Constitución propuesta
Título XIV — tecnología, datos y soberanía digital
Texto del proyecto constitucional de Semper Honor.
En esta lectura
- CAPÍTULO ÚNICO
- II. Derechos de la persona sobre sus datos
- III. Identidad jurídica y credenciales
- IV. Custodia, circulación y arquitectura de datos
- V. Biometría, sensores y vigilancia
- VI. Inteligencia artificial y decisiones automatizadas
- VII. Prohibiciones materiales y categorías constitucionales
- VIII. Documentos, administración, Justicia y pagos
- IX. Ciberseguridad, proveedores y continuidad soberana
- X. Biotecnología, robótica, ciencia y talento
- XI. Acceso no digital y transición
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 763. Tecnología instrumental
La tecnología servirá a la persona, la familia y la República para ampliar capacidad, seguridad, productividad, verdad documental y acceso al derecho.
Ninguna plataforma, algoritmo, proveedor, base de datos o autoridad técnica sustituirá la Constitución, la decisión humana responsable o el debido proceso.
Artículo 764. Principios
El orden tecnológico se regirá por dignidad humana, verdad objetiva, finalidad, minimización, separación de datos, seguridad, transparencia, explicabilidad pertinente, responsabilidad, acceso analógico, competencia, estándares abiertos, continuidad y soberanía tecnológica.
Artículo 765. Competencias conservadas
Cada poder y autoridad conservará competencia y responsabilidad sobre sus decisiones. Una oficina tecnológica podrá prestar infraestructura común, pero no decidir ciudadanía, justicia, defensa, Hacienda, salud, educación, policía o política pública.
Artículo 766. Prohibición de gobierno por plataforma
Ningún portal, superaplicación, identidad digital, billetera, sistema de pagos o registro condicionará acumulativamente la capacidad de trabajar, viajar, contratar, recibir Justicia, practicar la fe, poseer bienes o acceder a servicios esenciales.
Artículo 767. Neutralidad tecnológica
La ley establecerá funciones, garantías y resultados sin imponer una tecnología determinada salvo necesidad técnica demostrada. Ninguna cadena de bloques, biometría, nube o inteligencia artificial se adoptará por prestigio, moda, financiación o presión exterior.
Artículo 768. Responsabilidad identificable
Todo sistema público tendrá propietario funcional, custodio técnico, base jurídica, finalidad, datos, proveedor, riesgos, plazo, responsable de decisión y vía de impugnación identificables.
La automatización no borrará autoría ni permitirá atribuir el daño a una máquina sin examinar las decisiones humanas.
Artículo 769. Soberanía digital
Venezuela conservará control jurídico y capacidad material suficiente sobre identidad, Justicia, defensa, Hacienda, registros, comunicaciones e infraestructura crítica.
La soberanía digital no exige fabricar cada componente; exige impedir que una licencia, sanción, nube, cuenta o proveedor único pueda paralizar funciones esenciales.
II. Derechos de la persona sobre sus datos
Artículo 770. Autodeterminación informativa
Toda persona tendrá derecho a conocer y controlar jurídicamente el tratamiento de sus datos, con acceso, corrección, seguridad, finalidad limitada y remedio. Los hechos jurídicos verdaderos no serán propiedad absoluta de persona alguna.
Artículo 771. Acceso y explicación
La persona podrá obtener copia comprensible de sus datos y explicación suficiente de toda intervención automatizada material que afecte derechos, obligaciones, patrimonio, reputación jurídica o acceso a servicios.
El secreto comercial o administrativo no eliminará la posibilidad de impugnar.
Artículo 772. Corrección y supresión
Los datos inexactos se corregirán conservando trazabilidad. Procederá supresión cuando carezcan de finalidad legítima, venza su plazo o hayan sido obtenidos ilícitamente.
No se borrarán obligaciones, archivos históricos, evidencia o antecedentes cuya conservación sea exigida por Justicia, seguridad o derechos de terceros.
Artículo 773. Portabilidad
La persona podrá recibir y trasladar sus datos en formato interoperable cuando ello no comprometa seguridad, derechos ajenos, archivos públicos o integridad probatoria.
Un proveedor no utilizará cautividad técnica para impedir cambio de servicio.
Artículo 774. Seguridad y notificación
Todo custodio aplicará medidas proporcionales al riesgo y notificará violaciones que puedan afectar identidad, patrimonio, intimidad o derechos, salvo demora temporal autorizada para contener un daño mayor.
Artículo 775. No manipulación
Ninguna autoridad utilizará interfaces engañosas, adicción deliberada, información oculta o personalización clandestina para obtener consentimiento, inducir renuncias de derechos o modificar opiniones políticas.
Artículo 776. No perfil ideológico
Se prohíbe crear puntuaciones estatales de obediencia, reputación política, crédito social, religiosidad, conformidad cultural o riesgo ideológico.
La investigación de una conducta individual concreta no autorizará clasificar a toda persona por sus ideas, familia o asociaciones lícitas.
Artículo 777. Tutela y reparación
Toda persona tendrá recurso administrativo independiente y tutela judicial frente a recopilación, uso, intercambio, decisión automatizada, pérdida o divulgación ilícitos.
Procederán corrección, cese, restitución, indemnización y examen de responsabilidad individual.
Artículo 778. Datos de menores
Los datos de niños y adolescentes tendrán protección reforzada. No se utilizarán para publicidad conductual, perfil ideológico, sexualización, manipulación, captación o decisiones ocultas a los padres fuera de una causa legal de protección.
El interés comercial o experimental no prevalecerá sobre la autoridad parental legítima y la seguridad del menor.
III. Identidad jurídica y credenciales
Artículo 779. Identidad jurídica única
Cada persona tendrá una identidad jurídica única. La identidad digital será un medio para acreditarla o demostrar atributos; no creará por sí misma personalidad, nacionalidad, ciudadanía, matrimonio, filiación, sexo o elegibilidad.
Artículo 780. Sexo registral
Para el estado civil, el sexo será un dato biológico objetivo y no una identidad subjetivamente elegida. Solamente se corregirá un error material mediante evidencia suficiente y decisión competente.
Las condiciones biológicas atípicas se resolverán individualmente con evidencia médica, protección de intimidad y revisión judicial.
Artículo 781. Categorías constitucionales
Los sistemas públicos utilizarán las categorías de persona, sexo, matrimonio, familia, nacionalidad, ciudadanía y residencia definidas por la Constitución y la ley.
No impondrán categorías subjetivas destinadas a sustituirlas, lenguaje obligatorio, privilegios, cuotas, sanciones o presunciones identitarias.
Artículo 782. Registros separados
Una identidad jurídica única no exigirá una base única. Los registros civiles, sanitarios, tributarios, judiciales, patrimoniales, militares, educativos, religiosos, policiales y de armas permanecerán separados.
Artículo 783. Emisión de credenciales
Toda credencial tendrá emisor competente, atributos precisos, fundamento, vigencia, mecanismos de verificación y vías de corrección y recuperación.
La emisión no se basará exclusivamente en biometría, proveedor privado o decisión algorítmica.
Artículo 784. Suspensión y revocación
La suspensión o revocación de credenciales exigirá causa previa, alcance limitado, notificación, prueba, decisión humana y recurso. Nunca extinguirá identidad civil ni credenciales ajenas al hecho.
Artículo 785. Recuperación
La pérdida de dispositivo, clave o acceso no extinguirá personalidad, derechos o patrimonio. Existirán recuperación segura, prueba alternativa, registro de cambios y protección frente a apropiación de identidad.
Artículo 786. Divulgación selectiva
Las credenciales podrán probar edad, ciudadanía, licencia u otro requisito sin revelar innecesariamente identidad completa, domicilio, patrimonio o relaciones familiares.
Artículo 787. Diáspora
Los venezolanos en el exterior podrán acreditar identidad, nacionalidad y atributos mediante procedimientos remotos seguros y oficinas autorizadas.
La distancia no reducirá el rigor probatorio ni justificará que una autoridad exterior controle la identidad venezolana.
IV. Custodia, circulación y arquitectura de datos
Artículo 788. Finalidad y custodia
La institución que conserve datos actuará como custodio responsable y demostrará finalidad, base jurídica, calidad, seguridad, conservación y control de acceso.
No reutilizará información para finalidades incompatibles sin nueva autorización legal.
Artículo 789. Consentimiento y otras bases
El consentimiento será libre, específico, informado, verificable y revocable cuando corresponda. La autoridad no llamará consentimiento a una entrega obligatoria.
La ley podrá autorizar tratamiento necesario para identidad, Justicia, seguridad, tributos, contratos o salud pública definida, con límites y revisión.
Artículo 790. Datos sensibles
Biometría, genética, salud, religión, filiación, antecedentes, ubicación precisa, comunicaciones y datos financieros tendrán protección proporcional, separación por finalidad y acceso restringido.
Artículo 791. Transferencias nacionales
La interoperabilidad sólo operará para finalidad y competencia determinadas; nunca creará acceso general entre instituciones. Todo intercambio será trazable y responsable.
Artículo 792. Transferencias exteriores
La transferencia exterior requerirá base constitucional, finalidad legítima, necesidad, garantías de uso, seguridad, registro y remedio. Los datos críticos podrán exigir copia soberana, procesamiento bajo control venezolano o prohibición de control exterior exclusivo.
Artículo 793. Proveedores privados
El proveedor que procese datos públicos quedará sometido a las mismas finalidades, seguridad, auditoría, confidencialidad, portabilidad, devolución y destrucción exigidas a la autoridad contratante.
No adquirirá propiedad sobre registros soberanos ni derecho a reutilizarlos comercialmente.
Artículo 794. Conservación y destrucción
Los datos no se conservarán indefinidamente sin finalidad. Toda eliminación será segura y documentada, y se suspenderá frente a litigio, investigación, archivo histórico o deber de preservación.
Artículo 795. Publicidad y clasificación
Serán públicos los actos, normas, contratos, presupuestos, metodologías y estadísticas exigibles. La clasificación será temporal, motivada, revisable y limitada a seguridad, investigaciones, intimidad o secretos legítimos.
No existirá categoría secreta creada por proveedor o algoritmo.
Artículo 796. Registro de accesos
Todo acceso, modificación, transferencia o eliminación de datos sensibles dejará trazabilidad accesible para auditoría y defensa.
V. Biometría, sensores y vigilancia
Artículo 797. Biometría auxiliar
La biometría será auxiliar, necesaria y proporcionada; no será infalible, universalmente obligatoria ni única forma de identificación. Toda persona tendrá alternativa razonable.
Artículo 798. Reconocimiento remoto
El reconocimiento biométrico remoto en espacios públicos solamente procederá ante persona, amenaza o investigación determinada, con competencia, necesidad, plazo y control judicial cuando afecte derechos.
Se prohíbe el seguimiento general y permanente de población no sospechosa.
Artículo 799. Sensores públicos
Toda cámara, micrófono, lector, dron o sensor público tendrá autoridad responsable, finalidad, cobertura, señalización cuando sea compatible, plazo y reglas de acceso.
No se conectará secretamente a publicidad, campañas, puntuaciones o bases ideológicas.
Artículo 800. Vigilancia prohibida
Se prohíben vigilancia masiva sin relación con amenaza concreta, reconocimiento de emociones como prueba jurídica, inferencia automatizada de fe u opinión y recopilación encubierta destinada a intimidar crítica lícita.
Artículo 801. Investigación legítima
La investigación penal o de inteligencia podrá utilizar medios técnicos conforme a orden, competencia, particularidad, minimización, cadena de custodia y revisión previstas en los Títulos X y XII.
Artículo 802. Vigilancia privada
Las empresas no podrán formar redes encubiertas de seguimiento, vender datos obtenidos ilícitamente o condicionar servicios esenciales a vigilancia desproporcionada.
La contratación privada no permitirá al Estado obtener indirectamente aquello que tendría prohibido recopilar.
VI. Inteligencia artificial y decisiones automatizadas
Artículo 803. Herramienta auxiliar
La inteligencia artificial podrá asistir en búsqueda, clasificación, traducción, detección de anomalías, simulación, mantenimiento, análisis técnico y preparación de opciones.
No será autoridad, funcionario, juez, ciudadano, comandante o titular de derechos.
Artículo 804. Clasificación por riesgo
Los sistemas de alto riesgo estarán sujetos a registro, evaluación previa, prueba, supervisión humana, auditoría, suspensión y revisión.
Artículo 805. Inventario público
Toda autoridad publicará los sistemas automatizados que utilice, proveedor, finalidad, categoría de riesgo, base legal, datos generales, responsable y vía de recurso, salvo detalles técnicos cuya reserva sea estrictamente necesaria.
Artículo 806. Evaluación previa
Antes de operar un sistema de alto riesgo se examinarán necesidad, alternativas, precisión, errores previsibles, seguridad, derechos afectados, dependencia, costo, manipulación y posibilidad de salida.
No bastará rendimiento promedio cuando errores concretos puedan privar injustamente de libertad, propiedad, identidad o Justicia.
Artículo 807. Datos y procedencia
Los datos de entrenamiento y validación tendrán fuente, autorización, calidad, límites y documentación. No se utilizarán expedientes reservados, comunicaciones privadas o datos de menores sin habilitación expresa y protección reforzada.
Artículo 808. Supervisión humana efectiva
La persona responsable tendrá competencia, tiempo, información y autoridad real para revisar, apartarse o detener el sistema. La firma automática o confirmación rutinaria no será supervisión.
La ley desarrollará cuatro niveles de supervisión según riesgo: I, ejecución reglada, reversible y trazable; II, supervisión humana continua con alertas y suspensión; III, propuesta automatizada y acto humano expreso e informado ante efectos individuales materiales; IV, dirección y decisión humanas en competencias soberanas. Cada clasificación tendrá responsable, base jurídica, prueba, registro, monitorización y recurso. Ningún nivel deroga el artículo 812.
Artículo 809. Registro y reproducibilidad
Toda actuación automatizada material conservará elementos suficientes para explicar, impugnar y auditar su fundamento jurídico, sus fuentes de datos, la versión y condiciones técnicas relevantes, los resultados y la intervención humana responsable. Su funcionamiento será técnicamente reproducible cuando corresponda o, cuando la repetición exacta no sea materialmente posible, verificablemente reconstruible en lo jurídicamente determinante. Un sistema cuya decisión lesiva no pueda ser verificada suficientemente para permitir defensa y control no podrá utilizarse para producir ese efecto.
Artículo 810. Explicación e impugnación
La persona afectada conocerá la utilización del sistema, factores principales, límites y responsable humano y podrá aportar prueba, solicitar revisión y recurrir.
Artículo 811. Responsabilidad
Responderán según su conducta quienes diseñen, contraten, desplieguen, alimenten, supervisen o utilicen negligente o dolosamente un sistema. El proveedor no excluirá contractualmente responsabilidad por fraude, defecto oculto o incumplimiento grave.
Artículo 812. Decisiones humanas reservadas
Ningún sistema automatizado decidirá por sí solo:
1. ciudadanía, nacionalidad o elegibilidad;
2. culpabilidad, pena, detención o credibilidad;
3. empleo público, inhabilitación o sanción;
4. expropiación, decomiso o pérdida patrimonial;
5. separación de un menor de su familia o intervención corporal;
6. diagnóstico o tratamiento irreversible;
7. vigilancia intrusiva;
8. objetivo militar o empleo de fuerza letal; o
9. restricción general de derechos.
VII. Prohibiciones materiales y categorías constitucionales
Artículo 813. Sistemas prohibidos
Se prohíben sistemas destinados a crédito social, obediencia política, persecución religiosa, culpabilidad colectiva, vigilancia ideológica, manipulación subliminal, explotación deliberada de menores, discriminación jurídica secreta o predicción de delito individual como sustituto de hechos.
Artículo 814. Realidad biológica y familiar
Los sistemas públicos no incorporarán como estado civil obligatorio sexo autopercibido, identidades fluidas o categorías que contradigan la realidad biológica y el régimen familiar constitucional.
No exigirán lenguaje ideológico, declaración de privilegio o culpa, adhesión doctrinal o cuotas identitarias como condición para estudiar, trabajar, contratar o recibir servicios.
Artículo 815. Conciencia privada
Estas prohibiciones limitan al poder público y a conductas jurídicamente regulables. No crean policía del pensamiento ni autorizan investigar conciencia, duda, opinión o conversación privada lícita.
Artículo 816. Proveedores y financiación exterior
Ningún proveedor, universidad, fundación, organismo o gobierno exterior impondrá categorías, métricas, filtros o condiciones contrarias a la Constitución mediante licencias, financiación, asistencia, estándares o acceso a mercados.
Artículo 817. Contenido sintético
Las autoridades identificarán los contenidos oficiales creados o materialmente alterados mediante inteligencia artificial. La falsificación sintética destinada a fraude, suplantación, extorsión, manipulación probatoria o perturbación ilícita será sancionada conforme a conducta y daño.
La sátira, ficción o creación lícita no se presumirá falsificación delictiva.
Artículo 818. Fuerza autónoma
La República no delegará a un sistema autónomo la decisión final de emplear fuerza letal contra personas. Todo medio físico automatizado tendrá mando humano, límites funcionales, parada segura, registro y responsable identificable.
VIII. Documentos, administración, Justicia y pagos
Artículo 819. Documentos y firmas electrónicas
Los documentos y firmas electrónicas tendrán equivalencia funcional cuando permitan acreditar identidad, voluntad, integridad, fecha y conservación conforme al riesgo.
Ninguna formalidad digital invalidará injustificadamente un documento físico legítimo.
Artículo 820. Evidencia digital
La evidencia digital sólo tendrá eficacia con autenticidad, integridad, contexto, cadena de custodia, método comprensible y contradicción. La integridad técnica no prueba por sí sola la verdad del contenido.
Artículo 821. Recibos verificables
Toda solicitud, pago, voto procedimental, presentación o modificación material generará recibo verificable con autoridad, fecha, objeto y estado, sin revelar datos innecesarios.
Artículo 822. Administración digital
La administración digital será transparente, accesible y no alterará competencias. Toda persona conocerá requisitos, costo, plazo, responsable, fundamento y recurso, y no repetirá datos verificables lícitamente.
Artículo 823. Reglas y código
Toda automatización administrativa se fundará en reglas públicas. El código que ejecute decisiones materiales será auditable por autoridades y partes afectadas en lo necesario para impugnación.
Un error de código no modificará la ley ni extinguirá el derecho a corrección.
Artículo 824. Expediente judicial digital
El expediente judicial conservará escritos, prueba, audiencias, decisiones, votos, recursos y ejecución, con identidad, integridad, publicidad aplicable y acceso de las partes.
No habrá expediente secreto paralelo generado por plataformas.
Artículo 825. Audiencias remotas
La comparecencia remota procederá cuando preserve identidad, comunicación privada con defensa, publicidad, contradicción, inmediación y calidad suficiente. Nadie será perjudicado por falla tecnológica no atribuible.
Artículo 826. Resolución digital
La ley podrá simplificar en línea controversias contractuales o de menor cuantía, conservando juez o árbitro humano, reglas conocidas, prueba, motivación y recurso.
No existirán tribunales de inteligencia artificial.
Los medios privados digitales de negociación, mediación, conciliación o arbitraje serán voluntarios en materias disponibles, con consentimiento válido, información suficiente, imparcialidad y decisor humano cuando produzcan resolución vinculante. La plataforma no adquirirá jurisdicción soberana ni impondrá arbitraje a terceros o sobre derechos indisponibles; la ejecución e impugnación se sujetarán a la Justicia nacional.
Artículo 827. Libertad transaccional
Los pagos y activos digitales se regirán por la libertad monetaria del Título XIII. La tecnología no convertirá deuda en depósito seguro ni eliminará responsabilidad por apropiación, pérdida culpable o publicidad engañosa.
Artículo 828. Prohibición de moneda digital estatal de control
La República no emitirá ni patrocinará una moneda digital minorista destinada a programar usos, vencimientos, ubicación, opiniones, reputación o acceso a bienes lícitos.
Tampoco creará mediante intermediario o sistema obligatorio su equivalente funcional.
Artículo 829. Contratos programables
Un contrato programable será ejecutable conforme a consentimiento, código, texto, finalidad y remedios pactados. El código no impedirá tutela judicial, corrección de fraude, error, coacción o imposibilidad.
IX. Ciberseguridad, proveedores y continuidad soberana
Artículo 830. Infraestructura crítica
La ley identificará infraestructura crítica por impacto objetivo sobre vida, soberanía, economía o continuidad. Los operadores tendrán deberes proporcionados de seguridad, notificación, recuperación, auditoría y cooperación.
La designación no transferirá propiedad ni autorizará acceso estatal irrestricto.
Artículo 831. Acceso excepcional
Ninguna autoridad exigirá puertas traseras universales, llaves maestras privadas o debilitamiento general del cifrado. El acceso individualizado exigirá competencia, orden judicial, particularidad, registro y minimización.
Artículo 832. Investigación de vulnerabilidades
Existirán canales para reportar vulnerabilidades de buena fe, plazos razonables de corrección y protección frente a represalia. No se ampararán extorsión, acceso destructivo, venta criminal o explotación después de una corrección disponible.
Artículo 833. Emergencia cibernética
Además del régimen general del Título XV y de las garantías de los artículos 259, 408 y 573, toda emergencia cibernética tendrá causa, alcance, autoridad, plazo, control legislativo y judicial y cuenta posterior. No autorizará vigilancia general, censura, apropiación de redes o renovación automática.
Artículo 834. Control de claves y decisiones
Las claves soberanas de identidad, Justicia, defensa, Hacienda y certificación permanecerán bajo control institucional venezolano, con separación de funciones, copias de recuperación y procedimientos contra apropiación personal.
Ninguna persona o proveedor controlará unilateralmente una clave crítica.
Artículo 835. Estándares abiertos y código auditable
Las instituciones preferirán estándares abiertos, formatos documentados, interoperabilidad y código auditable cuando protejan seguridad, competencia y continuidad.
La propiedad intelectual legítima no impedirá auditoría, portabilidad, conservación de archivos o sustitución del proveedor.
Artículo 836. Dependencia y concentración
Toda institución identificará dependencias de nube, telecomunicaciones, chips, sistemas, repositorios, certificados, actualizaciones, datos y personal especializado.
Los sistemas esenciales tendrán alternativas, operación degradada y plan de sustitución.
Artículo 837. Localización y jurisdicción
Los datos cuya pérdida de control comprometa soberanía, defensa, Justicia, identidad o infraestructura crítica tendrán copias y administración suficientes bajo jurisdicción venezolana.
La localización no será pretexto para monopolio, vigilancia o aislamiento técnico.
El control crítico será jurídico, operativo y de recuperación, con custodias, redundancia y proveedores sustituibles mediante auditoría, portabilidad y salida. No se impone residencia física nacional universal a datos ordinarios.
Artículo 838. Contratación tecnológica
Todo contrato tecnológico incluirá arquitectura, seguridad, pruebas, niveles de servicio, propiedad y licencia, datos, auditoría, portabilidad, continuidad, actualización, transferencia de conocimiento y retiro seguro.
Las excepciones por proveedor único o secreto serán temporales, motivadas y auditadas.
X. Biotecnología, robótica, ciencia y talento
Artículo 839. Experimentación responsable
Los entornos de prueba tendrán objetivo, territorio, plazo, usuarios máximos, riesgos, consentimiento, seguro, supervisión, suspensión y publicación de resultados.
La experimentación no suspenderá derechos ni convertirá a una población en sujeto involuntario.
Artículo 840. Biotecnología
La investigación biotecnológica respetará la vida humana inocente desde la concepción, integridad corporal, consentimiento informado, filiación y protección reforzada de menores e incapaces.
Artículo 841. Intervenciones prohibidas
Se prohíben experimentación humana no consentida, diseño de personas como mercancía, modificación heredable irresponsable, selección eugenésica, creación o destrucción deliberada de vida humana para experimentación e intervenciones irreversibles sobre menores destinadas a adaptar su cuerpo a identidad subjetiva.
Artículo 842. Datos genéticos
Los datos genéticos serán especialmente sensibles. No se utilizarán para puntaje estatal, control político, selección de ciudadanos, atribución de culpa familiar o discriminación pública general.
Su uso forense, médico o científico tendrá competencia, finalidad, seguridad, plazo y recurso.
Artículo 843. Robótica y sistemas físicos
Robots, vehículos, drones y sistemas industriales tendrán responsables de diseño, despliegue y operación, límites geográficos o funcionales, parada segura, mantenimiento y registro según riesgo.
Artículo 844. Ciencia y mérito
La República favorecerá ciencia, ingeniería, matemáticas, oficios, idiomas, seguridad digital y capacidad práctica mediante mérito, competencia, libertad de investigación y responsabilidad.
No habrá cuotas ideológicas, resultados políticos predeterminados o financiación condicionada a doctrina contraria a la Constitución.
Artículo 845. Talento y cooperación
El talento venezolano dentro y fuera del territorio podrá participar mediante procedimientos de mérito. Los especialistas exteriores podrán colaborar técnicamente sin recibir autoridad soberana ni control exclusivo de capacidades críticas.
XI. Acceso no digital y transición
Artículo 846. Equivalencia analógica
Nadie estará obligado a poseer teléfono inteligente, cuenta bancaria, billetera, correo electrónico, biometría o suscripción privada para ejercer derechos básicos.
La identidad digital complementará documentos físicos, testigos, certificación y comparecencia reconocidos por ley.
Artículo 847. Accesibilidad y asistencia
Los servicios ofrecerán medios para discapacidad, edad, idioma, aislamiento, baja conectividad y falta de destreza. La asistencia de terceros se registrará cuando sea material sin transferirles identidad o voluntad.
Artículo 848. Derecho de salida
La persona podrá cerrar cuenta, retirar consentimiento, recuperar datos, cambiar proveedor y continuar por canal alternativo cuando la ley no exija conservar un registro público específico.
Artículo 849. Contingencia
Todo servicio esencial tendrá operación manual o degradada, copias protegidas, comunicaciones alternativas, responsables y pruebas periódicas de recuperación.
Artículo 850. Transición desde sistemas capturados
La transición inventariará sistemas, servidores, nubes, claves, dominios, certificados, datos, contratos y proveedores; preservará evidencia; suspenderá mecanismos de persecución; y migrará por prioridad de soberanía, seguridad y continuidad.
La depuración será individual y probatoria. No se borrarán archivos históricos ni se confiará automáticamente en proveedores heredados.
Artículo 851. Desarrollo, lenguaje y adopción
Las leyes de Datos, Identidad Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Documentos Electrónicos, Biotecnología, Infraestructura Digital y Contratación Tecnológica desarrollarán este Título sin alterar sus parámetros cerrados.
Los textos constitucionales no nombrarán países extranjeros como modelos, fuentes de autoridad o referencias institucionales.
Los distritos de infraestructura crítica y soberanía digital serán funcionales y se constituirán mediante ley especial nacional marco y actos derivados trazables, con competencias identificadas, coordinación estatal y municipal, evaluación ambiental, hídrica, energética, patrimonial y de seguridad y revisión judicial. No serán unidades constitucionales adicionales ni enclaves de jurisdicción soberana.
Podrán operar prestadores públicos y privados bajo licencias, concesiones o contratos delimitados y auditables. La República conservará control y capacidad crítica. Los pactos legales de estabilidad tendrán objeto, hitos y plazo; no congelarán Constitución, potestades, derechos ni legislación válida fuera de habilitación. Los pilotos temporales autorizados conservarán derechos, datos, tutela, supervisión, reparación y suspensión inmediata ante daño.
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