.
Artículo 189. Transparencia y autoridad parental en instituciones
Los padres tendrán acceso oportuno a currículo, materiales, identidad de instructores, políticas disciplinarias, expedientes académicos, atención de salud y comunicaciones institucionales relativas a sus hijos.
Queda prohibido ocultar sustancialmente a los padres información sobre salud, identidad, conducta sexual, riesgo, medicación, intervenciones corporales, captación política o contacto de terceros con el menor.
La reserva frente a un padre requerirá evidencia de peligro grave causado por ese padre, medida judicial particularizada y duración limitada. No procederá por política general de una institución.
Artículo 190. Prohibición de adoctrinamiento coactivo, reclutamiento faccional y sexualización
Ningún proveedor que reciba fondos públicos ni institución sometida al deber educativo podrá:
1. exigir adhesión personal a una doctrina política o faccional como requisito académico de obediencia;
2. presentar una opinión política controvertida como prueba de lealtad personal obligatoria;
3. reclutar menores para organizaciones políticas o faccionales sin consentimiento parental lícito;
4. sexualizar contenidos, prácticas o actividades de manera impropia para la edad;
5. ocultar sustancialmente a los padres materiales, intervenciones o actividades relativas a sus hijos, salvo medida judicial individual por peligro grave;
6. imponer culpa colectiva, cuotas identitarias obligatorias o discriminación contraria a esta Constitución; o
7. utilizar datos educativos para vigilancia política o clasificación ideológica de estudiantes y familias.
Esta prohibición no impedirá estudiar, describir, enseñar, defender, comparar o criticar doctrinas, religiones, filosofías o posiciones políticas en contexto académico. La infracción exigirá conducta institucional verificable y coactiva; una palabra, libro, pregunta, clase, opinión o estudio aislado no bastarán.
La autoridad parental comprende orientación moral, religiosa y filosófica. Su límite será el daño, abuso, explotación o peligro grave definido por esta Constitución, no el desacuerdo ideológico de una autoridad pública.
Artículo 191. Educación superior y formación profesional
La educación superior será libre, plural, contractual y responsable. Las universidades y centros podrán investigar, enseñar, certificar y asociarse sin monopolio estatal.
La habilitación para profesiones de riesgo protegerá vida, integridad, patrimonio o justicia mediante evaluación objetiva de competencia. No se utilizará para imponer sindicalización, colegio obligatorio con poder político o adhesión doctrinal.
Los títulos extranjeros podrán ser evaluados por competencia, autenticidad y equivalencia funcional mediante proveedores acreditados y revisión.
Artículo 192. Salud del menor y consentimiento
Los padres decidirán la atención ordinaria de salud de sus hijos. Todo procedimiento exigirá información suficiente, finalidad terapéutica y consentimiento válido. Sólo el peligro vital inmediato permitirá intervención indispensable sin consentimiento; toda controversia no urgente será judicial.
Artículo 193. Asistencia subsidiaria y temporal
La familia, comunidad, iglesia, asociación y contrato tendrán prioridad en la asistencia. La ayuda pública operará subsidiariamente ante necesidad comprobada que no pueda ser atendida razonablemente por esos medios.
Será temporal, individual, verificable, compatible con trabajo, familia y ahorro, y dirigida a restablecer capacidad. No creará clientelas políticas, derechos corporativos de proveedores ni control sobre conciencia o vida privada.
Ninguna ayuda estará condicionada a militancia, esterilización, ruptura familiar, renuncia religiosa, educación estatal o entrega de datos ajenos a su finalidad.
Artículo 194. Personas con discapacidad y educación especial
Toda persona con discapacidad tendrá dignidad, personalidad jurídica y protección contra abandono, explotación y esterilización coactiva.
La familia elegirá, según necesidades comprobadas, apoyos domésticos, comunitarios, institucionales o educativos. El subsidio seguirá a la persona y podrá financiar proveedores plurales.
El Estado podrá prestar directamente educación o cuidado especializado solamente cuando no exista alternativa adecuada, sujeto a revisión, transparencia, acceso familiar y prohibición de institucionalización innecesaria.
Artículo 195. Personas mayores y deber familiar
Los hijos adultos y demás familiares responsables tendrán deber moral y, en los casos definidos por ley, deber proporcionado de asistencia a padres mayores o incapaces que carezcan de medios.
La responsabilidad atenderá capacidad, historia de cuidado, abandono previo, abuso probado y demás circunstancias individuales. No impondrá servidumbre, convivencia forzada ni transferencia ilimitada de deuda.
La asistencia pública será subsidiaria y protegerá frente a abandono, fraude patrimonial, violencia y explotación.
Artículo 196. Remedios y responsabilidad
La lesión de autoridad parental, integridad del niño, libertad educativa, patrimonio familiar o privacidad dará acceso a medida cautelar, restitución, corrección de registros, reparación y revisión judicial.
El funcionario, profesional, institución o proveedor responderá individualmente por ocultamiento, falsedad, intervención no consentida, adoctrinamiento coactivo, explotación, desvío de fondos o incumplimiento deliberado.
La inmunidad institucional, licencia profesional, secreto administrativo o financiamiento exterior no impedirán investigación y reparación.
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