Arquitectura Institucional
Libro X — tecnología, datos y soberanía digital
Lectura de la propuesta institucional de Semper Honor.
En esta lectura
- I. Naturaleza, alcance y distribución de competencias
- II. Derechos de la persona en el entorno digital
- III. Identidad digital, estado civil y verdad registral
- IV. Credenciales: emisión, corrección, suspensión, revocación y recuperación
- V. Gobierno, custodia y circulación de datos
- VI. Clasificación, publicidad y archivos digitales
- VII. Interoperabilidad, separación y arquitectura de datos
- VIII. Biometría, sensores y vigilancia
- IX. Inteligencia artificial y sistemas automatizados
- X. Prohibiciones materiales y defensa frente a la captura ideológica
- XI. Reglas sectoriales para sistemas automatizados
- XII. Criptografía, registros distribuidos y certificación
- XIII. Documentos, firmas y evidencia electrónica
- XIV. Administración pública digital
- XV. Justicia, arbitraje y resolución digital de controversias
- XVI. Tecnología financiera, pagos y activos digitales
- XVII. Ciberseguridad civil e infraestructuras críticas
- XVIII. Soberanía tecnológica, proveedores y estándares abiertos
- XIX. Contratación y ciclo de vida tecnológico
- XX. Experimentación tecnológica, biotecnología y robótica
- XXI. Ciencia, talento e industria tecnológica
- XXII. Acceso analógico, accesibilidad y derecho de salida
- XXIII. Transición desde los sistemas capturados
- XXIV. Riesgos de captura y defensas estructurales
- XXV. Tesis del orden tecnológico nacional
Función constitucional del Libro
Este Libro organiza la infraestructura tecnológica transversal de la República y consolida las reglas distribuidas en los Libros II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.
Su finalidad será utilizar la tecnología para ampliar capacidad, seguridad, productividad, verdad documental y acceso al derecho, sin permitir que una plataforma, algoritmo, proveedor, base de datos, potencia extranjera o autoridad administrativa sustituya la Constitución o someta a la persona a vigilancia ideológica.
La tecnología no será fuente autónoma de autoridad. Todo poder ejercido mediante sistemas digitales conservará competencia jurídica, responsable humano, motivación, registro, impugnación y consecuencias personales.
El orden tecnológico se regirá por los siguientes principios:
1. Dignidad humana: la persona no será reducida a un perfil, puntuación, predicción o conjunto de datos.
2. Verdad objetiva: los registros acreditarán hechos jurídicos y biológicos comprobables, no identidades creadas por declaración subjetiva.
3. Autoridad humana: ninguna máquina ocupará un cargo, ejercerá soberanía o asumirá responsabilidad jurídica.
4. Finalidad legal: todo tratamiento público de datos y toda automatización responderán a una competencia y finalidad identificables.
5. Minimización: solamente se recogerá, revelará y conservará la información necesaria.
6. Separación funcional: interoperabilidad no significará expediente único de la vida de una persona.
7. Trazabilidad: las consultas, modificaciones, decisiones y versiones relevantes dejarán registro.
8. Rectificación con historia: el error podrá corregirse sin borrar la evidencia de lo ocurrido.
9. Seguridad desde el diseño: la protección no será una reparación posterior ni una cláusula formal.
10. Privacidad desde el diseño: la divulgación selectiva será preferida frente a la entrega completa de expedientes.
11. Prohibición de puntuación estatal de personas: no existirán índices generales de obediencia, reputación política, virtud oficial o valor personal.
12. No adoctrinamiento digital: los sistemas públicos no impondrán categorías ideológicas contrarias a la Constitución.
13. Soberanía operativa: Venezuela conservará control de decisiones, datos críticos, claves institucionales y continuidad.
14. Neutralidad tecnológica: la Constitución no impondrá marcas, cadenas, modelos o protocolos concretos.
15. Interoperabilidad y portabilidad: la República podrá sustituir proveedores y las personas trasladar sus datos conforme a la ley.
16. Responsabilidad del proveedor: contratar tecnología no transferirá al contratista el poder público ni eliminará la responsabilidad institucional.
17. Libertad de innovación: las personas podrán crear y utilizar tecnologías lícitas sin permiso político.
18. Protección de la vida y la familia: la innovación no justificará daño al inocente, manipulación de menores o alteración ideológica de las categorías humanas reconocidas por la Carta.
19. Equivalencia no digital: nadie perderá derechos por carecer de dispositivos, biometría, conexión o destreza tecnológica.
20. Continuidad nacional: toda función esencial tendrá recuperación, operación degradada y salida frente a dependencias críticas.
I. Naturaleza, alcance y distribución de competencias
1. Infraestructura transversal
La tecnología será una infraestructura al servicio de autoridades ya creadas. No formará un poder constitucional separado ni una jurisdicción sobre todas las actividades nacionales.
Cada institución conservará responsabilidad sobre sus propios actos, datos, sistemas y proveedores.
2. Materias comprendidas
Este Libro comprende:
1. Identidad y credenciales digitales.
2. Gobierno, custodia y circulación de datos.
3. Inteligencia artificial y sistemas automatizados.
4. Criptografía y registros distribuidos.
5. Documentos, firmas y evidencia electrónica.
6. Servicios públicos y justicia digitales.
7. Infraestructura financiera tecnológica en coordinación con el Libro IX.
8. Ciberseguridad civil e infraestructuras críticas en coordinación con el Libro VIII.
9. Contratación, estándares y soberanía tecnológica.
10. Experimentación, investigación y transición digital.
3. Competencias conservadas
Este Libro no transferirá:
1. Identidad, nacionalidad o ciudadanía fuera de las autoridades del Libro II.
2. Dirección ejecutiva fuera del Presidente y el Gobierno.
3. Legislación fuera del Congreso.
4. Justicia fuera de tribunales, jurados y mecanismos reconocidos por el Libro V.
5. Investigación, auditoría o regulación fuera de sus autoridades competentes.
6. Defensa, policía e inteligencia fuera del Libro VIII.
7. Hacienda, moneda, contratación y regulación financiera fuera del Libro IX.
4. Función técnica común
La ley podrá establecer servicios compartidos de identidad técnica, interoperabilidad, nube, comunicaciones, certificación, ciberseguridad y recuperación.
El servicio común ejecutará estándares y operaciones; no decidirá el contenido jurídico de los registros ni gobernará a las instituciones usuarias.
5. Prohibición de gobierno por plataforma
Ningún portal, identidad digital, superaplicación, billetera, sistema de pagos o registro nacional condicionará de manera acumulativa la posibilidad de trabajar, viajar, contratar, recibir justicia, practicar una religión o acceder a servicios esenciales.
La suspensión de una función no se propagará automáticamente a otras sin competencia, causa y procedimiento propios.
II. Derechos de la persona en el entorno digital
1. Autodeterminación informativa
Toda persona tendrá derecho a conocer qué datos conserva una autoridad sobre ella, de dónde proceden, para qué se utilizan, con quién se comparten y durante cuánto tiempo se conservarán.
Podrá obtener copia, solicitar corrección, impugnar usos incompatibles y exigir decisión motivada.
2. Acceso y explicación
Cuando una actuación tecnológica produzca un efecto jurídico material, la persona tendrá acceso suficiente a:
1. La norma aplicada.
2. Los datos determinantes.
3. La lógica relevante de la operación.
4. La autoridad responsable.
5. Los mecanismos de revisión.
El secreto comercial no ocultará la base de una decisión pública ni impedirá una defensa efectiva.
3. Corrección y supresión limitada
Los errores materiales se corregirán mediante procedimiento sencillo. Las controversias sobre estado civil, ciudadanía, propiedad, antecedentes o derechos requerirán decisión de la autoridad competente y revisión judicial.
La persona podrá exigir supresión cuando la información carezca de finalidad legítima, haya vencido su plazo o haya sido obtenida ilícitamente. No se borrarán archivos, obligaciones, evidencia o antecedentes cuya conservación sea exigida por justicia, memoria institucional, seguridad o derechos de terceros.
4. Portabilidad
La persona podrá recibir sus datos en formato utilizable y autorizar su traslado entre proveedores cuando ello no perjudique secretos de terceros, investigaciones o seguridad.
La portabilidad no permitirá alterar un registro oficial ni presentar como pública una credencial que carezca de emisor válido.
5. Seguridad y notificación
La persona será informada de una violación de seguridad cuando exista riesgo material para su identidad, patrimonio, intimidad o derechos, salvo demora temporal autorizada para contener un daño mayor.
La notificación identificará naturaleza del incidente, información comprometida, medidas adoptadas y medios de protección.
6. No manipulación
Ninguna autoridad utilizará interfaces engañosas, adicción deliberada, información oculta o personalización clandestina para obtener consentimiento, modificar opiniones políticas o inducir renuncia de derechos.
7. No perfil ideológico
El Estado no construirá perfiles generales de religión, opinión, relaciones, consumo, desplazamiento o conducta para determinar obediencia, confiabilidad política o acceso ordinario a derechos civiles.
La investigación individual de un delito o incompatibilidad seguirá su propio fundamento, necesidad y control.
8. Tutela
Los derechos digitales podrán reclamarse ante la institución responsable, la Defensoría de la Persona y los tribunales.
La autoridad de protección de datos, si la ley la establece dentro del régimen del Libro VI, no juzgará delitos, administrará registros ajenos ni censurará contenidos lícitos.
III. Identidad digital, estado civil y verdad registral
1. Identidad jurídica única
Cada persona tendrá una identidad jurídica única conforme al Libro II. La identidad digital será el medio para acreditarla o demostrar atributos; no creará por sí misma personalidad, nacionalidad, ciudadanía, matrimonio, filiación o elegibilidad.
2. Sexo como dato objetivo
Para efectos del estado civil, el sexo será un dato biológico y no una identidad subjetivamente elegida.
No podrá modificarse mediante mera declaración, identidad autopercibida, preferencia administrativa, tratamiento corporal o instrucción extranjera. Solamente se corregirá un error registral material mediante evidencia suficiente y decisión de la autoridad competente.
Las condiciones biológicas atípicas se resolverán individualmente mediante evidencia médica y jurídica, protección de la intimidad y revisión, sin crear un derecho general de autodeterminación subjetiva del sexo.
3. Nombre y demás datos
El nombre, fecha, lugar, filiación, nacionalidad, matrimonio, residencia y demás datos se regirán por la ley civil y las decisiones competentes.
La plataforma no inventará categorías ni alterará consecuencias jurídicas. Una modificación válida conservará trazabilidad de fuente, autoridad, fecha, fundamento y versión anterior.
4. Categorías constitucionales
Los sistemas públicos representarán las categorías de persona, hombre, mujer, matrimonio y familia establecidas por la Carta y la Constitución.
No incorporarán categorías ideológicas destinadas a sustituirlas, imponer lenguaje obligatorio o producir privilegios, cuotas, sanciones o presunciones basadas en identidad subjetiva.
5. Ausencia de identidad única total
Una identidad jurídica única no exigirá una base de datos única. Los registros civiles, sanitarios, tributarios, judiciales, patrimoniales, militares, educativos y religiosos permanecerán separados.
El intercambio se limitará al atributo necesario y no revelará el expediente de origen cuando una credencial verificable resulte suficiente.
6. Acceso de la persona
Cada persona podrá consultar sus datos registrales, credenciales vigentes, historial de accesos y solicitudes pendientes.
Las reservas protegerán adopción, menores, investigaciones, testigos, seguridad y terceros, sin impedir tutela judicial.
7. Diáspora y presencia remota
Los venezolanos fuera del territorio podrán acreditar identidad, nacionalidad y atributos mediante consulados, oficinas autorizadas y procedimientos remotos seguros.
La distancia no reducirá el rigor de la prueba ni justificará vigilancia extranjera sobre los participantes.
IV. Credenciales: emisión, corrección, suspensión, revocación y recuperación
1. Naturaleza
Una credencial digital será una certificación verificable de uno o varios atributos emitida por autoridad o entidad habilitada.
Podrá acreditar, entre otros, nacionalidad, residencia, ciudadanía, licencia, formación, servicio, representación, autorización profesional o cargo.
2. Emisión
Toda credencial identificará emisor, titular, atributos, fundamento, alcance, fecha, vigencia, mecanismo de verificación y causas de terminación.
El emisor responderá por verificación razonable y seguridad de sus claves.
3. Corrección
La corrección reparará un dato material inexacto o incorporará una decisión válida. No transformará una afirmación subjetiva en hecho jurídico ni permitirá reescribir retrospectivamente el expediente.
El registro conservará la versión sustituida bajo acceso restringido para demostrar integridad y resolver responsabilidades.
4. Actualización y renovación
La actualización incorporará hechos nuevos verificables, como cambio de residencia, matrimonio, formación, servicio, nombramiento o recuperación de una condición.
La renovación verificará vigencia y seguridad; no impondrá requisitos creados después de adquirido un derecho salvo régimen transitorio constitucional.
5. Suspensión
La suspensión bloqueará temporalmente el uso de una credencial cuando exista:
1. Robo o pérdida de claves.
2. Suplantación probable.
3. Compromiso técnico.
4. Orden judicial.
5. Investigación formal de fraude con riesgo inmediato.
6. Suspensión legal del atributo acreditado.
La medida tendrá causa, alcance, plazo, notificación y revisión. No extinguirá la identidad civil ni otras credenciales no relacionadas.
6. Revocación
La revocación invalidará una credencial falsa, duplicada, sustituida, vencida, comprometida o emitida sin competencia. También reflejará la pérdida válida del atributo que certificaba.
No borrará la existencia de la persona, transmitirá culpabilidad ni producirá automáticamente pérdida de nacionalidad, patrimonio o derechos ajenos al atributo.
7. Recuperación
La persona contará con procedimientos seguros para recuperar acceso después de pérdida de dispositivo, claves o capacidad ordinaria de autenticación.
La recuperación utilizará varios factores y controles contra apropiación por familiares, funcionarios, proveedores o atacantes.
8. Prueba criptográfica selectiva
Las credenciales podrán utilizar pruebas criptográficas, incluidas pruebas de conocimiento cero, para demostrar edad, vigencia, habilitación u otro atributo sin revelar datos innecesarios.
La Constitución no impondrá una técnica concreta ni presumirá infalible una prueba matemática cuyo dato de origen pueda ser falso.
9. Revisión humana
Ningún algoritmo decidirá por sí solo emitir, suspender o revocar identidad, nacionalidad, ciudadanía o elegibilidad.
Las operaciones automáticas de seguridad serán temporales y deberán escalarse a una autoridad capaz de restituir acceso y reparar errores.
V. Gobierno, custodia y circulación de datos
1. Datos personales
Los datos personales estarán protegidos por intimidad, dignidad, libertad y autodeterminación informativa. No serán propiedad irrestricta del Estado, del recolector ni de una plataforma.
La persona conservará derechos sobre su uso aun cuando haya consentido un tratamiento, sin perjuicio de obligaciones legales y derechos de terceros.
2. Custodia pública
La institución que conserve datos actuará como custodio responsable. Deberá demostrar finalidad, base jurídica, calidad, seguridad, plazo y control de acceso.
No comercializará expedientes ni los entregará para propaganda, perfil político, persecución religiosa o ventaja económica privada.
3. Consentimiento y otras bases
El consentimiento será libre, informado, específico, demostrable y revocable cuando constituya la base del tratamiento.
La ley podrá autorizar tratamiento necesario para identidad, justicia, seguridad, tributos, contratos, salud pública definida u otra función constitucional. La autoridad no utilizará la palabra consentimiento para encubrir una entrega obligatoria.
4. Datos de menores
Los datos de menores recibirán protección reforzada. No se utilizarán para publicidad conductual, perfil ideológico, sexualización, manipulación o decisiones ocultas a los padres fuera de una causa legal de protección.
La intervención pública ante abuso o peligro grave seguirá debido proceso y no convertirá toda relación educativa o sanitaria en secreto frente a la familia.
5. Datos sensibles
La biometría, salud, religión, filiación, antecedentes, ubicación precisa, comunicaciones y datos financieros requerirán protección proporcional y separación por finalidad.
Su carácter sensible no impedirá el uso legítimo con garantías; impedirá que la conveniencia administrativa sustituya necesidad y control.
6. Transferencias nacionales
Una transferencia entre instituciones identificará emisor, receptor, dato, finalidad, fundamento, plazo y uso autorizado.
El receptor no reutilizará la información para una finalidad incompatible sin nueva competencia.
7. Transferencias internacionales
Los datos personales o públicos sensibles no se transferirán al exterior automáticamente por tratado, clasificación, solicitud administrativa o instrucción de una organización internacional.
La transferencia requerirá base constitucional, finalidad legítima, necesidad, garantías de uso, seguridad, reciprocidad cuando corresponda, registro y remedio. Los datos críticos podrán exigir copia soberana, procesamiento bajo control venezolano o prohibición de control extranjero exclusivo.
8. Proveedores privados
La contratación de almacenamiento, análisis o comunicación no convertirá al proveedor en propietario ni le permitirá reutilizar los datos para entrenar modelos, publicidad o productos propios sin autorización legal y contractual expresa.
La República conservará capacidad de inspección, extracción, migración, suspensión y destrucción verificable al terminar el contrato.
9. Plazos y destrucción
Cada categoría tendrá plazo de conservación o criterio de revisión. La destrucción será segura, documentada y suspendida cuando exista litigio, investigación, archivo histórico o deber de preservación.
10. Responsabilidad
La recolección excesiva, consulta indebida, venta, filtración culpable, alteración, ocultamiento o uso político producirán reparación, disciplina y, cuando corresponda, responsabilidad penal.
VI. Clasificación, publicidad y archivos digitales
1. Categorías
La información pública se clasificará como:
1. Abierta por mandato constitucional.
2. Pública previa solicitud.
3. De acceso controlado por contener datos personales o secretos legítimos.
4. Reservada temporalmente por seguridad, investigación o negociación autorizada.
5. Histórica sujeta a apertura progresiva.
No existirán categorías secretas creadas por un proveedor o algoritmo.
2. Publicidad obligatoria
Serán abiertos, con las reservas personales estrictamente necesarias, las leyes, presupuestos, contratos, deuda, beneficiarios finales, decisiones generales, nombramientos, estadísticas, estándares tecnológicos, auditorías y resultados.
La publicación utilizará formatos reutilizables, firmas verificables, metodología y versiones.
3. Clasificación temporal
Toda reserva identificará autoridad, causa, alcance, fecha, periodo y condición de revisión.
La clasificación no ocultará corrupción, violaciones de derechos, cuentas, beneficiarios, incompetencia o evidencia necesaria para la defensa de una persona.
4. Acceso por función
Los funcionarios accederán solamente a la información necesaria para sus deberes. Cada consulta sensible dejará registro y podrá ser conocida por el titular cuando no exista reserva válida.
El rango jerárquico no producirá acceso general.
5. Archivo e historia
Los archivos digitales pertenecerán a la República y conservarán autenticidad, contexto, cadena de custodia, formato y posibilidad de lectura futura.
La migración tecnológica no eliminará evidencia ni permitirá que una empresa mantenga cautiva la memoria nacional.
6. Datos estadísticos
La República podrá publicar estadísticas y datos anonimizados cuando el riesgo de reidentificación resulte razonablemente controlado.
La anonimización aparente no justificará liberar combinaciones que permitan reconstruir hogares, salud, religión, finanzas o desplazamientos.
VII. Interoperabilidad, separación y arquitectura de datos
1. Interoperabilidad por atributos
Las instituciones intercambiarán preferentemente afirmaciones mínimas verificables —vigencia, mayoría de edad, residencia o habilitación— en lugar de expedientes completos.
Cada intercambio conservará fuente, finalidad, consentimiento cuando proceda y registro.
2. Separación de dominios
Identidad, ciudadanía, justicia, defensa, policía, inteligencia, salud, educación, tributos, propiedad, armas, religión y finanzas constituirán dominios separados.
No se integrarán en un perfil nacional único, lago general de datos o gemelo digital de cada habitante.
3. Identificadores
La República podrá utilizar identificadores técnicos distintos por dominio y mecanismos de correspondencia protegidos.
El número civil no circulará como clave universal cuando una credencial o identificador sectorial reduzca el riesgo.
4. Autoridad sobre el dato
Cada dato oficial tendrá una fuente maestra jurídicamente competente. Que otra institución pueda consultarlo no le permitirá modificarlo.
Los desacuerdos entre registros se resolverán mediante reglas de precedencia, conciliación y revisión, no mediante sobrescritura automática.
5. Estándares semánticos
Los sistemas definirán de manera pública el significado jurídico de campos, estados y eventos.
Una etiqueta técnica no creará una categoría civil, política o penal inexistente en la Constitución o la ley.
6. Acceso federado
Estados y municipios podrán operar sistemas propios compatibles con estándares nacionales. La interoperabilidad no transferirá su competencia ni permitirá intervención nacional encubierta.
7. Registro de intercambio
Las transferencias sensibles producirán comprobantes consultables por órganos de control y, cuando resulte seguro, por la persona afectada.
VIII. Biometría, sensores y vigilancia
1. Uso auxiliar
La biometría podrá utilizarse para comprobar identidad, impedir duplicidad o proteger accesos de riesgo. No será infalible, obligatoria en todo servicio ni la única forma de identificación.
2. Condiciones
Todo sistema biométrico requerirá finalidad precisa, necesidad, prueba de exactitud, evaluación demográfica pertinente, cifrado, separación, plazo y alternativa razonable.
La plantilla biométrica no se almacenará en redes públicas irreversibles.
3. Reconocimiento remoto
El reconocimiento facial, de voz, movimiento u otras características en espacios públicos no se utilizará de manera general, permanente o indiscriminada.
Su uso individualizado para buscar una persona, proteger una instalación crítica o responder a peligro concreto requerirá base legal, límites, registro y control proporcional.
4. Sensores públicos
Las cámaras, lectores, drones y sensores identificarán autoridad, finalidad, área, conservación y acceso. No se instalarán secretamente para observar actividad política, religiosa o familiar lícita.
5. Prohibiciones
Estarán prohibidos:
1. Vigilancia biométrica masiva sin causa individual o peligro definido.
2. Seguimiento general de desplazamientos lícitos.
3. Emoción o intención inferida como prueba de culpabilidad.
4. Clasificación racial, religiosa, política o moral de la población.
5. Biometría obligatoria como condición única para justicia, educación, trabajo o servicios esenciales.
6. Cesión comercial no autorizada de plantillas.
6. Investigación legítima
La investigación de delitos, amenazas y operaciones extranjeras podrá utilizar medios técnicos conforme a los Libros V y VIII.
La capacidad técnica no sustituirá orden, competencia, minimización, cadena de custodia ni revisión.
IX. Inteligencia artificial y sistemas automatizados
1. Instrumento auxiliar
La inteligencia artificial podrá asistir en clasificación, búsqueda, traducción, detección de anomalías, simulación, mantenimiento, análisis técnico y preparación de opciones.
No tendrá personalidad jurídica pública, competencia propia, autoridad moral ni capacidad para asumir un deber constitucional.
2. Clasificación por riesgo
Los sistemas públicos se clasificarán, como mínimo, en:
1. Auxiliares: no producen efectos jurídicos ni condicionan decisiones individuales.
2. Administrativos: ordenan información o ejecutan reglas objetivas bajo revisión ordinaria.
3. Consecuenciales: influyen materialmente en derechos, obligaciones, empleo público, beneficios, tributos, licencias o inspecciones.
4. Críticos: intervienen en justicia, policía, inteligencia, defensa, ciudadanía, infraestructura esencial, salud o seguridad física.
5. Prohibidos: realizan funciones incompatibles con la dignidad, la responsabilidad individual o la distribución constitucional del poder.
La clasificación atenderá al efecto real y no al nombre comercial asignado por el proveedor.
3. Inventario público
Cada institución mantendrá un inventario de sus sistemas automatizados. Para los sistemas consecuenciales o críticos publicará, salvo información cuya reserva sea indispensable:
1. Finalidad y base jurídica.
2. Autoridad responsable.
3. Proveedor y beneficiarios finales relevantes.
4. Tipo de datos y fuentes utilizadas.
5. Función del sistema dentro de la decisión.
6. Riesgos identificados y controles aplicados.
7. Fecha de puesta en servicio y revisiones.
8. Canal de explicación, corrección e impugnación.
4. Evaluación previa
Antes de utilizar un sistema consecuencial o crítico se realizará una evaluación documentada de necesidad, proporcionalidad, exactitud, seguridad, privacidad, posibilidad de error, dependencia, efectos sobre derechos y alternativas menos invasivas.
La evaluación distinguirá entre rendimiento promedio y consecuencias de errores concretos. No bastará que una herramienta funcione estadísticamente si sus fallas pueden privar injustamente a una persona de libertad, propiedad, identidad o acceso a la justicia.
5. Datos y procedencia
La institución deberá conocer la procedencia, calidad, pertinencia y límites jurídicos de los datos utilizados para desarrollar, ajustar o operar un modelo.
No se entrenará ni mejorará un sistema con expedientes públicos reservados, comunicaciones privadas o datos de menores sin habilitación expresa, necesidad comprobada y protección suficiente.
Los datos sintéticos, inferidos o adquiridos de terceros serán identificados como tales y no adquirirán carácter oficial por su mera incorporación al sistema.
6. Validación y seguridad
Los sistemas consecuenciales o críticos serán sometidos a pruebas independientes de exactitud, robustez, ciberseguridad, manipulación, suplantación, degradación, alucinación, fuga de datos y comportamiento fuera de las condiciones previstas.
La aprobación inicial no sustituirá vigilancia continua. Todo cambio sustancial de modelo, datos, finalidad o proveedor exigirá nueva evaluación.
7. Supervisión humana efectiva
La revisión humana será real y no ceremonial. La persona responsable deberá disponer de tiempo, competencia, información y autoridad para disentir, detener o corregir la recomendación técnica. La ley desarrollará niveles I–IV de supervisión según riesgo: I reglado, reversible y trazable; II supervisión continua y alertas; III propuesta automatizada y acto humano expreso informado ante efectos individuales materiales; IV dirección y decisión humanas en reservas soberanas. Clasificación, responsable, fuente legal, prueba, registro, monitorización, parada y recurso serán exigibles; el nivel I no deroga las decisiones humanas reservadas.
Ningún funcionario podrá justificar un acto ilícito alegando que el sistema lo recomendó, que el resultado era automático o que desconocía su funcionamiento básico.
8. Registro y reproducibilidad
Toda intervención automatizada material conservará versión, datos determinantes, parámetros pertinentes, salida, intervención humana y decisión final durante el plazo necesario para auditoría y defensa.
Cuando la reproducción exacta sea técnicamente imposible, se conservará evidencia suficiente para reconstruir razonablemente el proceso y evaluar su legalidad.
9. Explicación e impugnación
La persona afectada por una actuación consecuencial tendrá derecho a una explicación comprensible del papel del sistema, a corregir los datos de entrada, a presentar evidencia contraria y a obtener revisión humana por una autoridad distinta cuando la ley lo disponga.
Una explicación genérica del proveedor o la invocación de secreto industrial no satisfará este deber.
10. Responsabilidad
La responsabilidad se distribuirá según competencia, diseño, contratación, operación, supervisión y conocimiento.
La institución responderá por el ejercicio del poder público; el proveedor responderá por engaño, defectos, incumplimiento, vulnerabilidades ocultadas o usos de datos no autorizados; el funcionario responderá por su decisión culpable. Ningún contrato eliminará estas responsabilidades.
X. Prohibiciones materiales y defensa frente a la captura ideológica
1. Decisiones finales reservadas a personas
Ningún sistema automatizado adoptará por sí solo la decisión final sobre:
1. Culpabilidad, pena, prisión, registro domiciliario o medida coercitiva.
2. Nacionalidad, ciudadanía, estado civil u honorabilidad.
3. Elegibilidad, nombramiento, remoción o sanción de una autoridad.
4. Privación o transferencia forzosa de propiedad.
5. Separación de un menor de su familia o intervención sobre su integridad corporal.
6. Autorización del uso letal de la fuerza.
7. Prohibición de una organización, censura de una persona o restricción de conciencia.
8. Cualquier otro acto que la Constitución reserve al juicio personal de una autoridad.
La automatización podrá comprobar reglas objetivas y preparar información, pero la decisión conservará autor identificable, motivación propia y revisión.
2. Sistemas prohibidos
No podrán desarrollarse, adquirirse ni utilizarse por la República sistemas destinados a:
1. Asignar puntuaciones generales, ideológicas, religiosas, familiares o morales de aplicación general.
2. Medir obediencia política o condicionar derechos a adhesión doctrinal.
3. Predecir culpabilidad individual a partir de vecindario, parentesco, raza, religión, opinión o asociaciones lícitas.
4. Inferir mentira, peligrosidad o culpa exclusivamente mediante emociones, gestos, rostro, voz o características corporales.
5. Manipular subliminalmente a la población o explotar deliberadamente la inmadurez de menores.
6. Crear expedientes integrales de la vida de una persona sin causa individual y finalidad legal.
7. Ejecutar vigilancia indiscriminada de comunicaciones, movimientos o relaciones.
8. Suplantar secretamente a una autoridad humana en comunicaciones oficiales.
9. Aplicar cuotas o preferencias identitarias prohibidas por la Carta.
10. Alterar, ocultar o fabricar evidencia, registros o decisiones públicas.
3. Categorías constitucionales
Los sistemas públicos utilizarán las categorías de persona, sexo, matrimonio, familia, nacionalidad, ciudadanía y residencia definidas por la Constitución y la ley.
No incorporarán como estado civil obligatorio la autoidentificación de género, el sexo autopercibido, identidades fluidas o categorías equivalentes que contradigan la realidad biológica y el régimen familiar de la República.
Tampoco exigirán lenguaje ideológico, declaraciones de privilegio o culpa colectiva, cuotas de resultado, adhesión a teorías identitarias ni aceptación de doctrinas políticas como condición para estudiar, trabajar, contratar, investigar o recibir un servicio público.
4. Prohibición de doctrina oficial de facción
El Estado no financiará, impondrá ni integrará en sus sistemas una doctrina fundada en lucha de clases, antagonismo racial, culpabilidad hereditaria, deconstrucción de la familia, negación del sexo biológico o subordinación de la persona a colectivos identitarios.
La prohibición alcanzará políticas, formularios, modelos, taxonomías, indicadores, programas de formación, contratación y condiciones impuestas a terceros.
5. Conciencia y responsabilidad individual
Estas reglas limitarán el poder público y las conductas jurídicamente regulables; no autorizarán una policía del pensamiento.
La opinión privada, el estudio, la crítica, el debate académico y la expresión política continuarán sometidos al régimen de libertades y responsabilidades de la Carta, la Memoria Fundacional y la Constitución. Ninguna etiqueta como «izquierda», «progresista» o «conservador» sustituirá la prueba de una conducta ilícita.
6. Contratistas y cooperación exterior
Ningún proveedor, universidad, fundación, organismo internacional o gobierno extranjero podrá imponer directa o indirectamente categorías, métricas, filtros o condiciones contrarias a este Libro mediante licencias, financiamiento, asistencia, estándares o acceso a mercados.
Toda cooperación será revisable, transparente y subordinada a la Constitución venezolana.
XI. Reglas sectoriales para sistemas automatizados
1. Administración ejecutiva
El Gobierno podrá automatizar trámites, conciliaciones, alertas, mantenimiento, compras y análisis. Las reglas decisorias serán públicas cuando produzcan efectos individuales y no podrán modificarse retroactivamente.
2. Congreso
Las herramientas legislativas podrán ordenar antecedentes, comparar textos, estimar impactos y detectar contradicciones. No redactarán secretamente normas vinculantes ni sustituirán deliberación, votación, autoría y publicidad parlamentarias.
Todo contenido generado o transformado materialmente por sistemas automatizados será identificado en el expediente legislativo.
3. Justicia
Los tribunales podrán utilizar herramientas de búsqueda, transcripción, traducción, gestión y detección de inconsistencias.
La valoración de prueba, determinación de hechos, interpretación decisiva, culpabilidad, pena y sentencia pertenecerán al juez o jurado competente. Ningún puntaje algorítmico de reincidencia, personalidad o peligrosidad sustituirá la prueba individual.
4. Ciudadanía, honorabilidad y servicio público
Los sistemas podrán verificar documentos, plazos, incompatibilidades y requisitos objetivos. No determinarán automáticamente fe, honorabilidad, mérito moral, liderazgo, lealtad constitucional o idoneidad integral.
Toda alerta será tratada como indicio sujeto a comprobación, contradicción y decisión humana.
5. Policía e inteligencia
La analítica podrá relacionar evidencia, detectar patrones y priorizar recursos bajo las reglas del Libro VIII.
No existirán arrestos, investigaciones intrusivas o expedientes secretos fundados únicamente en predicción algorítmica, opinión política, culto, parentesco o actividad lícita.
6. Defensa
Los sistemas militares podrán apoyar vigilancia territorial, logística, navegación, defensa cibernética y protección de fuerzas.
La selección y ataque de objetivos conservarán mando humano identificable conforme al Libro VIII. La República no delegará a un sistema autónomo la decisión final de emplear fuerza letal contra personas.
7. Hacienda y regulación
La detección automatizada de fraude, evasión, lavado, colusión o riesgo producirá alertas y prioridades, no culpabilidad ni sanción automática.
La persona tendrá acceso a los datos determinantes y al procedimiento de revisión compatible con la protección de investigaciones legítimas.
8. Salud, educación e infancia
La tecnología podrá apoyar diagnóstico, administración, accesibilidad y aprendizaje, pero no sustituirá consentimiento informado, criterio profesional ni autoridad parental legítima.
No se utilizará para perfilar ideológicamente a niños, ocultar información sustancial a sus padres, sexualizarlos, inducir alteraciones de sus características sexuales o convertirlos en sujetos de experimentación política o comercial.
9. Infraestructura crítica
Los sistemas que controlen energía, agua, comunicaciones, transporte, salud, finanzas o defensa tendrán operación manual o degradada, límites de seguridad, pruebas de fallo y capacidad nacional de recuperación.
XII. Criptografía, registros distribuidos y certificación
Este capítulo se aplica conjuntamente con el desarrollo del Sistema Nacional de Integridad Registral y Trazabilidad Pública del Libro I, capítulo XII, apartados 8.1 a 8.9. Dicho desarrollo precisa alcance, controles, rectificación, aplicaciones sectoriales e inventario de apertura sin crear una autoridad adicional ni sustituir las garantías de este Libro.
1. Función jurídica
La criptografía podrá acreditar autoría, integridad, fecha, secuencia, posesión de una clave o verificación de un atributo.
No probará por sí misma la verdad del dato inicial, la legalidad del acto, la identidad material del usuario ni la competencia del emisor.
2. Neutralidad de arquitectura
La República podrá utilizar bases convencionales, registros distribuidos, cadenas de bloques, árboles de transparencia u otras arquitecturas según finalidad, seguridad, costo, rendimiento, gobierno y posibilidad de corrección.
No se impondrá una cadena de bloques cuando una base firmada, replicada y auditable resulte más segura o eficiente.
3. Datos personales
Los datos personales, secretos, biométricos o judiciales no se publicarán en cadenas irreversibles.
Cuando resulte útil, la red conservará huellas criptográficas, sellos temporales o comprobantes cuya revelación no permita reconstruir el contenido protegido.
4. Divulgación selectiva
Las credenciales podrán permitir demostrar un atributo sin revelar el expediente completo. Las pruebas de conocimiento cero y técnicas equivalentes serán admisibles cuando sean auditables, interoperables y exista alternativa razonable.
Nadie estará obligado a aceptar una implementación opaca por el solo hecho de utilizar criptografía avanzada.
5. Gobierno del registro
Todo registro público distribuido definirá:
1. Autoridades que escriben, validan y observan.
2. Reglas de consenso y corrección.
3. Custodia, rotación y recuperación de claves.
4. Tratamiento de errores, fraude y órdenes judiciales.
5. Actualizaciones y bifurcaciones.
6. Origen de datos externos u oráculos.
7. Continuidad y salida tecnológica.
6. Inmutabilidad compatible con la justicia
La inmutabilidad significará que una modificación no pueda ocultarse, no que un error deba permanecer vigente.
La corrección se realizará mediante asiento posterior enlazado, conservando autor, causa, fecha y decisión. Los terceros consultarán el estado jurídico vigente sin perder la historia necesaria para auditoría.
7. Criptografía nacional
Las claves soberanas de identidad, justicia, defensa, hacienda y certificación permanecerán bajo control institucional venezolano, con separación de funciones, módulos seguros, copias de recuperación y procedimientos contra apropiación personal.
Los algoritmos y longitudes de clave serán revisados periódicamente y tendrán planes de migración ante vulnerabilidades o avances criptográficos.
XIII. Documentos, firmas y evidencia electrónica
1. Equivalencia funcional
La ley reconocerá eficacia a documentos, firmas, sellos, notificaciones y expedientes electrónicos cuando permitan identificar autor, contenido, fecha, integridad y voluntad conforme al riesgo del acto.
No todo acto requerirá el mismo nivel de firma ni toda firma digital producirá por sí sola el mismo efecto jurídico.
2. Niveles de autenticación
Los mecanismos se graduarán según consecuencia, desde confirmación simple hasta firma cualificada, presencia, múltiples factores o autorización colegiada.
La República evitará imponer credenciales de máxima intrusión a operaciones de riesgo ordinario.
3. Recibos verificables
Toda presentación, pago, consentimiento, notificación o modificación oficial producirá un comprobante verificable con fecha, autoridad, contenido esencial y medio de impugnación.
La falta de disponibilidad del portal no perjudicará a quien pueda acreditar intento oportuno por un medio autorizado.
4. Conservación
Los archivos electrónicos mantendrán formatos duraderos, migración, metadatos, sellos temporales, control de versiones y copias geográficamente separadas.
La obsolescencia de un formato o proveedor no extinguirá derechos ni destruirá memoria pública.
5. Evidencia digital
La evidencia digital estará sujeta a autenticidad, integridad, cadena de custodia, contexto, reproducibilidad razonable y contradicción.
Una captura de pantalla, salida algorítmica, registro de proveedor o contenido generado artificialmente será valorado según su origen y posibilidad de manipulación, no por apariencia técnica.
6. Contenido sintético
Las instituciones identificarán los contenidos oficiales creados o alterados materialmente mediante inteligencia artificial.
Los sistemas de procedencia, firmas y marcas de autenticidad podrán utilizarse para distinguir comunicaciones oficiales, sin convertir la ausencia de una marca en presunción automática de falsedad.
XIV. Administración pública digital
1. Servicio y no subordinación
La administración digital reducirá tiempo, costo, discrecionalidad y contacto innecesario. No convertirá al habitante en usuario cautivo de una plataforma estatal.
2. Catálogo y ventanilla
Cada autoridad publicará trámites, requisitos, costo, plazo, responsable, fundamento y recurso. Una ventanilla común podrá orientar y transmitir solicitudes sin absorber competencias.
3. Principio de una sola entrega
Ninguna autoridad exigirá reiteradamente un documento público vigente que pueda verificar legítimamente mediante una consulta mínima.
La consulta requerirá competencia y registro; el principio no justificará una base central de todos los documentos.
4. Automatización de reglas objetivas
Podrán automatizarse inscripciones, cálculos, vencimientos y verificaciones cuando la regla sea pública y no requiera juicio discrecional.
La persona podrá solicitar revisión ante error de datos, excepción legal o resultado imposible.
5. Notificaciones
La persona escogerá entre medios autorizados y podrá modificar su preferencia. Una notificación de consecuencias graves exigirá confirmación suficiente y alternativa cuando exista riesgo de exclusión digital.
6. Pagos públicos
Los pagos al Estado admitirán medios lícitos interoperables conforme al Libro IX. Ninguna billetera estatal será obligatoria ni se programará el dinero para controlar opiniones, compras lícitas o desplazamientos.
7. Reglas y código
Las reglas administrativas serán públicas antes de aplicarse. El código no podrá introducir condiciones inexistentes en la ley ni sustituir el texto jurídico.
Cuando un sistema ejecute reglas vinculantes, existirán documentación, pruebas y acceso suficiente para auditoría.
8. Calidad y continuidad
Los servicios publicarán niveles de disponibilidad, tiempos, errores y resolución. Toda función esencial tendrá procedimientos de contingencia, respaldo y atención no digital.
XV. Justicia, arbitraje y resolución digital de controversias
1. Expediente judicial digital
Los tribunales mantendrán expedientes electrónicos íntegros, ordenados, firmados y disponibles para las partes conforme al Libro V.
El sistema registrará presentación, acceso, modificación, notificación, audiencia y decisión. Ningún administrador técnico podrá alterar secretamente el expediente.
2. Acceso de las partes
Las partes podrán consultar actuaciones, presentar escritos, recibir comprobantes y obtener copias en formatos utilizables.
La reserva de una pieza deberá identificar autoridad, fundamento, alcance y plazo. La arquitectura técnica no creará secretos procesales adicionales.
3. Audiencias remotas
La comparecencia remota podrá utilizarse cuando preserve identidad, comunicación privada con la defensa, publicidad exigible, contradicción, inmediación y calidad suficiente.
No será impuesta cuando perjudique materialmente la defensa, valoración de la prueba o situación de una persona vulnerable.
4. Resolución en línea
La ley podrá establecer procedimientos digitales simplificados para controversias contractuales, comerciales o de menor cuantía.
El acuerdo, arbitraje o decisión conservará juez o árbitro humano, reglas conocidas, oportunidad de alegar, prueba, motivación y ejecución revisable. No existirán «tribunales de inteligencia artificial». Los medios privados digitales serán voluntarios, en materias disponibles, con consentimiento válido, información e imparcialidad y decisor humano si son vinculantes. La plataforma no tendrá jurisdicción soberana ni impondrá arbitraje a terceros; ejecución e impugnación corresponden a la Justicia nacional.
5. Arbitraje tecnológico
Las partes podrán pactar arbitraje y mecanismos técnicos de ejecución conforme al derecho aplicable. Una cláusula automática no impedirá revisar fraude, incapacidad, coacción, ilicitud o contradicción con normas imperativas.
El Derecho Común Jurisprudencial constituirá una de las fuentes generales de fondo dentro del sistema constitucional nacional. Las partes podrán escoger lícitamente ley aplicable, arbitraje o mecanismos técnicos en materias disponibles y con puntos de conexión válidos, sin que una plataforma, cadena o DICSD imponga por sí solo un sistema soberano separado.
6. Herramientas de defensa
Abogados, peritos y partes podrán utilizar legaltech para organizar evidencia y preparar argumentos. Deberán verificar su contenido y proteger el secreto profesional.
Cuando una acusación o decisión se apoye materialmente en software, la defensa tendrá acceso a información suficiente para examinar datos, método, límites, versión y error, con medidas para proteger secretos legítimos sin anular la contradicción.
XVI. Tecnología financiera, pagos y activos digitales
1. Coordinación con el orden económico
La infraestructura financiera digital se regirá por la libertad monetaria, la propiedad, la competencia y la estabilidad establecidas en el Libro IX.
Este Libro regula sus condiciones tecnológicas; no crea un Banco Central, moneda de curso forzoso ni monopolio estatal de pagos.
2. Libertad transaccional
Las personas podrán utilizar dinero, activos digitales, redes de pago, contratos programables y servicios de custodia lícitos por acuerdo voluntario.
El Estado no obligará a contratar mediante una plataforma determinada ni impedirá la salida de capital legítimo mediante bloqueos ideológicos o administrativos.
3. Moneda digital estatal
La República no emitirá ni patrocinará una moneda digital estatal minorista que permita programar usos, vencimientos, ubicación, opiniones, reputación o acceso a bienes lícitos.
Tampoco creará mediante un intermediario, concesionario o sistema obligatorio el equivalente funcional de una moneda digital de control.
Los instrumentos digitales de tesorería o liquidación institucional, si la ley los autoriza, no serán moneda de curso forzoso, cuenta universal de población ni mecanismo de vigilancia comercial.
4. Competencia e interoperabilidad
Las redes privadas podrán competir en precio, velocidad, privacidad, garantía y modelo técnico. La interoperabilidad se exigirá solamente cuando sea necesaria para impedir abuso de una infraestructura dominante o proteger la salida del usuario.
5. Custodia y solvencia
Quien custodie activos ajenos separará patrimonios, revelará riesgos, mantendrá reservas o garantías exigibles y permitirá auditoría proporcional.
La tecnología no convertirá una deuda en depósito seguro ni eliminará responsabilidad por apropiación, pérdida culpable o publicidad engañosa.
6. Privacidad financiera
La prevención de fraude, lavado y financiamiento criminal se basará en riesgo, causa y deberes definidos. No justificará vigilancia total de todas las operaciones lícitas ni perfiles ideológicos de consumidores.
Las credenciales selectivas podrán demostrar requisitos sin revelar innecesariamente identidad completa, historial patrimonial o relaciones familiares.
7. Contratos programables
El código podrá ejecutar obligaciones, pero no sustituirá consentimiento, interpretación, defensa, fuerza mayor, ilicitud, error ni jurisdicción.
Cuando exista divergencia entre código y acuerdo jurídicamente válido, la autoridad competente podrá ordenar corrección, restitución o indemnización.
XVII. Ciberseguridad civil e infraestructuras críticas
1. Coordinación constitucional
La ciberdefensa militar, la inteligencia exterior, la investigación policial y la ciberseguridad civil conservarán las separaciones del Libro VIII.
La autoridad civil competente coordinará estándares, alertas e incidentes sin transformarse en servicio de inteligencia, policía política o administradora general de redes privadas.
2. Infraestructura crítica
La ley identificará por función y riesgo los sistemas cuya interrupción pueda causar daño grave a la vida, defensa, agua, energía, comunicaciones, transporte, salud, justicia, pagos o continuidad del Estado.
La designación será motivada, revisable y no se utilizará para nacionalizar empresas ni controlar contenidos.
3. Deberes proporcionados
Los operadores críticos deberán mantener, según su riesgo:
1. Gobierno de seguridad y responsables identificados.
2. Inventario de activos y dependencias.
3. Segmentación, cifrado y control de privilegios.
4. Copias protegidas y recuperación probada.
5. Gestión de vulnerabilidades y actualizaciones.
6. Monitoreo y conservación proporcional de registros.
7. Planes de crisis, comunicación y operación degradada.
8. Evaluaciones independientes y ejercicios.
9. Notificación oportuna de incidentes materiales.
10. Plan de continuidad frente a proveedores extranjeros.
4. Notificación de incidentes
La notificación protegerá a usuarios, coordinará respuesta y permitirá aprender. No será una confesión automática de responsabilidad ni autorizará publicación inmediata de detalles que agraven el ataque.
Las autoridades compartirán información depurada y rendirán cuenta pública posterior cuando la seguridad lo permita.
5. Acceso excepcional
Ninguna ley exigirá puertas traseras universales, claves maestras generales o debilitamiento deliberado de cifrado para toda la población.
El acceso individualizado a información protegida se regirá por orden, competencia, alcance, tiempo y control conforme a los Libros V y VIII.
6. Investigación de vulnerabilidades
La investigación de buena fe, divulgación responsable y pruebas autorizadas no serán tratadas como sabotaje por el solo hecho de revelar una falla.
Se establecerán canales de reporte, plazos razonables de corrección y protección frente a represalias, sin amparar extorsión, acceso destructivo o uso criminal.
7. Emergencia cibernética
Una emergencia cibernética será temporal, materialmente definida y sometida a control legislativo y judicial. No autorizará suspensión general de comunicaciones, censura política o incorporación indefinida de facultades extraordinarias.
8. Continuidad soberana
Los sistemas esenciales podrán operar de forma local, degradada o manual durante aislamiento, ataque, desastre o interrupción exterior.
La resiliencia soberana no significará aislamiento permanente: significará que ninguna sanción, licencia revocada, nube extranjera o proveedor único pueda paralizar las funciones esenciales de Venezuela.
XVIII. Soberanía tecnológica, proveedores y estándares abiertos
1. Concepto
La soberanía tecnológica consistirá en la capacidad de Venezuela para comprender, gobernar, asegurar, continuar, auditar y sustituir los sistemas de los cuales depende.
No exigirá fabricar nacionalmente cada componente ni rechazar cooperación extranjera útil.
2. Control de decisiones y claves
Las decisiones constitucionales, reglas operativas y claves de máxima confianza permanecerán bajo autoridad venezolana.
Un proveedor podrá administrar infraestructura dentro de un mandato limitado, pero no decidir ciudadanía, justicia, política pública, acceso soberano o continuidad nacional.
3. Estándares abiertos
La República preferirá protocolos documentados, formatos abiertos, interfaces interoperables y mecanismos verificables que permitan competencia, auditoría, preservación y migración.
La preferencia no será absoluta cuando una solución propietaria ofrezca ventajas comprobables de seguridad, rendimiento o costo y exista salida contractual suficiente.
4. Código auditable
El software que ejecute reglas públicas consecuenciales deberá ser auditable por órganos competentes y expertos independientes bajo condiciones compatibles con seguridad y propiedad intelectual.
El código abierto será preferido cuando reduzca dependencia y permita verificación, pero la publicidad del código no sustituirá pruebas, mantenimiento ni responsabilidad.
5. Dependencia y concentración
Las instituciones identificarán dependencias de nube, telecomunicaciones, chips, sistemas operativos, repositorios, certificados, actualizaciones, datos y personal especializado.
Los sistemas críticos evitarán proveedores únicos cuando la diversificación sea técnica y económicamente razonable.
6. Localización y jurisdicción
La localización de datos se determinará por sensibilidad, continuidad, amenaza y jurisdicción, no por una regla indiscriminada.
Los datos cuya pérdida de control comprometa soberanía, defensa, justicia, identidad o infraestructura crítica tendrán copias y administración suficientes bajo jurisdicción venezolana.
7. Portabilidad y salida
Todo contrato crítico definirá exportación de datos, formatos, documentación, transferencia de conocimiento, asistencia de migración, continuidad durante disputa y destrucción verificable de copias cuando proceda.
El proveedor no podrá retener información pública como garantía de pago ni inutilizar unilateralmente un servicio esencial.
8. Cadena de suministro
Los componentes críticos tendrán trazabilidad razonable, lista de materiales, firma de versiones, actualización segura y evaluación de riesgo de fabricantes, mantenedores y jurisdicciones.
La nacionalidad de un proveedor no sustituirá el examen técnico; la confianza se acreditará mediante control, conducta, transparencia y capacidad de respuesta.
XIX. Contratación y ciclo de vida tecnológico
1. Planeación
Antes de contratar, la institución definirá problema, resultado, usuarios, datos, integración, amenazas, alternativas, costo total y estrategia de salida.
No adquirirá tecnología para aparentar modernización ni automatizar un procedimiento innecesario.
2. Competencia y transparencia
Las contrataciones tecnológicas estarán sujetas al Libro IX y publicarán objeto, criterios, oferentes, beneficiarios finales, evaluación, contrato, modificaciones, desempeño y pagos, con las reservas estrictamente necesarias.
La urgencia no legitimará contratos indefinidos ni dependencia permanente.
3. Requisitos mínimos
Los contratos pertinentes establecerán:
1. Propiedad y uso de datos.
2. Derechos sobre código, configuraciones y documentación.
3. Seguridad, privacidad y localización.
4. Niveles de servicio y recuperación.
5. Auditoría y pruebas independientes.
6. Notificación de incidentes y vulnerabilidades.
7. Actualizaciones, mantenimiento y fin de vida.
8. Subcontratistas y cambios de control.
9. Portabilidad, asistencia y terminación.
10. Responsabilidad, garantías y sanciones.
4. Propiedad intelectual
La República adquirirá los derechos necesarios para operar, auditar, modificar, mantener y migrar sistemas críticos, sin apropiarse innecesariamente de la propiedad legítima del proveedor.
El desarrollo financiado sustancialmente con recursos públicos tendrá licencias y condiciones que eviten pagar repetidamente por el mismo conocimiento.
5. Pruebas antes de producción
Ningún sistema crítico se desplegará sin pruebas funcionales, de seguridad, carga, recuperación, accesibilidad, interoperabilidad y aceptación por usuarios responsables.
Las pruebas incluirán escenarios de proveedor indisponible, conectividad limitada, corrupción de datos y abuso interno.
6. Operación y medición
La continuidad de un contrato dependerá de resultados medibles, incidentes, costos, satisfacción legítima, seguridad y capacidad de salida.
La antigüedad o dificultad de migrar no constituirán por sí solas mérito del proveedor.
7. Retiro seguro
Todo sistema tendrá fecha o condición de revisión, plan de archivo, sustitución, conservación probatoria, revocación de accesos, destrucción verificable y comunicación a usuarios.
El abandono técnico no dejará credenciales vigentes, servidores expuestos ni datos sin custodio.
XX. Experimentación tecnológica, biotecnología y robótica
1. Entornos de prueba
La ley podrá crear entornos temporales de experimentación para tecnologías cuyo riesgo no pueda evaluarse adecuadamente mediante reglas ordinarias.
El entorno de prueba no será una zona sin Constitución, responsabilidad, propiedad, consentimiento ni protección penal.
2. Autorización y límites
Cada experimento definirá:
1. Tecnología y finalidad.
2. Operadores y responsables.
3. Participantes y consentimiento aplicable.
4. Territorio, plazo y número máximo de usuarios.
5. Riesgos, seguros y reparación.
6. Datos recogidos y destino posterior.
7. Indicadores de éxito o fracaso.
8. Condiciones de suspensión y salida.
9. Supervisión y publicación de resultados.
10. Norma que se flexibiliza y razones para hacerlo.
3. Distribución territorial
El Sistema Nacional de las Diez Capitales podrá albergar centros y entornos de prueba especializados. También podrán establecerse en otros municipios, universidades, zonas productivas o instalaciones donde exista capacidad pertinente.
La experimentación no otorgará monopolios territoriales ni convertirá a los habitantes de una ciudad en participantes involuntarios.
4. Biotecnología
La investigación biotecnológica deberá respetar la vida humana inocente desde la concepción, la integridad corporal, el consentimiento informado, la filiación y la protección reforzada de menores e incapaces.
No se permitirá:
1. Crear, utilizar o destruir vida humana embrionaria como insumo industrial o experimental.
2. Clonación reproductiva humana.
3. Selección eugenésica impuesta por autoridades o financiadores.
4. Modificación heredable del ser humano destinada a diseñar rasgos no terapéuticos.
5. Intervenciones irreversibles sobre menores para adaptar su cuerpo a una identidad subjetiva.
6. Recolección genética secreta o formación de registros poblacionales sin finalidad legal precisa.
7. Patentar a una persona, su filiación o su identidad biológica.
La ley podrá regular terapias somáticas, diagnóstico, reproducción lícita, agricultura, ambiente e industria conforme a evidencia, riesgo y estos límites.
5. Datos genéticos
Los datos genéticos serán especialmente sensibles. No se utilizarán para puntaje estatal de personas, seguro público discriminatorio, control político, selección de ciudadanos o atribución de culpa por parentesco.
Su uso forense, médico o investigativo requerirá competencia, finalidad, seguridad y plazos específicos.
6. Robótica y sistemas físicos
Los robots, vehículos, drones y sistemas industriales tendrán responsables de diseño, despliegue y operación, límites geográficos o funcionales, parada segura y registro según el riesgo.
La autonomía técnica no eliminará responsabilidad por daño ni permitirá transferir a una máquina potestad coercitiva soberana.
7. Suspensión preventiva
La autoridad competente podrá suspender temporalmente un experimento ante daño grave, desviación de finalidad, ocultamiento, pérdida de control o incumplimiento.
La medida será motivada, proporcional, revisable y no servirá para excluir competidores por presión política.
XXI. Ciencia, talento e industria tecnológica
1. Orden de libertad y responsabilidad
La innovación procederá principalmente de personas, familias, empresas, universidades, iglesias, academias, cooperativas y asociaciones y localidades libres.
La República protegerá investigación, empresa, contratación, propiedad intelectual, inversión y publicación dentro de los límites de la vida, la seguridad, la propiedad y los derechos ajenos.
2. Prioridades nacionales
La acción pública podrá concentrarse en capacidades de importancia nacional, entre ellas:
1. Energía y recursos naturales.
2. Agua, agricultura y alimentos.
3. Salud y producción farmacéutica lícita.
4. Telecomunicaciones, computación y semiconductores.
5. Ciberseguridad, criptografía y defensa.
6. Transporte, puertos, logística y espacio.
7. Manufactura avanzada, robótica y materiales.
8. Cartografía, ambiente y gestión de riesgos.
9. Educación técnica y preservación cultural.
10. Identidad, justicia y administración confiables.
La prioridad no autorizará planificación central de toda innovación ni subsidios permanentes a empresas incapaces.
3. Mérito sin cuotas ideológicas
La selección para fondos, laboratorios, concursos o cargos se basará en idoneidad, calidad, riesgo, viabilidad, interés nacional y resultados.
No existirán cuotas de raza, sexo, identidad subjetiva, orientación política u otra categoría ajena al mérito y a los requisitos jurídicos aplicables.
4. Financiamiento público
El financiamiento será competitivo, temporal, transparente y sujeto a hitos. Identificará beneficiarios, conflictos, propiedad intelectual, resultados y condiciones de terminación.
Los datos, métodos o desarrollos financiados sustancialmente con recursos públicos se harán accesibles en la medida compatible con seguridad, privacidad, propiedad legítima y explotación productiva.
5. Talento venezolano y diáspora
La República facilitará retorno, colaboración, inversión y transferencia de conocimiento de venezolanos en el exterior.
Los especialistas extranjeros podrán participar conforme a la Carta y los demás Libros, sin recibir por contrato privado autoridad soberana reservada.
6. Cooperación internacional
La cooperación científica y técnica será voluntaria, recíproca, auditable y compatible con la Constitución.
No se aceptarán condiciones que impongan censura, espionaje, dependencia insustituible, cesión secreta de datos, experimentación contraria a la dignidad humana o adoctrinamiento institucional.
7. Formación técnica
La República favorecerá matemáticas, ciencias, ingeniería, oficios, idiomas, seguridad digital, pensamiento lógico y capacidad práctica mediante el régimen educativo del Libro correspondiente.
La alfabetización tecnológica incluirá reconocer fraude, proteger claves, verificar fuentes, comprender límites de la inteligencia artificial y conservar capacidad de actuar sin automatización.
XXII. Acceso analógico, accesibilidad y derecho de salida
1. Equivalencia esencial
Toda función pública esencial tendrá una vía presencial, documental, telefónica asistida o equivalente para quien no pueda utilizar la vía digital.
La alternativa no será deliberadamente más lenta, costosa o incierta para forzar adopción tecnológica.
2. Ausencia de requisitos universales
Nadie estará obligado a poseer teléfono inteligente, cuenta bancaria, billetera digital, correo electrónico, biometría o suscripción privada para ejercer derechos básicos.
La identidad digital complementará los documentos físicos y los mecanismos de testigos, certificación o comparecencia que la ley reconozca.
3. Accesibilidad
Los servicios considerarán discapacidad, edad, idioma, conectividad, alfabetización y asistencia legítima.
La ayuda de un tercero se registrará cuando el acto lo exija, sin convertir al asistente en dueño de la identidad o voluntad de la persona.
4. Derecho de salida
La persona podrá abandonar un proveedor, retirar consentimientos revocables, exportar información y recuperar control de sus credenciales conforme a la ley.
El derecho de salida no extinguirá deudas, sentencias, deberes fiscales, evidencia ni registros oficiales válidos.
5. Contingencia
Durante fallas prolongadas, desastre o ataque se reconocerán documentos, recibos, listas y procedimientos temporales verificables.
Restablecido el sistema, la reconciliación preservará actos legítimos, identificará duplicidades y documentará correcciones.
XXIII. Transición desde los sistemas capturados
1. Principio rector
La transición digital deberá recuperar capacidad nacional, preservar evidencia, proteger servicios y depurar falsedades sin utilizar la modernización como pretexto para borrar la historia o apropiarse de datos.
2. Inventario inicial
Cada institución identificará:
1. Sistemas, bases, archivos y responsables.
2. Propietarios, licencias, proveedores y beneficiarios finales.
3. Servidores, nubes, claves, dominios y certificados.
4. Flujos de datos nacionales y extranjeros.
5. Accesos privilegiados y cuentas compartidas.
6. Dependencias técnicas y contractuales.
7. Integridad, disponibilidad y calidad conocidas.
8. Funciones esenciales y alternativas manuales.
9. Evidencia de delitos, manipulación o persecución.
10. Riesgos inmediatos de destrucción, sabotaje o fuga.
3. Preservación y control
Antes de depurar se preservarán copias forenses, bitácoras, configuraciones, comunicaciones y cadenas de custodia necesarias para justicia, recuperación patrimonial y memoria institucional.
Se revocarán accesos no autorizados, se rotarán claves y se aislarán componentes comprometidos mediante decisiones documentadas.
4. Depuración con prueba
Los datos falsos, duplicados, fabricados o alterados serán marcados, investigados y corregidos con evidencia y autoridad competente.
No se eliminará un registro por resultar políticamente incómodo, revelar responsabilidad o haber sido creado durante el régimen. La corrección conservará procedencia e historia cuando sean pertinentes.
5. Prioridades de migración
Tendrán prioridad:
1. Identidad y estado civil.
2. Justicia, víctimas y archivos probatorios.
3. Propiedad, catastro, empresas y contratos.
4. Tesorería, deuda, ingresos y pagos.
5. Energía, agua, comunicaciones, salud y transporte.
6. Policía, defensa e inteligencia bajo sus separaciones legales.
7. Registros electorales y de participación constituyente.
8. Educación, trabajo y demás servicios ordinarios.
6. Continuidad jurídica
La migración no anulará automáticamente actos civiles ordinarios ni convertirá una copia digital en título superior al derecho material.
Las controversias sobre titularidad, identidad o validez se resolverán mediante procedimientos transitorios y judiciales compatibles con la Memoria Fundacional.
7. Sistemas de persecución
Las plataformas destinadas a vigilancia ideológica, censura, propaganda, control partidista, colectivos armados o asignación discriminatoria de beneficios serán desactivadas una vez preservada la evidencia.
Sus datos no se reutilizarán para perseguir a una facción distinta ni se integrarán en una nueva arquitectura de control.
8. Proveedores heredados
Los contratos y accesos de proveedores serán auditados. La continuidad temporal podrá mantenerse cuando resulte indispensable, bajo controles, plazos y plan de sustitución.
La mera asociación con una institución capturada no establecerá culpabilidad; la colaboración ilícita se probará individualmente.
9. Autoridad y rendición de cuentas
La transición tendrá responsables, hitos, presupuesto, riesgos, informes y auditoría independiente. Las medidas extraordinarias vencerán en fechas definidas y podrán revisarse judicialmente.
XXIV. Riesgos de captura y defensas estructurales
1. Totalitarismo digital
Riesgo: unir identidad, pagos, salud, movilidad y opinión para premiar obediencia o castigar disidencia.
Defensa: separación de dominios, prohibición de puntuación social, finalidad legal, alternativas no digitales, registro de acceso y revisión judicial.
2. Captura ideológica
Riesgo: introducir mediante formularios, algoritmos, proveedores o asistencia extranjera categorías contrarias a la realidad biológica, la familia y la responsabilidad individual.
Defensa: categorías constitucionales, publicidad de taxonomías, prohibición de cuotas y lenguaje obligatorio, auditoría y responsabilidad contractual.
3. Base única de población
Riesgo: concentrar toda la vida de una persona en un expediente susceptible de abuso, robo o control político.
Defensa: registros separados, identificadores sectoriales, divulgación selectiva, acceso federado y límites de finalidad.
4. Autoridad algorítmica aparente
Riesgo: que el funcionario rubrique automáticamente una recomendación y oculte su decisión detrás de la máquina.
Defensa: supervisión humana efectiva, motivación propia, registro, explicación, impugnación y responsabilidad personal.
5. Dependencia exterior
Riesgo: que una licencia, sanción, nube, certificado o proveedor extranjero pueda detener al Estado.
Defensa: control de claves, copias nacionales, estándares portables, diversificación, operación degradada y salida contractual.
6. Fetichismo tecnológico
Riesgo: imponer inteligencia artificial, cadena de bloques o biometría aunque no resuelvan el problema.
Defensa: neutralidad tecnológica, evaluación de alternativas, pruebas, costo total y retiro de sistemas ineficaces.
7. Emergencia permanente
Riesgo: utilizar una crisis cibernética para normalizar vigilancia, censura o concentración de poder.
Defensa: alcance definido, plazo, control legislativo y judicial, registro y rendición de cuentas posterior.
8. Vigilancia privada
Riesgo: que contratistas, plataformas o empleadores construyan perfiles que el Estado no podría crear directamente.
Defensa: limitación de finalidad, consentimiento válido, prohibición de reutilización, portabilidad, auditoría y responsabilidad civil y penal.
9. Exclusión tecnológica
Riesgo: convertir falta de conexión, dispositivo, biometría o destreza en pérdida de derechos.
Defensa: equivalencia analógica, accesibilidad, asistencia, credenciales físicas y contingencia.
10. Borrado del pasado
Riesgo: destruir evidencia bajo el nombre de depuración, privacidad o migración.
Defensa: preservación forense, versiones, archivos históricos, cadena de custodia y autorización competente para eliminar.
11. Oligopolio innovador
Riesgo: que subsidios, licencias o sandboxes reserven el mercado a aliados.
Defensa: competencia, reglas generales, plazos, publicación de resultados, propiedad protegida y derecho de entrada.
12. Abuso biotecnológico
Riesgo: tratar la vida humana, la filiación o los datos genéticos como material de ingeniería social o mercancía sin límite.
Defensa: protección desde la concepción, consentimiento, prohibiciones materiales, autoridad parental y responsabilidad.
13. Falsificación sintética
Riesgo: fabricar voz, imagen, documento o evidencia capaz de suplantar a una persona o autoridad.
Defensa: firmas, procedencia, peritaje, educación pública, sanción del fraude y ausencia de presunciones basadas solamente en apariencia.
14. Fuerza autónoma
Riesgo: permitir que una máquina seleccione, persiga o ataque personas sin juicio humano responsable.
Defensa: mando humano, límites funcionales, parada segura, registro y prohibición de delegar la decisión letal final.
15. Concentración técnica encubierta
Riesgo: que una oficina de interoperabilidad o ciberseguridad adquiera control sustantivo sobre justicia, hacienda, policía, defensa o gobiernos territoriales.
Defensa: competencia distribuida, servicios comunes limitados, separación institucional, auditoría y revisión judicial.
XXV. Tesis del orden tecnológico nacional
De este Libro proceden las siguientes tesis:
1. La tecnología servirá a la persona, la familia, la nación y el derecho.
2. Ninguna tecnología creará autoridad constitucional por sí misma.
3. Todo acto público digital tendrá competencia, responsable humano, motivación y revisión.
4. La persona no será reducida a una puntuación, perfil o predicción.
5. La identidad digital acreditará hechos jurídicos; no inventará a la persona.
6. El sexo registral reflejará la realidad biológica comprobable.
7. Una declaración subjetiva no alterará sexo, filiación ni estado civil.
8. Corregir un error documental no significará reescribir la realidad ni borrar la historia.
9. Suspender o revocar una credencial afectará ese instrumento y no extinguirá a su titular.
10. Ninguna suspensión se propagará automáticamente a derechos o servicios distintos.
11. Las credenciales revelarán solamente los atributos necesarios.
12. La biometría será auxiliar, protegida y sustituible por alternativas razonables.
13. No habrá vigilancia biométrica masiva de la población.
14. Los datos públicos y privados estarán sometidos a finalidad, minimización y seguridad.
15. La intimidad no impedirá conservar evidencia, obligaciones y memoria legítima.
16. Interoperabilidad no significará expediente nacional único.
17. Identidad, justicia, salud, finanzas, defensa e inteligencia conservarán dominios separados.
18. No existirán puntuaciones generales, ideológicas, religiosas, raciales o familiares.
19. El Estado no impondrá autoidentificación de género ni categorías contrarias a la Carta.
20. No habrá cuotas identitarias, lenguaje ideológico obligatorio ni culpabilidad colectiva.
21. La defensa doctrinal de la República limitará al poder público sin crear policía del pensamiento.
22. La opinión privada no será delito y la responsabilidad jurídica será individual.
23. La inteligencia artificial será una herramienta y nunca un magistrado, ciudadano o gobernante.
24. Ninguna IA decidirá por sí sola libertad, culpabilidad, ciudadanía, honorabilidad o fuerza letal.
25. Toda decisión consecuencial automatizada será explicable e impugnable.
26. La revisión humana será efectiva y no una firma ceremonial.
27. El secreto comercial no anulará el debido proceso.
28. La criptografía podrá probar integridad, pero no convertirá falsedad en verdad.
29. La inmutabilidad conservará la historia y admitirá correcciones jurídicas trazables.
30. Ninguna tecnología concreta será obligatoria por prestigio, moda o interés del proveedor.
31. Los datos personales y secretos no se publicarán en registros irreversibles.
32. Las claves soberanas permanecerán bajo control institucional venezolano.
33. Los documentos electrónicos serán válidos según identidad, integridad, voluntad y riesgo.
34. La evidencia digital conservará cadena de custodia, contexto y contradicción.
35. La administración digital reducirá burocracia sin crear una superplataforma de control.
36. Los servicios esenciales conservarán vías no digitales y capacidad de contingencia.
37. Nadie deberá poseer un teléfono, biometría o billetera para ejercer derechos básicos.
38. La justicia digital seguirá siendo justicia humana sometida al debido proceso.
39. No existirán tribunales de inteligencia artificial.
40. Venezuela mantendrá libertad monetaria y competencia de pagos digitales.
41. No habrá moneda digital estatal de curso forzoso, vigilancia o programación de conductas.
42. La ciberseguridad protegerá sistemas sin convertirse en inteligencia interior general.
43. No habrá puertas traseras universales ni debilitamiento deliberado del cifrado común.
44. La emergencia cibernética será temporal, controlada y revisable.
45. La soberanía tecnológica será capacidad de control y salida, no autarquía permanente. El control crítico será jurídico, operativo y de recuperación nacional, con custodias separadas, copias y redundancia suficientes, proveedores auditables sustituibles y salida verificable. No exige residencia física nacional universal de datos ordinarios.
46. Los estándares abiertos, la portabilidad y la auditoría reducirán vasallaje tecnológico.
47. Los contratos críticos preverán seguridad, continuidad, responsabilidad y migración. La estabilidad contractual sólo abarcará obligaciones y beneficios con ley habilitante válida, objeto, hitos y plazo definidos, auditoría y vías lícitas; no congelará Constitución, legislación válida, derechos, competencia, seguridad, anticorrupción o emergencia.
48. Los entornos de prueba no suspenderán la Constitución ni convertirán a personas en sujetos involuntarios. Los pilotos temporales autorizados tendrán objetivo, perímetro, cupo, plazo, consentimiento pertinente, supervisión independiente, evaluación, reparación y suspensión ante daño; ninguna regla experimental elimina derechos, datos, competencia o juez.
49. La biotecnología respetará la vida desde la concepción, la integridad corporal y la familia.
50. La transición preservará evidencia, depurará errores con prueba y desactivará sistemas de persecución.
51. La República promoverá ciencia y tecnología por mérito, responsabilidad e interés nacional, sin cuotas ideológicas.
52. La cooperación exterior será útil solamente mientras permanezca subordinada a la Constitución venezolana.
53. La infraestructura crítica podrá continuar frente a ataque, desastre, sanción o falla de proveedor.
54. La libertad de innovación terminará donde comience el daño culpable al inocente o al orden legítimo.
55. La prosperidad tecnológica no se medirá por cantidad de sistemas, sino por libertad, productividad, seguridad y verdad.
56. Ninguna generación recibirá como herencia una arquitectura digital diseñada para gobernarla desde las sombras.
La nueva República no rechazará la técnica ni se arrodillará ante ella.
Utilizará ciencia, datos, máquinas y redes para conocer mejor la realidad, proteger la vida, administrar con verdad, producir con libertad y defender la soberanía.
No entregará a un algoritmo la conciencia, a una base de datos la identidad, a una plataforma la ciudadanía, a un proveedor la continuidad nacional ni a una agenda extranjera las categorías con las cuales Venezuela comprende al ser humano.
La infraestructura digital será poderosa porque estará limitada; confiable porque será verificable; soberana porque podrá continuar y salir; y humana porque toda autoridad conservará nombre, deber y responsabilidad. El desarrollo DICSD exige ley especial nacional marco y actos constitutivos funcionales trazables, interés y competencias identificados, coordinación estatal y municipal real, evaluación ambiental, hídrica, energética, patrimonial y de seguridad y revisión judicial. El distrito no es unidad constitucional ni enclave soberano. Operadores públicos y privados sólo prestan servicios bajo instrumentos delimitados y auditables, sin legislación, justicia, fuerza, tributos o ciudadanía; la República conserva capacidad crítica. Estas pautas no adoptan la ley futura ni SH-JUS-TECH-001 v0.2.
Dios primero.
Honor siempre.
Venezuela eterna.
Continúa el recorrido.
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