Libro XI — defensa constitucional, reforma y transición

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En esta lectura

• I. Naturaleza y ámbitos de la defensa constitucional
• II. Lealtad constitucional y resistencia institucional
• III. Estados de excepción
• IV. Declaración, autorización y duración
• V. Control judicial, legislativo y fiscal
• VI. Límites inderogables
• VII. Continuidad de las autoridades civiles
• VIII. Continuidad de servicios, archivos y vida nacional
• IX. Hacienda, propiedad, contratación y datos durante la excepción
• X. Defensa de la República frente a organizaciones destructivas
• XI. Procedimiento de proscripción y medidas consecuenciales
• XII. Colaboración, infiltración y oposición simulada
• XIII. Responsabilidad, suspensión y remoción de altas autoridades
• XIV. Garantías contra la apropiación personal, fundacional y faccional del poder
• XV. Reforma constitucional
• XVI. Procedimiento de enmienda y reforma
• XVII. Perpetuidad y restauración constitucional
• XVIII. Transición fundacional y legitimidad provisional
• XIX. Régimen de las autoridades provisionales
• XX. Revisión de instituciones, actos, contratos y obligaciones heredados
• XXI. Justicia de transición, víctimas, archivos y patrimonio ilícito
• XXII. Ratificación nacional, entrada en vigor y primera instalación
• XXIII. Extinción transitoria y garantías de no repetición
• Naturaleza
• XXIV. Riesgos institucionales y defensas
• XXV. Tesis de defensa, reforma y transición

Función constitucional del Libro

Este Libro cierra la Arquitectura Institucional y establece cómo deberá responder la República cuando su continuidad, su Constitución o su existencia sean amenazadas.

Su finalidad será permitir que el Estado actúe con fuerza suficiente ante guerra, insurrección, desastre, colapso institucional o captura organizada, sin transformar la necesidad en una fuente ilimitada de poder ni convertir la transición en patrimonio de quienes la administren.

Este Libro distingue la fundación única del nuevo orden, su entrada válida en vigor y la posterior enmienda y reforma limitadas. El poder fundacional se agota al entrar válidamente en vigor la nueva Constitución, instante designado T0, no al mes 120; la instalación pendiente no lo conserva. No hay procedimiento futuro de sustitución ni autoridad superior latente.

La defensa constitucional se regirá por los siguientes principios:

1. Supremacía constitucional: la emergencia estará dentro de la Constitución y nunca por encima de ella.

2. Necesidad comprobable: las facultades extraordinarias responderán a hechos concretos que los poderes ordinarios no puedan resolver suficientemente.

3. Temporalidad: toda medida excepcional tendrá comienzo, plazo, revisión y terminación.

4. Proporcionalidad: la intensidad, territorio y duración no excederán lo indispensable.

5. Competencia distribuida: quien declare no controlará por sí solo autorización, ejecución, revisión y auditoría.

6. Continuidad civil: la fuerza material no decidirá quién gobierna.

7. Derechos inderogables: la dignidad, la vida inocente, el debido proceso esencial y los límites contra la arbitrariedad permanecerán protegidos.

8. Responsabilidad individual: ninguna crisis creará culpabilidad colectiva, hereditaria o ideológica.

9. Publicidad suficiente: la reserva protegerá operaciones concretas, no ocultará la existencia, alcance o costo del poder extraordinario.

10. Revisión judicial permanente: los tribunales continuarán abiertos y podrán reparar abusos.

11. Continuidad institucional: sucesiones, sedes, archivos, comunicaciones y servicios serán preparados antes de la crisis.

12. Neutralidad militar: las Fuerzas Armadas defenderán la Constitución y no escogerán autoridades civiles.

13. No apropiación extraconstitucional: la emergencia, la transición y la reforma no convertirán una autoridad provisional o condicionada en patrimonio personal ni impedirán su evaluación, vacancia o remoción.

14. Defensa republicana: la República podrá impedir que organizaciones criminales o totalitarias destruyan el orden desde dentro.

15. Proscripción judicial: ninguna organización será prohibida por etiqueta, rumor o decisión administrativa secreta.

16. Continuidad jurídica: la sustitución del régimen no destruirá automáticamente relaciones civiles legítimas.

17. Saneamiento con prueba: la captura institucional se corregirá mediante expedientes individuales, no purgas colectivas.

18. Fundación única agotada: el procedimiento originario concluye jurídicamente con la entrada válida en vigor; sólo subsisten competencias constitucionales expresas.

19. Adopción nacional: la Constitución futura requerirá deliberación, decisión y verificación nacionales conforme al procedimiento fundacional.

20. Extinción transitoria: todo órgano creado para la fundación tendrá fecha, misión y forma de desaparecer.

I. Naturaleza y ámbitos de la defensa constitucional

1. Defensa ordinaria y extraordinaria

La defensa ordinaria corresponde al funcionamiento diario de la separación de poderes, la justicia, la auditoría, la selección por mérito, la responsabilidad y la obediencia a la Constitución.

La defensa extraordinaria procederá solamente cuando una amenaza grave no pueda ser contenida suficientemente por esos medios dentro del tiempo disponible.

2. Ámbitos comprendidos

Este Libro regula:

1. Estados de excepción y emergencias constitucionales.

2. Continuidad de autoridades y servicios esenciales.

3. Protección frente a captura, insurrección y organizaciones destructivas.

4. Responsabilidad y remoción durante crisis.

5. Reforma constitucional.

6. Perpetuidad y restauración del mismo orden constitucional.

7. Transición desde el régimen capturado.

8. Revisión de instituciones, actos, contratos y patrimonio heredados.

9. Adopción nacional, entrada en vigor y transferencia de autoridad.

10. Garantías de no repetición y terminación de órganos provisionales.

3. Coordinación con los demás Libros

Las competencias ordinarias permanecerán en sus Libros respectivos. En particular:

1. La sucesión presidencial seguirá el Libro III.

2. La continuidad y decisiones extraordinarias del Congreso seguirán el Libro IV.

3. La revisión, protección procesal y responsabilidad penal seguirán el Libro V.

4. Las autoridades independientes y la Comisión Transitoria de Integridad seguirán el Libro VI.

5. La continuidad territorial seguirá el Libro VII.

6. La guerra, movilización, fuerza, seguridad e inteligencia seguirán el Libro VIII.

7. El Tesoro, la contratación, la propiedad y la deuda seguirán el Libro IX.

8. Los sistemas, datos y continuidad tecnológica seguirán el Libro X.

Este Libro integrará esas reglas y resolverá su aplicación conjunta; no transferirá sus competencias a una autoridad única.

4. Amenaza constitucional

Constituirá amenaza constitucional toda conducta organizada, capacidad o acontecimiento capaz de:

1. Destruir la continuidad de los poderes civiles.

2. Impedir el funcionamiento de la Justicia.

3. Someter al Estado a una facción, fuerza militar, red criminal o poder extranjero.

4. Abolir los fundamentos permanentes.

5. Alterar por fuerza la sucesión o selección de autoridades.

6. Utilizar medios extraordinarios para perpetuar a un gobernante.

7. Paralizar servicios cuya pérdida produzca daño nacional grave.

La crítica, la impopularidad, el desacuerdo doctrinal, la protesta lícita y la expresión privada no constituirán por sí solos amenaza constitucional.

5. Deber de preparación

Cada poder mantendrá planes, responsables, inventarios, sedes alternativas, comunicaciones, reservas, procedimientos manuales y ejercicios de continuidad.

La falta de preparación previsible producirá responsabilidad cuando agrave culpablemente una crisis.

II. Lealtad constitucional y resistencia institucional

1. Objeto de la lealtad

La lealtad de toda autoridad pertenecerá a Dios, Venezuela y la Constitución, no a la persona que ocupe un cargo, a su familia, a una facción o a una potencia extranjera.

La obediencia jerárquica terminará ante una orden manifiestamente ilícita.

2. Deber de las autoridades

Toda autoridad deberá:

1. Mantener su institución en funcionamiento.

2. Proteger archivos, fondos, armas, claves y personas bajo su custodia.

3. Documentar órdenes extraordinarias.

4. Rechazar usurpaciones.

5. Comunicar amenazas a los controles competentes.

6. Facilitar sucesión y entrega legítimas.

7. Preservar evidencia de delitos y abusos.

3. Orden manifiestamente inconstitucional

Nadie estará obligado a ejecutar una orden que disponga, entre otros actos:

1. Cerrar definitivamente el Congreso o los tribunales.

2. Impedir una sucesión constitucional.

3. Torturar, desaparecer o ejecutar sin juicio.

4. Falsificar resultados, archivos o títulos de autoridad.

5. Utilizar fuerzas públicas para conservar personalmente un cargo.

6. Entregar soberanía, armas, claves o territorio sin competencia.

7. Destruir evidencia o patrimonio para impedir rendición de cuentas.

La negativa será documentada cuando resulte posible y podrá ser examinada posteriormente. La mera invocación de conciencia no justificará abandono, insubordinación faccional o incumplimiento de una orden lícita.

4. Protección del servidor leal

El servidor que de buena fe preserve continuidad, denuncie una orden ilícita o se niegue a ejecutarla recibirá protección frente a represalia.

La protección no cubrirá participación previa en delitos, fabricación de evidencia ni utilización oportunista de una denuncia para apropiarse de autoridad.

5. Resistencia institucional

Cuando una autoridad intente abolir los controles constitucionales, las demás instituciones conservarán su competencia y activarán sucesión, justicia, auditoría, comunicaciones y protección conforme a la ley.

La resistencia institucional no autorizará juntas privadas, milicias, golpes, linchamientos ni proclamaciones personales de soberanía.

III. Estados de excepción

1. Categorías taxativas

Solamente podrán declararse los siguientes estados de excepción:

1. Defensa exterior: ante agresión, invasión, bloqueo armado o ataque extranjero.

2. Conmoción armada interior: ante insurrección, terrorismo coordinado o violencia organizada que exceda manifiestamente la capacidad policial ordinaria.

3. Catástrofe nacional o territorial: ante terremoto, inundación, incendio, accidente industrial u otro desastre de magnitud equivalente.

4. Emergencia sanitaria grave: ante enfermedad o agente biológico con daño comprobable que desborde capacidades ordinarias.

5. Colapso crítico de infraestructura: ante interrupción física, energética, financiera, tecnológica o cibernética capaz de paralizar funciones esenciales o causar pérdida masiva de vida.

La dificultad económica, la protesta, el descenso de popularidad, la oposición institucional, una información incómoda o una amenaza imprecisa no constituirán categorías autónomas de excepción.

2. Subsidiariedad

Antes de declarar una excepción, el Presidente identificará por qué las competencias ordinarias, los recursos territoriales y la legislación vigente resultan insuficientes.

La falta de planeación, presupuesto o gestión no se transformará automáticamente en emergencia constitucional.

3. Ámbito territorial

La declaración se limitará al territorio afectado. La excepción nacional requerirá evidencia de que una respuesta territorial o sectorial sería insuficiente.

Los estados y municipios conservarán sus competencias no desplazadas expresamente.

4. Concurrencia de categorías

Una misma crisis podrá reunir varias categorías, pero cada facultad deberá vincularse a una necesidad identificada.

La acumulación de nombres no ampliará automáticamente el poder ni extenderá los plazos.

5. Guerra y defensa inmediata

El Presidente podrá ordenar defensa inmediata frente a agresión conforme a los Libros IV y VIII.

La respuesta inicial no eliminará la autorización legislativa exigida para guerra no defensiva, operaciones prolongadas o despliegues exteriores sustanciales.

IV. Declaración, autorización y duración

1. Contenido de la declaración

El decreto identificará:

1. Hechos comprobados y fuentes disponibles.

2. Categoría aplicable.

3. Territorio y población afectados.

4. Finalidad concreta.

5. Facultades extraordinarias solicitadas.

6. Derechos cuya regulación temporal se propone.

7. Autoridades ejecutoras.

8. Recursos y contrataciones previsibles.

9. Duración inicial.

10. Indicadores de terminación.

11. Controles y calendario de informes.

12. Plan de restitución a la normalidad.

2. Vigencia inmediata limitada

La declaración presidencial producirá efectos inmediatos durante un máximo de setenta y dos horas para las medidas estrictamente urgentes.

Dentro de las primeras veinticuatro horas será remitida al Consejo de Estado, ambas cámaras, la jurisdicción constitucional, la Auditoría General y la Defensoría de la Persona.

3. Concurrencia del Consejo de Estado

La continuación hasta el decimoquinto día requerirá concurrencia de seis consejeros dentro de las setenta y dos horas.

El Consejo podrá confirmar, limitar o rechazar facultades. Publicará votos y razones, salvo anexos operativos temporalmente reservados.

La falta de concurrencia hará cesar las facultades extraordinarias al terminar el plazo inicial, sin impedir que continúen competencias ordinarias de respuesta.

4. Autorización legislativa

Toda continuación posterior al decimoquinto día requerirá autorización de tres quintas partes de la totalidad de cada cámara.

Cada autorización:

1. No excederá treinta días.

2. Identificará facultades y recursos.

3. Podrá imponer límites adicionales.

4. Exigirá informes periódicos.

5. Terminará automáticamente al vencer.

La extensión acumulada superior a noventa días requerirá dos tercios de cada cámara y una nueva evaluación pública de necesidad. Las reglas especiales de guerra de los Libros IV y VIII conservarán aplicación.

Salvo defensa exterior durante hostilidades efectivas, ningún estado de excepción podrá exceder doce meses acumulados por la misma causa. Las necesidades posteriores deberán atenderse mediante legislación ordinaria, instituciones permanentes y medidas individualizadas.

5. Terminación anticipada

El Presidente deberá terminar la excepción cuando desaparezca la necesidad.

También podrá terminarla la mayoría absoluta de la totalidad de cada cámara mediante decisión concurrente, o la jurisdicción constitucional cuando falten causa, competencia o proporcionalidad. La terminación no estará sujeta a veto presidencial.

6. Prohibición de renovación automática

Cada renovación requerirá hechos actualizados, resultados obtenidos, fallas, alternativas ordinarias y nuevo plazo.

No se encadenarán decretos distintos para eludir límites temporales ni se mantendrán medidas por inercia administrativa.

7. Imposibilidad material del Congreso

Si ambas cámaras no pudieran reunirse materialmente, actuarán sus comisiones de continuidad conforme al Libro IV, solamente dentro de las facultades provisionales allí autorizadas.

La imposibilidad será individualizada, documentada y revisada diariamente. El Ejecutivo no podrá producirla ni invocarla por conveniencia.

V. Control judicial, legislativo y fiscal

1. Revisión constitucional automática

La jurisdicción constitucional examinará de oficio la declaración dentro de los cinco días siguientes a su recepción.

Revisará hechos suficientes, categoría, competencia, necesidad, proporcionalidad, territorio, plazo, derechos afectados y funcionamiento de controles.

2. Impugnación

Las personas afectadas, la Defensoría, la Fiscalía, la Auditoría, las autoridades territoriales y los miembros legitimados de los poderes podrán impugnar una medida concreta.

Los procedimientos urgentes protegerán información operativa sin impedir defensa efectiva ni acceso judicial.

3. Congreso activo

El Congreso permanecerá en sesión o en régimen de continuidad. Podrá:

1. Solicitar comparecencias e informes.

2. Limitar fondos y facultades.

3. Modificar o terminar autorizaciones.

4. Crear comisiones de investigación.

5. Remitir responsabilidades.

6. Publicar versiones no reservadas.

La legislación de emergencia seguirá siendo pública, bicameral, nominal y temporal.

4. Auditoría concurrente

La Auditoría General tendrá acceso inmediato a gastos, contratos, requisiciones, inventarios y beneficiarios finales.

La fiscalización concurrente no paralizará una operación indispensable, pero dejará advertencias, reservas y responsables identificables.

5. Defensoría y Fiscalía

La Defensoría mantendrá canales accesibles para quejas, detenidos, familias, desplazados y personas sin acceso digital.

La Fiscalía preservará evidencia e investigará delitos cometidos durante la crisis con independencia de rango, necesidad alegada o resultado obtenido.

6. Cuenta periódica y final

Mientras dure la excepción, el Ejecutivo publicará informes al menos cada siete días sobre causa, medidas, gastos, detenciones, daños, contratos, resultados y condiciones de salida.

Dentro de los noventa días posteriores a su terminación presentará una cuenta integral. La reserva restante será revisada periódicamente y no ocultará responsabilidad.

VI. Límites inderogables

1. Supremacía permanente

Ninguna excepción permitirá:

1. Derogar, sustituir o suspender la Constitución.

2. Modificar los fundamentos permanentes de la Carta.

3. Disolver definitivamente el Congreso o cerrar los tribunales.

4. Impedir la sucesión, evaluación, investigación o remoción de autoridades.

5. Extender mandatos o convertir encargadurías en cargos definitivos.

6. Entregar el gobierno a una junta militar o mando extranjero.

7. Reformar la Constitución durante la excepción.

8. Impedir el acceso a la jurisdicción constitucional.

2. Garantías personales

Permanecerán inderogables:

1. Protección de la vida humana inocente.

2. Prohibición de tortura, desaparición, esclavitud y trato cruel.

3. Personalidad jurídica e identidad.

4. Prohibición de delito y pena retroactivos.

5. Responsabilidad individual y rechazo de culpa colectiva.

6. Acceso a juez, defensa y revisión de toda detención.

7. Libertad de conciencia privada.

8. Protección esencial de la familia y los menores.

9. Prohibición de confiscación arbitraria.

10. Derecho a reparación por actuación ilícita.

3. Detención

Toda detención identificará autoridad, causa, hora, lugar y custodio. Será comunicada sin demora al juez competente y a la defensa.

No existirán centros secretos, incomunicación indefinida, traslados no registrados ni listas de desaparecidos administrativamente toleradas.

4. Expresión, culto y reunión

Las actividades públicas podrán recibir restricciones temporales vinculadas a peligro concreto, territorio y tiempo.

No habrá censura general, propaganda obligatoria, persecución de crítica, clausura general de iglesias ni prohibición de información sobre abusos. La autoridad podrá combatir operaciones enemigas o instrucciones delictivas mediante medidas específicas y revisables.

5. Propiedad y armas

La requisición seguirá inventario, recibo, uso, devolución o indemnización conforme a los Libros VIII y IX.

No habrá confiscación general de propiedad o armas lícitas. Las restricciones localizadas de transporte o porte requeridas por operaciones concretas serán temporales, públicas y revisables.

6. Salud e integridad corporal

Una emergencia sanitaria no producirá obediencia automática a una organización internacional ni autorizará experimentación, esterilización, alteración sexual, tratamiento irreversible o recolección genética general de la población.

Las cuarentenas, aislamientos u otras medidas sanitarias deberán basarse en riesgo comprobable, duración definida, condiciones humanas, necesidades básicas y revisión individual cuando restrinjan gravemente la libertad.

7. Medidas discriminatorias

La ayuda, evacuación, refugio, atención médica, justicia y protección no dependerán de adhesión política, religión, ciudadanía política, identidad subjetiva, entrega de propiedad o renuncia de derechos.

VII. Continuidad de las autoridades civiles

1. Regla general

La emergencia alterará el lugar o la forma de ejercer una competencia solamente cuando sea indispensable; no cambiará su titularidad constitucional.

La desaparición física de una sede, plataforma o archivo no extinguirá la institución.

2. Presidencia y Gobierno

La ausencia, aislamiento, incapacidad o vacancia presidencial activará la sucesión del Libro III.

El Secretario General de Gobierno y la línea inmediata podrán ejercer funciones estrictamente provisionales hasta la designación del Administrador Provisional. Ningún comandante, consejero o funcionario no incluido en esa línea asumirá la Presidencia por controlar fuerza, comunicaciones o territorio.

3. Consejo de Estado

El Consejo mantendrá listas de contacto, autenticación, sedes, reemplazos por vacantes individuales y procedimientos seguros de deliberación.

La crisis no permitirá llenar vacantes en bloque, reducir retroactivamente los votos reforzados ni incorporar miembros sin acreditación.

4. Congreso

Cada cámara mantendrá una comisión de continuidad, sedes alternativas, medios remotos autenticados y reglas de convocatoria.

Las comisiones podrán adoptar solamente actos provisionales expresamente autorizados. No aprobarán reformas constitucionales, endeudamiento estructural, enajenación de activos estratégicos ni nombramientos permanentes que puedan esperar al pleno.

5. Justicia

Los tribunales mantendrán jueces de guardia, distribución alternativa de asuntos, acceso a expedientes, protección de detenidos y mecanismos para constituir salas fuera de una sede afectada.

La emergencia no autorizará tribunales de excepción creados para personas o hechos determinados.

6. Autoridades independientes

La Fiscalía, Defensoría, Auditoría y demás autoridades independientes conservarán acceso, presupuesto mínimo, archivos y canales propios.

El Ejecutivo no podrá absorberlas bajo coordinación de emergencia ni bloquear sus comunicaciones con el Congreso y la Justicia.

7. Gobiernos territoriales

Estados y municipios aplicarán sus líneas de sucesión y planes de continuidad. La intervención nacional será temporal, subsidiaria y limitada a la incapacidad comprobada.

El gobierno territorial recuperará sus competencias tan pronto desaparezca la causa.

8. Autenticación de autoridad

Las órdenes extraordinarias utilizarán firmas, claves, registros y canales previamente establecidos. Ante comunicaciones contradictorias, cada institución verificará cargo, competencia, integridad y continuidad antes de ejecutar.

Una transmisión, uniforme, presencia armada o control de medios no acreditará por sí solo autoridad constitucional.

VIII. Continuidad de servicios, archivos y vida nacional

1. Servicios esenciales

Existirán planes nacionales y territoriales para mantener, al menos:

1. Agua y saneamiento.

2. Energía y combustibles.

3. Salud y medicamentos.

4. Alimentos y logística.

5. Telecomunicaciones y avisos públicos.

6. Transporte esencial, puertos y aeropuertos.

7. Justicia, policía y protección civil.

8. Tesoro, pagos y compensación financiera.

9. Identidad, propiedad y registros civiles.

10. Defensa, fronteras y relaciones exteriores.

2. Prioridades publicadas

Las autoridades definirán previamente criterios de prioridad por vida, seguridad, función y urgencia.

No condicionarán suministros a lealtad, parentesco, posición económica, residencia partidista o favor personal.

3. Operación degradada

Cada servicio esencial tendrá capacidad manual, local o degradada, personal de reemplazo, inventario crítico y procedimientos para reconciliar actuaciones posteriores.

La falta de conexión, biometría, banco o plataforma no excluirá a una persona de atención indispensable.

4. Reservas e inventarios

La República podrá mantener reservas estratégicas y contratos de disponibilidad sometidos a rotación, auditoría, competencia y pruebas.

La reserva no constituirá una empresa estatal general ni justificará ocultar pérdidas o intermediarios.

5. Archivos y registros

Los registros de identidad, propiedad, justicia, Tesoro, defensa y salud crítica tendrán copias protegidas, cadena de custodia, versiones y sedes separadas.

La reconstrucción posterior distinguirá datos verificados, estimaciones, duplicados, pérdida y fraude. La urgencia no convertirá una anotación provisional en verdad definitiva.

6. Comunicaciones públicas

La población recibirá información oportuna sobre amenaza, medidas, territorio, duración, servicios, ayuda y recursos de impugnación.

Los errores serán corregidos públicamente. La autoridad no fabricará optimismo, ocultará peligros conocidos ni utilizará alertas para propaganda personal.

7. Cooperación privada, familiar y local

Empresas, iglesias, familias, organizaciones humanitarias, asociaciones y localidades podrán contribuir voluntariamente a la continuidad.

La coordinación pública no apropiará sus bienes, identidad o comunicación. Los contratos y donaciones serán trazables y no otorgarán influencia soberana.

8. Recuperación

Todo plan incluirá retorno a la normalidad, reparación, conciliación contable, restitución de bienes, cierre de contratos urgentes, atención de víctimas y aprendizaje institucional.

IX. Hacienda, propiedad, contratación y datos durante la excepción

1. Tesoro y presupuesto

El Tesoro conservará unidad, contabilidad y autorización. La emergencia podrá activar partidas previstas o créditos extraordinarios temporales conforme al Libro IX.

No permitirá gasto ilimitado, fondos personales, cuentas secretas sin control ni creación monetaria incompatible con la Constitución.

2. Contratación urgente

La contratación podrá abreviar competencia solamente cuando la demora produzca un daño mayor.

Desde el inicio conservará:

1. Objeto y necesidad.

2. Autoridad y responsable.

3. Precio o método de determinación.

4. Proveedor y beneficiario final.

5. Entrega y recepción.

6. Duración.

7. Conflictos de interés.

8. Auditoría posterior.

Los contratos extraordinarios expirarán o serán sometidos al procedimiento ordinario cuando termine la necesidad.

3. Requisición y ocupación temporal

La requisición será individualizada, inventariada, recibida, conservada y compensada de manera justa y oportuna.

No transferirá propiedad definitiva ni convertirá al Estado en socio forzoso. La destrucción necesaria dará lugar a valoración, explicación y reparación conforme a responsabilidad.

4. Donaciones y ayuda exterior

La ayuda será registrada con donante, condiciones, destino, custodio y resultado.

Ninguna emergencia autorizará aceptar control extranjero de territorio, recursos, datos, mando, puertos, comunicaciones o decisiones constitucionales mediante una donación.

5. Datos extraordinarios

Toda recolección extraordinaria identificará finalidad, categoría, acceso, plazo y destrucción o archivo.

No se integrarán datos sanitarios, movilidad, comunicaciones, pagos y opinión en perfiles generales. La información obtenida para la emergencia no se reutilizará para propaganda, crédito social, selección política o persecución religiosa.

6. Vigilancia

La vigilancia individualizada seguirá orden y control. Las medidas urgentes sin autorización previa serán excepcionales, documentadas y sometidas a ratificación judicial inmediata.

No existirán puertas traseras universales, seguimiento masivo permanente ni presunción de amenaza por opinión.

7. Responsabilidad patrimonial

La urgencia podrá justificar una decisión razonable adoptada con información limitada; no justificará corrupción, favoritismo, ocultamiento, negligencia grave o apropiación.

La evaluación posterior distinguirá error honesto, riesgo inevitable, mala gestión y conducta culpable.

X. Defensa de la República frente a organizaciones destructivas

1. Defensa estructural y proscripción

La prohibición general de partidos políticos y listas de acceso al poder establecida en el Libro I será una regla estructural aplicable a toda orientación.

Será distinta de la proscripción judicial de una organización concreta por sus fines, medios, subordinación o actuación contra el orden constitucional.

2. Chavismo organizado

La República reconocerá históricamente al chavismo como sistema de dominación, captura institucional, corrupción, persecución y subordinación extranjera.

Esa condena no producirá culpabilidad automática para toda persona que haya votado, trabajado, simpatizado o pertenecido nominalmente a una organización del régimen.

Podrán ser proscritas las estructuras que pretendan restaurar materialmente el partido-Estado chavista o continuar sus redes criminales, aunque utilicen otro nombre, símbolo, dirigencia o forma jurídica.

3. Causas de proscripción

Una organización podrá ser prohibida cuando se pruebe que, por sus fines, estructura, financiamiento o actuación:

1. Pretende abolir mediante fuerza o fraude el orden constitucional.

2. Organiza violencia, terrorismo, persecución o insurrección.

3. Mantiene unidades armadas, paramilitares o clandestinas.

4. Utiliza narcotráfico, corrupción, extorsión o bienes públicos para conquistar o conservar poder.

5. Responde operativamente a un gobierno, servicio o mando extranjero.

6. Prepara la supresión de tribunales, Congreso, sucesión o libertades esenciales.

7. Encubre redes criminales o patrimonio procedente del Estado capturado.

8. Continúa materialmente una organización previamente prohibida.

9. Simula una organización civil para coordinar operaciones ilícitas contra la República.

10. Utiliza sistemáticamente una posición pública, económica o comunicacional para ejecutar las conductas anteriores.

4. Hechos y no etiquetas

No constituirán por sí solos causa suficiente:

1. Nombre histórico o símbolo estudiado fuera de incitación delictiva.

2. Opinión política privada.

3. Crítica a la Constitución, al Gobierno o a Semper Honor.

4. Investigación, docencia, periodismo o defensa jurídica.

5. Parentesco, origen familiar o económico o empleo técnico ordinario.

6. Negociación lícita o error político no criminal.

7. Etiquetas como chavista, socialista, progresista, conservador u opositor.

La República sancionará actos y estructuras comprobados; no administrará conciencia.

5. Continuidad material

Para determinar si existe continuidad se examinarán dirección, personal decisor, financiamiento, bienes, archivos, comunicaciones, mando extranjero, métodos, destinatarios y finalidad real.

Cambiar nombre, dividirse, utilizar terceros o crear asociaciones sucesoras no impedirá la proscripción cuando la continuidad sea probada.

XI. Procedimiento de proscripción y medidas consecuenciales

1. Competencia judicial

La Fiscalía o la autoridad constitucional expresamente legitimada presentará la solicitud ante una sala especializada de la jurisdicción constitucional.

Ningún Presidente, Consejo, Congreso, fuerza armada, policía, comisión administrativa o proveedor digital podrá prohibir definitivamente una organización por sí solo.

2. Solicitud

La solicitud identificará:

1. Organización y responsables conocidos.

2. Causa jurídica.

3. Hechos y periodo.

4. Evidencia lícita.

5. Estructura y financiamiento.

6. Medidas solicitadas.

7. Riesgos de continuidad o fuga.

8. Alternativas menos restrictivas examinadas.

3. Medidas cautelares

El tribunal podrá ordenar temporalmente congelación de bienes vinculados, preservación de archivos, prohibición de disponer, suspensión de actividades operativas o protección de personas cuando exista riesgo grave y evidencia suficiente.

Las medidas tendrán alcance, plazo, custodia, audiencia pronta y revisión. No se confiscarán bienes de terceros de buena fe ni se cerrarán actividades civiles separables sin necesidad.

4. Defensa

La organización y las personas afectadas tendrán notificación, representación, acceso a la sustancia de la prueba, oportunidad de contradecir, audiencia y decisión motivada.

La información de inteligencia no corroborada no bastará. Cuando una fuente deba protegerse, el tribunal accederá a ella y asegurará medios equivalentes de defensa.

5. Sentencia

La sentencia podrá:

1. Rechazar la solicitud.

2. Imponer correcciones específicas.

3. Prohibir una actividad determinada.

4. Disolver o proscribir la organización.

5. Transferir bienes ilícitos mediante procedimiento patrimonial.

6. Proteger y devolver bienes legítimos de terceros.

7. Remitir conductas individuales a las autoridades competentes.

La decisión identificará hechos, prueba, responsables, alcance, bienes, archivos, actividades permitidas y régimen de revisión.

6. Efectos personales

La proscripción no condenará automáticamente a miembros, empleados, familiares, donantes o simpatizantes.

La responsabilidad individual requerirá participación, conocimiento, capacidad y culpabilidad probados. La afiliación meramente nominal podrá ser evidencia contextual, nunca sustituto de la conducta.

7. Símbolos y expresión

Podrán restringirse símbolos, propaganda o actos públicos cuando constituyan dirección operativa, reclutamiento, financiamiento, amenaza, incitación delictiva o continuidad material de una organización prohibida.

Las restricciones no alcanzarán conservación histórica, información, crítica, arte, investigación, docencia o prueba judicial de buena fe.

8. Revisión y terminación

La sentencia tendrá apelación o revisión ante una integración distinta. Las restricciones continuadas serán revisadas periódicamente cuando dependan de una amenaza aún existente.

La organización sucesora podrá solicitar declaración de no continuidad demostrando separación real, transparencia y ausencia de fines ilícitos; no tendrá derecho a utilizar bienes criminales ni a eludir la prohibición general de partidos.

XII. Colaboración, infiltración y oposición simulada

1. Categoría política y categoría jurídica

La expresión «falsa oposición» podrá describir un fenómeno histórico, pero no será por sí misma un delito, una causa de proscripción ni una inhabilitación.

2. Conductas relevantes

La responsabilidad podrá surgir cuando se pruebe:

1. Coordinación secreta y remunerada para simular competencia.

2. Recepción consciente de recursos ilícitos para legitimar el régimen.

3. Entrega de información destinada a perseguir personas.

4. Encubrimiento de fraude, corrupción o represión.

5. Administración o legitimación de patrimonio público ilícito.

6. Obstrucción deliberada de investigaciones.

7. Uso engañoso de representación opositora para conservar estructuras criminales.

8. Colaboración material con operaciones extranjeras contrarias a la soberanía.

9. Participación en redes de desinformación operativa vinculadas a delitos.

10. Facilitación consciente de infiltración en órganos de transición o seguridad.

3. Prueba

La prueba podrá incluir contratos, transferencias, comunicaciones, instrucciones, beneficios, actos coordinados y ocultamiento.

La coincidencia de opiniones, una fotografía, una reunión, una negociación pública o una decisión estratégica equivocada no bastarán sin contexto y corroboración.

4. Consecuencias separadas

Según la conducta podrán proceder investigación penal, recuperación patrimonial, incompatibilidad, inhabilitación temporal específica o proscripción de la organización.

Cada consecuencia tendrá autoridad, estándar, procedimiento y revisión propios. La Comisión Transitoria de Integridad no sustituirá a los jueces ni la sentencia penal sustituirá automáticamente toda evaluación institucional distinta.

XIII. Responsabilidad, suspensión y remoción de altas autoridades

1. Continuidad de responsabilidad

La guerra, emergencia, transición o reforma no suspenderán la evaluación, investigación, disciplina, responsabilidad patrimonial, proceso penal o remoción de una alta autoridad.

Las competencias y procedimientos específicos de cada cargo permanecerán en los Libros correspondientes.

2. Causas diferenciadas

Deberán distinguirse:

1. Ausencia o incapacidad temporal.

2. Incapacidad permanente.

3. Incumplimiento grave, reiterado y atribuible de deberes o planes.

4. Ineficiencia comprobada.

5. Infracción constitucional.

6. Falta administrativa o disciplinaria.

7. Delito.

8. Pérdida de un requisito continuo.

Una misma conducta podrá originar procedimientos distintos sin permitir doble pena por el mismo fundamento.

3. Impopularidad y discrepancia

La impopularidad, la crítica, el desacuerdo jurídico razonable, una decisión lícita de política pública o un resultado adverso no constituirán por sí solos causa de remoción.

La estabilidad no protegerá corrupción, incapacidad, negligencia grave, deslealtad constitucional ni destrucción deliberada de la misión del cargo.

4. Culpabilidad firme

Toda declaración firme de culpabilidad por delito o falta administrativa o disciplinaria producirá la pérdida obligatoria del cargo conforme al Libro I.

La autoridad que formalice la vacancia verificará identidad, autenticidad, firmeza e inexistencia de suspensión judicial; no repetirá el juicio, concederá indulgencia política ni transformará el cese debido en una votación de conveniencia.

5. Suspensión provisional

La suspensión antes de decisión definitiva procederá solamente ante riesgo inmediato y probado para personas, evidencia, fondos, seguridad o continuidad.

Será temporal, motivada, revisada prontamente y acompañada por una suplencia constitucional. No equivaldrá a culpabilidad ni se utilizará para producir una vacancia de hecho indefinida.

6. Defensa

Toda remoción por desempeño, incapacidad o infracción incluirá:

1. Causa previa y autoridad competente.

2. Hechos específicos.

3. Investigación independiente o técnicamente separada.

4. Acceso a prueba.

5. Defensa y recusación de conflictos.

6. Audiencia cuando corresponda.

7. Decisión escrita y votos exigibles.

8. Revisión judicial de legalidad y arbitrariedad.

7. Emergencia y remoción

Durante una emergencia podrán adaptarse sede, comparecencia o calendario por imposibilidad material, pero no reducirse causa, prueba, votos, defensa o revisión.

Quien declare la emergencia no podrá utilizarla para suspender su evaluación, remover controles, destruir archivos o impedir la instalación de un sucesor.

8. Efectos limitados

La remoción no producirá automáticamente pérdida de nacionalidad, confiscación, condena penal, responsabilidad familiar ni prohibición general de trabajar.

Tampoco borrará investigaciones, obligaciones, daños o deberes de entrega del titular saliente.

9. Entrega obligatoria

El cese activará transferencia documentada de bienes, cuentas, archivos, claves, decisiones pendientes, personal bajo mando y riesgos conocidos.

La retención, destrucción, cifrado personal, sabotaje o entrega selectiva producirá responsabilidad independiente.

XIV. Garantías contra la apropiación personal, fundacional y faccional del poder

1. Mandato condicionado

La duración vitalicia prevista para determinados altos cargos significará continuidad condicionada al deber, la capacidad, la honorabilidad, los planes y la remoción constitucional.

No será propiedad, inmunidad, derecho hereditario, título transmisible ni mandato irrevocable.

2. Prohibiciones del titular

Ninguna autoridad podrá:

1. Nombrar a su sucesor fuera del procedimiento constitucional.

2. Convertir familiares, asesores, militares, iglesia o empresa en línea de sucesión.

3. Modificar los requisitos de su propia evaluación o remoción.

4. Suspender convocatorias para evitar reemplazo.

5. Utilizar recursos públicos para culto personal o propaganda de permanencia.

6. Condicionar servicios, armas, salarios o justicia a lealtad personal.

7. Crear una guardia, inteligencia o estructura económica propia.

8. Invocar una emergencia para transformar su cargo en soberanía.

3. Prohibición de autoprórroga

Toda encargaduría, autoridad provisional, comisión transitoria o mandato de emergencia terminará por la fecha o condición prevista.

Ningún titular podrá prorrogarse a sí mismo. La extensión excepcional requerirá autoridad distinta, causa actualizada, plazo nuevo y revisión judicial.

4. Sucesión no designada

La preparación de sucesores consistirá en formar una reserva amplia de personas elegibles, no en escoger heredero político.

El titular saliente podrá entregar información y evaluaciones institucionales, pero no conferir preferencia, vetar aspirantes ni controlar el órgano de selección.

5. Prohibición de apropiación fundacional y permanencia extraconstitucional

La condición de fundador, promotor o autor doctrinal no conferirá automáticamente un cargo público, inmunidad, autoridad constituyente permanente ni derecho personal o hereditario de sucesión.

Los fundadores podrán aspirar y ser seleccionados para cargos vitalicios bajo las mismas reglas que los demás aspirantes legalmente elegibles. Una vez investidos, permanecerán mientras conserven los requisitos, la capacidad, la honorabilidad y el cumplimiento exigidos, y estarán sometidos a los procedimientos constitucionales de evaluación, responsabilidad, incapacidad, vacancia y remoción.

No se considerará perpetuación ilegítima la permanencia vitalicia obtenida y conservada conforme a la Constitución. Existirá apropiación ilegítima cuando una persona utilice su condición fundacional, una autoridad provisional o una emergencia para reservarse el poder, impedir su evaluación, neutralizar su remoción o designar personalmente a su sucesor.

La autoridad inicial del proyecto será intelectual y moral. Toda autoridad jurídica procederá únicamente del orden legítimamente adoptado.

6. Incompatibilidades transitorias

Quien participe en la evaluación o selección de aspirantes a un cargo no podrá aspirar simultáneamente a ese cargo, utilizar información reservada para favorecerse ni conservar posición decisoria después de anunciar su candidatura.

La ley podrá establecer periodos razonables de separación para funciones constituyentes, de integridad y de selección, sin convertir el servicio temporal en inhabilitación perpetua.

7. Culto y símbolos públicos

No se utilizarán presupuesto, escuelas, Fuerzas Armadas, edificios, medios o sistemas públicos para presentar a una persona viva como encarnación de Venezuela, fuente del derecho o salvador indispensable.

La memoria histórica podrá reconocer servicios y errores sin construir obediencia personal.

XV. Reforma constitucional

1. Finalidad

La reforma permitirá corregir disposiciones, resolver defectos, adaptar procedimientos y fortalecer la República sin utilizar la rigidez como pretexto para ruptura ni la flexibilidad como vía de captura.

2. Clases

Se distinguirán:

1. Enmienda técnica: modifica una regla delimitada sin alterar distribución esencial del poder, ciudadanía, territorio fundamental, justicia, defensa, hacienda ni garantías permanentes.

2. Reforma estructural: modifica competencias, integración, selección, responsabilidad o relación entre instituciones, o una materia que la Constitución declare reforzada.

3. El exceso de límites de enmienda o reforma no abre una tercera categoría: determina invalidez. No existe competencia para sustitución total, indirecta o acumulativa del orden.

La denominación propuesta no decidirá su clase. La jurisdicción constitucional examinará sustancia, alcance acumulado y efectos.

3. Materias permanentes

No podrán abolirse mediante enmienda o reforma:

1. La existencia soberana y continuidad histórica de Venezuela.

2. La supremacía de Dios reconocida por la Carta y el carácter cristiano, occidental e hispánico de la República.

3. La protección de la vida humana inocente desde la concepción.

4. El matrimonio entre un hombre y una mujer y la familia como institución anterior al Estado.

5. La responsabilidad individual, el debido proceso y la prohibición de culpa colectiva.

6. La propiedad privada, la libertad contractual y la prohibición de confiscación arbitraria.

7. La subordinación del poder a la Constitución, la Justicia y la responsabilidad.

8. La soberanía nacional y la prohibición de dominio extranjero.

9. El control civil y la neutralidad de las Fuerzas Armadas.

10. La prohibición de partido-Estado, policía política, milicias faccionales y culto personal.

11. Los límites inderogables de emergencia.

12. La continuidad y perpetuidad jurídica del orden constitucional de la República y la sujeción de su reforma a límites permanentes.

Una propuesta que pretenda abolir estas materias no será reforma, sino ruptura ilícita.

4. Derechos y arquitectura

Ninguna reforma utilizará una nueva etiqueta para producir lo que una cláusula permanente prohíbe.

El examen atenderá a efectos conjuntos, incluidos cambios simultáneos de selección, presupuesto, jurisdicción, sucesión, emergencia o datos que permitan capturar una institución aunque cada modificación parezca menor.

5. Oportunidad

No se iniciará ni decidirá una reforma durante:

1. Estado de excepción vigente.

2. Ocupación extranjera de parte sustancial del territorio.

3. Interrupción material del Congreso o la Justicia.

4. Vacancia presidencial sin Presidente definitivo.

5. Periodo de transición anterior a la entrada en vigor, salvo ajustes del propio proyecto constituyente por su procedimiento.

Deberán transcurrir noventa días desde la terminación de la causa para adoptar una reforma, salvo corrección puramente técnica destinada a restaurar una cláusula dañada por error material comprobado.

XVI. Procedimiento de enmienda y reforma

1. Iniciativa

Podrán presentar una propuesta:

1. El Presidente con concurrencia de seis consejeros.

2. Dos tercios de la totalidad de cualquiera de las cámaras.

3. Siete miembros del Consejo de Estado.

4. Dos tercios de las legislaturas de al menos seis estados.

5. Una iniciativa ciudadana respaldada por firmas verificables de ciudadanos acreditados en la proporción constitucional, distribuida territorialmente.

Ninguna iniciativa otorgará a su promotor control sobre la evaluación o adopción.

2. Memoria obligatoria

La propuesta incluirá:

1. Texto vigente y texto propuesto.

2. Problema comprobado.

3. Alternativas examinadas.

4. Efectos sobre poderes, derechos, territorio y hacienda.

5. Costos y transición.

6. Riesgos de captura.

7. Compatibilidad con materias permanentes.

8. Opiniones técnicas discrepantes.

3. Clasificación previa

La jurisdicción constitucional, mediante una sala integrada sin conflictos, clasificará la propuesta como enmienda, reforma o sustitución.

La decisión no juzgará conveniencia, pero impedirá fraccionamiento, acumulación engañosa o procedimiento inferior al exigible.

4. Deliberación pública

Toda propuesta tendrá un periodo no menor de ciento veinte días de publicación, comparecencias, objeciones y respuestas.

La urgencia política no abreviará el plazo. Las correcciones materiales sin efecto sustantivo podrán seguir un procedimiento simplificado documentado.

5. Enmienda técnica

La enmienda requerirá:

1. Aprobación por dos tercios de la totalidad de cada cámara.

2. Concurrencia de seis consejeros.

3. Revisión constitucional final.

4. Publicación con al menos sesenta días antes de su vigencia.

Cuando afecte directamente competencias territoriales requerirá además aprobación de dos tercios de las legislaturas de al menos seis estados.

6. Reforma estructural

La reforma requerirá:

1. Aprobación por dos tercios de la totalidad de cada cámara en dos deliberaciones separadas por al menos sesenta días.

2. Concurrencia de siete consejeros.

3. Aprobación de dos tercios de las legislaturas de al menos siete estados.

4. Examen por un Colegio Nacional de Reforma seleccionado temporalmente conforme a reglas de identidad, independencia, formación, territorio y diáspora.

5. Adopción por dos tercios de los integrantes del Colegio mediante voto personal, nominal y motivado.

6. Revisión limitada de integridad procedimental por la jurisdicción constitucional.

El Colegio se disolverá al concluir y no nombrará autoridades.

7. Unidad de materia

Cada enmienda o reforma tendrá unidad de propósito. No se agruparán cambios inconexos para obligar a aceptar unos como precio de otros.

Las propuestas separables recibirán decisiones separadas.

8. Rechazo

Una propuesta rechazada no se presentará de nuevo durante dos años salvo que la jurisdicción constitucional determine que el nuevo texto corrige materialmente las causas del rechazo y que una crisis objetiva exige nueva consideración.

No se cambiarán integrantes, umbrales o reglas durante el procedimiento para fabricar aprobación.

9. Archivo

El expediente conservará textos, estudios, financiamiento, comparecencias, votos, objeciones, decisiones y costos.

Las enmiendas se integrarán en una versión oficial consolidada sin borrar la redacción histórica.

XVII. Perpetuidad y restauración constitucional

1. Perpetuidad y agotamiento fundacional

La Constitución constituye el orden jurídico permanente del Estado. Conserva su vigencia ante su inobservancia material por fuerza, usurpación, ocupación o cualquier otro medio no autorizado. Ninguno de esos hechos constituye fuente de competencia o validez dentro de ella. El poder fundacional quedó consumado con la entrada válida en vigor definida en el artículo 15. La instalación progresiva, la subsistencia temporal de un órgano de garantía o custodia y la existencia de tareas pendientes no lo conservan ni permiten reactivarlo.

2. Soberanía constitucional y prohibición de reactivación

La soberanía nacional se organiza, expresa y ejerce jurídicamente mediante esta Constitución. La anterioridad histórica de la Nación no confiere a un órgano, mayoría o persona competencias superiores a ella ni permite suspender sus límites. Ningún referendo, convención, asamblea, tribunal, estado, autoridad civil o militar, movimiento o agrupación podrá atribuirse poder constituyente originario, reutilizar el Pacto fundacional o convocar un procedimiento de sustitución. La popularidad, unanimidad o fuerza material no crean esa competencia.

3. Control de reforma y crítica lícita

La enmienda y reforma sólo serán válidas dentro de las competencias, procedimientos y límites conferidos por esta Constitución. El control judicial comprenderá su integridad procedimental, los fundamentos permanentes y la elusión por efectos conjuntos o acumulados; no habilitará una sustitución ni atribuirá al tribunal potestad fundacional.

El ejercicio de actos dirigidos a sustituir o abolir este orden sin competencia constitucional será examinado conforme a los procedimientos y garantías aplicables. La crítica, la discrepancia y la formulación de una opinión o propuesta no constituyen, por sí solas, usurpación ni atribuyen poder constituyente a quien las expresa. La invalidez de una propuesta no produce automáticamente responsabilidad penal.

4. Investidura nacional restauradora

Ante la inobservancia constitucional por un medio no autorizado, todo venezolano capaz de actuar, dentro o fuera del territorio, tenga o no ciudadanía política y esté o no investido de función pública, queda habilitado y obligado a desconocer la usurpación y colaborar en la restauración de la eficacia de esta Constitución y de las autoridades legítimas. El deber se ejercerá conforme a la capacidad real, las garantías constitucionales, la necesidad y la proporcionalidad; no exige actos materialmente imposibles.

La investidura restauradora es fiduciaria, subsidiaria y limitada a restablecer el mismo orden. No confiere poder constituyente, soberanía individual, jurisdicción, potestad punitiva, confiscación, mando público general ni facultad para establecer milicias, tribunales o gobiernos paralelos. Cuando las autoridades legítimas conserven capacidad efectiva, la actuación restauradora cooperará con ellas dentro de sus competencias y de la sucesión constitucional.

5. Lealtad de las autoridades legítimas

Los titulares de funciones públicas, miembros de las Fuerzas Armadas, policías, fiscales, jueces y demás servidores tendrán un deber reforzado de lealtad constitucional. No obedecerán órdenes manifiestamente dirigidas a abolir o suspender la Constitución o consolidar una usurpación. Preservarán, dentro de sus competencias, responsabilidades y garantías, la continuidad de las instituciones legítimas.

Ningún usurpador derivará de esta Constitución competencia, inmunidad o legitimidad por el solo control material. Esa falta de título no extingue a Venezuela como Estado ni vuelve inexistentes todos los registros, relaciones civiles, actos o derechos surgidos durante la ruptura. Su preservación, revisión, invalidez o reparación corresponderán a las autoridades competentes, mediante examen individual, debido proceso y protección de terceros de buena fe. No se presume extinción general de obligaciones ni convalidación de actos ilícitos.

6. Extinción de la investidura extraordinaria

La investidura extraordinaria cesará respecto de cada función cuando su autoridad legítima recupere capacidad efectiva y se extinguirá íntegramente al restablecerse el orden constitucional. Ninguna demora, tarea pendiente, mérito de resistencia o amenaza futura permitirá retener competencias, cargos, inmunidades o privilegios extraordinarios.

Ninguna tarea pendiente, mérito de resistencia, popularidad o amenaza futura confiere derecho a conservar poder, privilegio, cargo o inmunidad extraordinarios.

7. Continuidad jurídica y revisión individual

La falta de título del usurpador no extingue a Venezuela ni anula colectivamente relaciones civiles, archivos, sentencias, contratos o derechos. Su revisión tiene causa individual, competencia, prueba, defensa, recurso y protección de terceros; no convalida ilícitos ni concede impunidad.

XVIII. Transición fundacional y legitimidad provisional

1. Finalidad simultánea

La transición impedirá al mismo tiempo la continuidad del régimen chavista y el colapso del Estado venezolano. Desmantelar estructuras de dominación no exigirá destruir servicios, archivos, conocimientos, relaciones civiles o personal técnico no comprometido con delitos.

2. Legitimidad limitada

La remoción de un gobernante, el control material, una negociación, el reconocimiento extranjero, la capacidad militar, la popularidad o la participación opositora no conferirán soberanía ni legitimidad definitiva.

La autoridad que legítimamente ejerza competencias públicas antes de T0 dependerá de la CRBV y del derecho aplicable; ningún Pacto privado habilita administración, mando, decomiso o gobierno paralelo. Las funciones de primera instalación descritas por la Constitución propuesta sólo podrán comenzar después de su entrada válida en vigor.

3. Primacía de la nación

Ningún gobierno interino, dirigente, fuerza armada, organización internacional, potencia extranjera, grupo opositor o Semper Honor podrá apropiarse unilateralmente de la soberanía nacional. La transición administrará necesidades y preparará la decisión; no reemplazará a la nación.

4. Pacto Constitucional y régimen provisional

Antes de promover la convocatoria constituyente se publicarán el proyecto de Bases Constituyentes, la propuesta de Constitución y sus fundamentos. El documento preparatorio definirá:

1. La estructura, competencias, controles y duración máxima de la autoridad provisional.

2. Las funciones permitidas y prohibidas.

3. Sucesión, incapacidad, remoción y responsabilidad.

4. Justicia, auditoría e integridad independientes.

5. Protección de derechos, servicios, archivos, Tesoro y registros.

6. Presupuesto, deuda, contratación y cooperación extranjera.

7. Seguridad, mando civil y desarme de estructuras irregulares.

8. Registro electoral, iniciativa, convocatoria y elección de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente conforme a la CRBV; eventuales consultas, garantías de impugnación, promulgación y publicación.

9. Calendario de primera instalación y transferencia.

10. Terminación automática de órganos y facultades extraordinarias.

Una administración pública transitoria posterior a T0 sólo podrá existir por habilitación de la nueva Constitución y de sus disposiciones transitorias. Ningún instrumento privado anterior conferirá mando, potestad presupuestaria, judicial, policial o militar.

5. Metas, plazos y control

El proyecto de Bases Constituyentes propondrá anticipadamente los hitos de convocatoria, registro, elección, deliberación, publicidad, eventual consulta y promulgación, siempre sometidos a la CRBV y las disposiciones electorales aplicables. No se introducirán umbrales privados como requisitos jurídicos obligatorios ni se modificarán las reglas después de conocerse resultados.

Toda demora será pública, motivada, limitada y revisable. No conferirá nuevas competencias, crédito de ciudadanía o preferencia para cargos definitivos.

6. Ausencia de mandato previo y privilegios

Semper Honor podrá proponer documentos, convocar especialistas, organizar discusión y defender públicamente su proyecto. No podrá sancionar, gobernar por su sola declaración, integrar obligatoriamente órganos transitorios, reservar puestos o decidir culpabilidades.

La participación como fundador, promotor, negociador, autoridad provisional, integrante de la Convención o miembro del Tribunal no concederá ciudadanía, crédito militar, inmunidad, cargo o preferencia.

XIX. Régimen de las autoridades provisionales

1. Administración de custodia

La autoridad provisional ejercerá una administración fiduciaria de custodia destinada a preservar, estabilizar, investigar y transferir.

No será propietaria del Estado, titular del poder constituyente ni beneficiaria residual de activos recuperados.

2. Facultades necesarias

Podrá, dentro del Pacto Constitucional y del instrumento transitorio subordinado:

1. Mantener servicios y seguridad.

2. Ejecutar un presupuesto temporal.

3. Cubrir encargadurías indispensables.

4. Proteger personas, archivos, bienes, fronteras y evidencia.

5. Suspender provisionalmente accesos de riesgo con revisión.

6. Solicitar asistencia extranjera limitada.

7. Iniciar auditorías y acciones judiciales.

8. Preparar registros y condiciones para el procedimiento constituyente.

9. Derogar reglamentos manifiestamente incompatibles cuando sea indispensable.

10. Proponer legislación transitoria dentro de controles.

3. Actos prohibidos

No podrá:

1. Promulgar unilateralmente la Constitución definitiva.

2. Declarar ciudadanía política permanente.

3. Otorgar cargos vitalicios definitivos fuera del procedimiento constitucional.

4. Enajenar activos estratégicos salvo necesidad excepcional autorizada y revisada.

5. Contraer deuda extraordinaria de largo plazo sin control reforzado.

6. Conceder amnistías generales o impunidad negociada.

7. Entregar territorio, mando, recursos o jurisdicción esencial al exterior.

8. Crear partidos oficiales, milicias, policía política o propaganda personal.

9. Destruir archivos o anular en bloque actos civiles.

10. Postergar el procedimiento constituyente para conservar poder.

4. Integración individual

Toda autoridad transitoria será examinada por identidad, competencia, patrimonio, conflictos, conducta, vínculos criminales o extranjeros y capacidad para cumplir la misión.

No habrá puestos reservados para negociadores, partidos, oposición reconocida, militares, empresarios, iglesias, organizaciones internacionales o promotores del proyecto.

5. Comisión Transitoria de Integridad

La Comisión prevista en el Libro VI podrá evaluar funciones sensibles, pero no nombrará por sí sola, juzgará delitos ni determinará la composición política de la transición.

Sus decisiones serán específicas, temporales, motivadas y judicialmente revisables.

6. Personal técnico

El personal que haya mantenido funciones ordinarias sin participar en delitos podrá continuar, recibir formación, ser reasignado o competir en el servicio profesional.

La continuidad no conferirá inmunidad. La separación no se fundará en afiliación nominal, parentesco, opinión o necesidad de sustituir una clientela por otra.

7. Mandos y encargadurías

Los mandos provisionales tendrán misión, plazo, inventario, evaluación y prohibición de nombrar sucesores personales.

No realizarán ascensos masivos, contratos prolongados, destrucción de expedientes o cambios doctrinales irreversibles salvo necesidad comprobada y autorización reforzada.

8. Conflicto con aspiraciones futuras

Quien controle una selección, investigación o acreditación no podrá ser simultáneamente aspirante en ella.

La renuncia previa no borrará información privilegiada, uso de recursos o conflictos; la autoridad de integridad impondrá separaciones y plazos proporcionales.

9. Cooperación internacional

La cooperación podrá apoyar seguridad, justicia, identificación, recuperación de activos, ciberseguridad, servicios, formación y observación.

Tendrá mandato venezolano, presupuesto, datos, inmunidades limitadas, duración, supervisión y salida. Ningún actor extranjero decidirá culpabilidades, redactará en secreto la Constitución ni administrará permanentemente Venezuela.

XX. Revisión de instituciones, actos, contratos y obligaciones heredados

1. Revisión por categorías

La transición no presumirá que todo acto producido desde 1999 sea válido ni que todo sea inexistente.

Cada categoría recibirá tratamiento según competencia, finalidad, fraude, derechos adquiridos, buena fe, seguridad jurídica y necesidad de continuidad.

2. Actos civiles ordinarios

Nacimiento, matrimonio reconocido, filiación, contratos privados, pagos, estudios, trabajo, sucesiones, títulos y demás relaciones civiles ordinarias conservarán eficacia provisional y presunción de continuidad.

Podrán impugnarse individualmente por fraude, falsedad, coacción, incompetencia u otra causa jurídica.

3. Actos administrativos

Las licencias, permisos, sanciones, nombramientos, concesiones y regulaciones serán clasificados como:

1. Ordinarios compatibles y continuables.

2. Defectuosos subsanables.

3. Provisionales sujetos a nueva evaluación.

4. Estratégicos sujetos a auditoría reforzada.

5. Ilícitos o fraudulentos impugnables ante la Justicia.

La autoridad publicará criterios y plazos. El silencio transitorio no convertirá un acto corrupto en derecho adquirido.

4. Sentencias y procesos

Las sentencias conservarán eficacia mientras no sean suspendidas o revisadas por la autoridad judicial competente.

La ley establecerá procedimientos prioritarios para condenas políticas, expropiaciones, ausencia de defensa, jueces subordinados, prueba fabricada, corrupción o violaciones graves. No habrá nulidad administrativa de sentencias ni absolución colectiva por decreto.

5. Nombramientos y servicio público

Los nombramientos heredados no conferirán derecho automático a permanecer ni presumirán culpabilidad.

Las funciones sensibles serán reacreditadas; las funciones técnicas podrán continuar bajo evaluación. Los pagos, prestaciones y derechos laborales legítimos se resolverán separadamente de la idoneidad para seguir ejerciendo autoridad.

6. Contratos y concesiones

Se examinarán autoridad, procedimiento, competencia, precio, contraprestación, beneficiario final, conflicto, corrupción, duración, cumplimiento y necesidad.

Podrá procederse a continuidad, renegociación, terminación, nulidad judicial, restitución o indemnización según el caso. No habrá repudio general de contratos ni protección de sobornos revestidos de formalidad.

7. Deuda pública

Toda deuda será inventariada y auditada. Se distinguirán obligaciones legítimas, defectos subsanables, deuda odiosa o fraudulenta impugnable y reclamaciones de terceros de buena fe.

La clasificación producirá decisión motivada, negociación o litigio conforme al Libro IX. La presión extranjera no sustituirá prueba ni la soberanía justificará incumplimiento indiscriminado.

8. Propiedad y expropiaciones

Los bienes confiscados, expropiados o transferidos mediante fraude serán rastreados y sometidos a procedimientos de restitución, compensación o recuperación.

Se protegerá al tercero de buena fe según conocimiento, precio, diligencia y vínculo. La víctima tendrá participación y la complejidad registral no legitimará apropiación.

9. Organizaciones y empresas públicas

Cada organismo, empresa, fondo, misión, fundación y estructura paralela será evaluado para:

1. Continuar una función necesaria.

2. Transferirla a la autoridad competente.

3. Privatizar activos comerciales mediante competencia.

4. Liquidar lo innecesario.

5. Preservar temporalmente infraestructura esencial.

6. Investigar patrimonio y responsables.

La denominación pública o política no decidirá el resultado; lo harán función, propiedad, costos, riesgos y legalidad.

10. Plazos y revisión

Cada programa de revisión tendrá prioridad, plazo, autoridad, recursos, publicación y recurso judicial.

La revisión no permanecerá abierta indefinidamente para chantajear propietarios, funcionarios o empresas.

XXI. Justicia de transición, víctimas, archivos y patrimonio ilícito

1. Justicia y no venganza

La justicia de transición identificará culpables, protegerá inocentes, reparará víctimas, recuperará bienes y documentará la captura. Se distinguen tres vías coercitivas: depuración administrativa e idoneidad, responsabilidad patrimonial y restitución, y responsabilidad penal. Verdad, archivos y memoria son funciones no punitivas; ninguna vía traslada automáticamente su estándar a otra.

No sustituirá prueba por relato político, invertirá la presunción de inocencia ni utilizará descendientes o localidades como responsables.

2. Legalidad penal

Las conductas se juzgarán mediante identificación judicial del delito, elementos, fuente, previsibilidad y pena temporalmente aplicables, con favorabilidad y garantías. La gravedad histórica, una categoría genérica de atrocidad o principios vagos no crean delitos o penas retroactivos; las penas capitales o perpetuas nuevas no alcanzan hechos anteriores.

La imprescriptibilidad y cambios de plazos exigirán identificar delito, acción, fuente y régimen temporal, sin surgir de etiqueta política. Se preservan prescripciones válidamente consumadas; las extinciones inexistentes o fraudulentas sólo se revisan por cauce válido. El patrimonio ilícito se recupera por su causa propia, sin revivir automáticamente acción penal prescrita.

3. Jurisdicción

Los procesos corresponderán a tribunales del sistema judicial nacional. Podrán organizarse divisiones por materia mediante reglas generales de competencia, integración y reparto anteriores a la asignación, con independencia, defensa y revisión. Ningún órgano cívico del proceso constituyente ni autoridad electoral tendrá jurisdicción penal o patrimonial por virtud del Pacto privado.

No existirán tribunales de vencedores, comisiones penales administrativas ni jueces nombrados para condenar personas predeterminadas.

4. Víctimas

Las víctimas tendrán derecho a:

1. Seguridad y trato digno.

2. Información sobre procedimientos.

3. Participación conforme a la ley.

4. Acceso a archivos pertinentes.

5. Protección de intimidad y testigos.

6. Restitución, compensación o rehabilitación cuando corresponda.

7. Decisión motivada sobre sus reclamaciones.

8. Memoria sin explotación partidista.

5. Archivos

Los archivos del régimen serán sellados, duplicados, inventariados, clasificados y puestos bajo custodia técnica y judicial. La custodia preservará información de cargo y de descargo con acceso pertinente, cadena verificable, contradicción y protección de víctimas, testigos y terceros.

Se distinguirán evidencia, información operativa vigente, expedientes políticos ilícitos, datos personales no pertinentes y documentos históricos. La destrucción requerirá norma, autoridad, acta y vencimiento de deberes probatorios.

6. Bienes ilícitos

La recuperación patrimonial exigirá trazabilidad, conexión con ilícito, contradicción y decisión judicial. La recuperación civil tendrá fundamento propio, vínculo probado con el bien, defensa y decisión judicial, con protección de terceros de buena fe; no ocultará una pena ni invertirá carga por parentesco, riqueza o silencio. Las cautelares serán temporales y revisables y no título definitivo de propiedad.

Podrán adoptarse medidas cautelares para impedir fuga o ocultamiento. La confiscación no sustituirá condena cuando esta sea exigible ni se extenderá a bienes legítimos por parentesco.

7. Colaboración y beneficios

La ley podrá reconocer cooperación eficaz, restitución, confesión corroborada, protección de víctimas y abandono real de estructuras criminales.

El beneficio será individual, motivado y proporcional. No cubrirá automáticamente delitos graves, ocultará autores principales ni convertirá pactos políticos en amnistías generales. No habrá inmunidad secreta o automática; todo beneficio será legal, individual, corroborado y judicialmente controlado. La extinción del órgano transitorio conserva causas y acciones válidas, transferidas a autoridad permanente antes del máximo de 120 meses.

8. Memoria nacional

La memoria servirá para establecer hechos, responsabilidades, víctimas, mecanismos y lecciones.

No mantendrá permanentemente una sociedad de vencedores y vencidos, ni transformará a una autoridad transitoria en autora oficial e infalible de la historia.

XXII. Ratificación nacional, entrada en vigor y primera instalación

1. Texto definitivo

El proyecto constitucional que se someta al trámite final válido, incluida eventual consulta ratificatoria, será íntegro, consolidado y acompañado por exposición de motivos, disposiciones transitorias y memorias sobre competencias, hacienda, territorio, derechos, riesgos e instalación. No habrá anexos secretos ni poderes añadidos después de la aprobación válida.

2. Publicación y deliberación

La versión definitiva se publicará con los plazos y garantías fijados por las bases y normas jurídicamente aplicables. Toda modificación sustantiva se informará a los interesados conforme a las exigencias válidas, con oportunidades efectivas de participación. Toda modificación sustantiva reiniciará el plazo respecto de la materia alterada. Existirán audiencias, propuestas, respuestas motivadas y mecanismos efectivos para territorio y diáspora.

3. Aprobación constituyente y eventual consulta ratificatoria

La aprobación del proyecto constitucional, incluida eventual consulta popular, se verificará mediante los procedimientos y garantías válidamente establecidos. Los umbrales de un Pacto privado no constituyen por sí mismos requisitos constitucionales.

La aprobación constituyente del texto no elegirá autoridades permanentes ni concederá ciudadanía, inmunidad, cargo o preferencia a integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, promotores, órganos de garantía o Semper Honor.

4. Verificación y proclamación

Las impugnaciones que puedan afectar el resultado constituyente serán tramitadas y resueltas por autoridades competentes conforme al derecho aplicable, con control del registro, escrutinio, integridad del texto, publicidad, conflictos e impugnaciones. No se presume la existencia de un Tribunal privado con competencia pública.

Las autoridades competentes no sustituirán mediante revisión arbitraria la decisión adoptada válidamente; resolverán las controversias según la competencia y el procedimiento legalmente aplicables. Resueltas las impugnaciones, la autoridad administrativa competente proclamará el resultado y ordenará la publicación íntegra.

5. Entrada en vigor

La Constitución entrará en vigor después de cumplir el procedimiento constituyente válidamente establecido y de su promulgación y publicación oficial. Si las bases jurídicamente aplicables exigen consulta ratificatoria y revisión de impugnaciones, estas condiciones deberán cumplirse. El texto declarará la continuidad jurídica internacional de Venezuela, precisará la sustitución del régimen de 1999 y organizará la recepción transitoria de normas compatibles. En ese mismo momento comenzará T0 y el plazo de ciento veinte meses.

6. Primera instalación de autoridades permanentes

Las disposiciones transitorias establecerán el orden, autoridad de selección, requisitos, plazo, juramento, inventario y control para instalar:

1. Jurisdicción constitucional y tribunales esenciales.

2. Presidente, Consejo de Estado y Secretarías.

3. Cámara de Ciudadanos y Senado Territorial, incluidas sus clases iniciales.

4. Fiscalía, Defensa Pública, Auditoría, integridad y demás autoridades independientes.

5. Fuerzas Armadas, policía e inteligencia separadas y sometidas a control.

6. Tesoro, contabilidad, presupuesto y régimen monetario.

7. Estados, municipios, diez capitales y sede federal.

8. Identidad, ciudadanía y procedimientos ordinarios de selección.

9. Revisión de contratos, actos, personal y archivos heredados.

Ninguna capacidad coercitiva o financiera permanente comenzará sin su contrapeso judicial, legislativo, fiscal o de auditoría indispensable.

7. Reglas de la instalación

Toda autoridad inicial deberá cumplir íntegramente los requisitos ordinarios o transitorios expresamente ratificados. La urgencia, participación fundacional o ejercicio provisional no permitirán nombramientos definitivos fuera del procedimiento, ciudadanía automática, reducción de estándares o duplicación ficticia de servicio.

Cada autoridad prestará juramento, declarará patrimonio e intereses, recibirá inventario y asumirá responsabilidad desde la entrega. Las encargadurías serán estrictamente limitadas y no podrán adoptar decisiones irreversibles destinadas a fabricar permanencia.

8. Continuidad normativa y administrativa

Las leyes, actos civiles y relaciones jurídicas anteriores continuarán provisionalmente en cuanto no contradigan la Constitución y hasta su revisión, sustitución o vencimiento. La falta de legislación de desarrollo no impedirá aplicar directamente las disposiciones suficientemente precisas.

9. Entrega, archivos y cuenta final

Las autoridades jurídicamente competentes que concluyan funciones y los órganos de primera instalación entregarán bienes, cuentas, contratos, personal, claves, expedientes, decisiones, riesgos e informes finales conforme a sus deberes legales; Semper Honor conservará por separado sus archivos privados de propuesta y observación., cuentas, contratos, personal, claves, expedientes, decisiones, riesgos e informes finales. Los archivos recibirán custodia permanente o eliminación segura conforme a finalidad, prueba, memoria y privacidad.

XXIII. Extinción transitoria y garantías de no repetición

1. Extinción automática

La Asamblea Nacional Constituyente concluirá sus funciones conforme al procedimiento y a las bases válidamente aplicables, sin que el Pacto de Semper Honor pueda imponer por sí solo extinción, jurisdicción o nuevas autoridades.

La Asamblea Nacional Constituyente y demás autoridades legalmente habilitadas concluirán sus actuaciones conforme a las bases y normas válidas. Las autoridades de primera instalación de la nueva Constitución empezarán en T0 y se extinguirán por transferencia de sus funciones o, definitivamente, al mes ciento veinte, sin auto-prórroga.

2. Cuadro de primera instalación y extinción

Naturaleza

Institución o función

Regla de instalación o terminación

Permanente

Constitución y jurisdicción constitucional

Entran en vigor según la cláusula ratificada y reciben tutela inmediata.

Permanente

Presidencia, Consejo de Estado, Congreso y Justicia

Se instalan por procedimientos ratificados, con juramento, inventario y requisitos completos.

Permanente

Autoridades independientes, Hacienda y sistema territorial

Se instalan escalonadamente con sus controles indispensables.

Permanente

Fuerzas Armadas, policía e inteligencia separadas

Se constituyen bajo mando civil, registros, presupuesto y control judicial y legislativo.

Extraordinaria

Asamblea Nacional Constituyente

Concluye su actuación de acuerdo con la CRBV y las bases válidas, sin atribuciones derivadas de un Pacto privado.

Extraordinaria

Autoridades electorales y judiciales competentes del proceso constituyente

Concluyen sus actuaciones conforme al derecho válido y a las obligaciones legales de archivo y custodia.

Extraordinaria

Autoridad provisional

Transfiere sus funciones desde T0 y termina dentro del plazo máximo de ciento veinte meses conforme a la nueva Constitución.

Extraordinaria

Registros, jurados y unidades fundacionales

Se cierran o transfieren únicamente las funciones ordinarias expresamente identificadas.

3. Prohibición de conversión automática

El control transitorio de una función no conferirá titularidad permanente, antigüedad constitucional, ciudadanía, crédito militar, preferencia, propiedad sobre expedientes o inmunidad. Los integrantes solamente podrán competir cuando cumplan requisitos, eliminen conflictos y no intervengan en su propia selección.

4. Terminación de facultades extraordinarias

Las facultades de emergencia, ocupación, intervención, congelación, contratación abreviada, acceso excepcional a datos y mando provisional cesarán expresamente. Toda función que deba continuar identificará su nueva autoridad, fundamento ordinario, archivos y controles.

5. Informe, auditoría y responsabilidad

La transición concluirá con informes sobre autoridades, periodos, presupuesto, deuda, contratos, bienes recuperados, personal, archivos, víctimas, cooperación extranjera, instituciones instaladas y facultades extinguidas.

La Auditoría y la Justicia conservarán competencia después de la disolución. La extinción del órgano no borrará responsabilidad de integrantes, contratistas o superiores.

6. Verificación de no repetición

Antes del cierre se comprobarán independencia judicial, separación de poderes, administración profesional, control civil de las Fuerzas Armadas, separación de defensa, policía e inteligencia, desarme de estructuras irregulares, transparencia, propiedad y contratos, acceso a archivos, prohibición de culto oficial y funcionamiento de sucesiones y servicios.

7. Reapertura limitada

La conclusión no impedirá investigar delitos, recuperar bienes ilícitos o corregir un acto concreto ante evidencia nueva. No permitirá reabrir categorías enteras sin fundamento individual ni conservar comisiones extraordinarias por conveniencia.

8. Lección institucional

La garantía de no repetición será una arquitectura que haga visible el poder, distribuya competencias, prepare sucesión, preserve justicia y obligue a desaparecer a las autoridades creadas únicamente para el tránsito.

XXIV. Riesgos institucionales y defensas

1. Emergencia permanente

Riesgo: encadenar declaraciones para gobernar ordinariamente mediante poderes extraordinarios.

Defensas: categorías taxativas, vigencia inicial de setenta y dos horas, concurrencia del Consejo, extensiones legislativas, plazos máximos, revisión judicial y terminación automática.

2. Autogolpe constitucional

Riesgo: utilizar una amenaza real o fabricada para cerrar controles, alterar sucesión o impedir remoción.

Defensas: límites inderogables, Congreso y tribunales activos, sucesión automática, autenticación de órdenes, resistencia institucional y responsabilidad personal.

3. Gobierno militar

Riesgo: que el mando armado asuma autoridad civil por controlar fuerza, comunicaciones o territorio.

Defensas: línea civil preestablecida, neutralidad militar, prohibición de juntas, cadenas separadas y delito de usurpación.

4. Dictadura sanitaria o tecnológica

Riesgo: invocar salud o ciberseguridad para imponer vigilancia, tratamiento, identidad, censura o control general de conductas.

Defensas: evidencia, finalidad, minimización, límites corporales, ausencia de obediencia supranacional automática, alternativas no digitales y revisión individual.

5. Saqueo de emergencia

Riesgo: utilizar urgencia para contratar aliados, desviar ayuda, requisar sin pagar o esconder beneficiarios.

Defensas: registro desde el inicio, beneficiarios finales, recibos, auditoría concurrente, vencimiento contractual, restitución y responsabilidad patrimonial.

6. Proscripción ideológica

Riesgo: prohibir organizaciones o personas mediante etiquetas, rumores, parentesco u opinión.

Defensas: causas materiales precisas, Fiscalía, tribunal independiente, prueba corroborada, defensa, decisión motivada y consecuencias individuales.

7. Organización sucesora encubierta

Riesgo: que una estructura chavista, criminal o extranjera cambie nombre y continúe operando.

Defensas: examen de continuidad material, financiamiento, dirección, bienes, métodos, comunicaciones y finalidad real.

8. Remoción faccional

Riesgo: convertir evaluación o responsabilidad en instrumento para destituir por discrepancia.

Defensas: causas diferenciadas, investigación independiente, prueba, votos reforzados, defensa, motivación y revisión judicial.

9. Vitalicidad convertida en propiedad

Riesgo: que la permanencia condicionada se transforme en inmunidad, sucesión personal o culto.

Defensas: planes, evaluación continua, vacancia por culpabilidad, remoción por causa, prohibición de nombrar sucesor y entrega obligatoria.

10. Reforma de captura

Riesgo: acumular cambios técnicos para dominar sucesión, Justicia, Congreso, datos o emergencia.

Defensas: clasificación sustantiva, examen de efectos acumulados, unidad de materia, deliberación pública y procedimiento estructural reforzado.

11. Constitución impuesta

Riesgo: que un gobierno provisional, negociación, potencia o mayoría circunstancial promulgue unilateralmente el nuevo orden.

Defensas: órganos constituyentes separados, deliberación pública, participación territorial y de la diáspora, adopción nacional reforzada y revisión de integridad.

12. Transición interminable

Riesgo: retrasar seguridad, justicia o procedimiento constituyente para conservar cargos provisionales.

Defensas: Estatuto público, metas temporales, revisión, incompatibilidades, extinción automática, transferencia y auditoría final.

13. Nulidad total y caos jurídico

Riesgo: declarar inexistente todo acto del régimen y destruir propiedad, familias, contratos, trabajo y servicios.

Defensas: clasificación por categorías, continuidad civil provisional, revisión individual, terceros de buena fe y Justicia competente.

14. Impunidad pactada

Riesgo: intercambiar paz, cargos o reconocimiento por amnistías generales y protección patrimonial.

Defensas: legalidad, investigación independiente, beneficios individuales y motivados, participación de víctimas y prohibición de impunidad política.

15. Purga colectiva

Riesgo: despedir, inhabilitar o perseguir por afiliación, empleo, parentesco o identidad.

Defensas: evaluación de conducta y competencia, continuidad técnica, Comisión de Integridad limitada, defensa y revisión judicial.

16. Captura extranjera de la transición

Riesgo: que ayuda, reconocimiento, deuda, seguridad o datos permitan a un actor exterior gobernar de hecho.

Defensas: mandato venezolano, publicidad, límites, supervisión, control de datos, terminación y prohibición de autoridad constituyente extranjera.

17. Borrado de archivos

Riesgo: destruir evidencia para proteger culpables o borrar datos incómodos bajo el nombre de depuración.

Defensas: copias forenses, cadena de custodia, clasificación, custodia conjunta, actas y sanción de destrucción.

18. Conversión de órganos temporales

Riesgo: que comisiones, consejos o colegios se conviertan en poderes permanentes o vías privilegiadas de acceso.

Defensas: misión taxativa, incompatibilidades, fecha de terminación, prohibición de conversión automática, archivo y rendición de cuentas.

19. Dependencia de un salvador

Riesgo: atribuir la supervivencia de Venezuela a una persona y debilitar sucesión, crítica y controles.

Defensas: culto oficial prohibido, instituciones documentadas, reservas de talento, sucesión civil y autoridad jurídica separada de la autoría doctrinal.

20. Reforma imposible y ruptura recurrente

Riesgo: hacer tan rígida la Constitución que toda corrección exija otra crisis fundacional.

Defensas: enmienda técnica, reforma estructural y sustitución diferenciadas, procedimientos exigentes pero utilizables y revisión constitucional de clasificación.

XXV. Tesis de defensa, reforma y transición

De este Libro proceden las siguientes tesis:

1. La emergencia existirá dentro de la Constitución y nunca por encima de ella.

2. Las facultades extraordinarias requerirán necesidad comprobable, finalidad, territorio, plazo y control.

3. La dificultad política o económica ordinaria no será por sí sola un estado de excepción.

4. La declaración presidencial tendrá vigencia inmediata limitada a setenta y dos horas.

5. La continuación hasta quince días requerirá concurrencia de seis consejeros.

6. Toda continuación posterior exigirá autorización legislativa reforzada.

7. Ninguna renovación será automática ni podrá apoyarse únicamente en la declaración anterior.

8. La jurisdicción constitucional revisará de oficio toda declaración de excepción.

9. El Congreso, la Justicia, la Fiscalía, la Defensoría y la Auditoría permanecerán operativos.

10. Ninguna emergencia abolirá la Constitución, reformará sus fundamentos o cerrará definitivamente sus controles.

11. La sucesión, evaluación, investigación y remoción de autoridades no podrán suspenderse.

12. La fuerza material no conferirá competencia civil ni derecho a gobernar.

13. Las Fuerzas Armadas no decidirán la sucesión política.

14. La vida inocente, la prohibición de tortura, la defensa y el juez permanecerán protegidos.

15. No habrá centros secretos, desaparecidos administrativos ni detención sin registro.

16. La crítica, el culto, la información y la conciencia privada no serán enemigos de emergencia.

17. No habrá confiscación general de propiedad ni de armas lícitas.

18. La emergencia sanitaria no impondrá obediencia automática a autoridades extranjeras o supranacionales.

19. Ninguna crisis autorizará experimentación, alteración sexual o recolección genética general de la población.

20. Las medidas sanitarias restrictivas serán necesarias, temporales, humanas y revisables.

21. Toda autoridad esencial tendrá sucesión, sedes, archivos, comunicaciones y procedimientos alternativos.

22. El control de una sede, plataforma, uniforme o medio no probará autoridad constitucional.

23. Los servicios esenciales conservarán operación degradada y acceso no digital.

24. La ayuda no dependerá de obediencia, religión, ciudadanía política o renuncia de propiedad.

25. La contratación urgente conservará responsable, precio, proveedor, beneficiario y auditoría.

26. La requisición será temporal, inventariada y justamente compensada.

27. Los datos recogidos para una crisis no se convertirán en expediente político o puntuación social.

28. La República podrá defenderse de organizaciones destinadas a destruir o capturar el orden constitucional.

29. La prohibición general de partidos será distinta de la proscripción judicial de una organización ilícita concreta.

30. Las estructuras destinadas a restaurar materialmente el partido-Estado chavista podrán ser proscritas judicialmente.

31. La proscripción se fundará en fines, medios, financiamiento, subordinación y actos comprobados.

32. Cambiar nombre o utilizar terceros no impedirá comprobar continuidad material.

33. La opinión, el voto pasado, el parentesco o la afiliación nominal no producirán culpabilidad.

34. La expresión «falsa oposición» no será una categoría penal autosuficiente.

35. La colaboración simulada deberá probarse mediante actos, conocimiento y beneficios verificables.

36. Ninguna autoridad administrativa o militar proscribirá definitivamente una organización por sí sola.

37. La sentencia distinguirá organización, responsables, terceros de buena fe, bienes y actividades lícitas separables.

38. Guerra, emergencia o transición no conferirán inmunidad a una alta autoridad.

39. Impopularidad, discrepancia lícita o resultado adverso no serán por sí solos causa de remoción.

40. Toda culpabilidad firme producirá pérdida obligatoria del cargo conforme al régimen constitucional.

41. La vitalicidad será continuidad condicionada y nunca propiedad del poder.

42. Ningún titular nombrará sucesor personal, modificará su remoción o utilizará emergencia para perpetuarse.

43. Los fundadores de Semper Honor podrán aspirar y ser seleccionados para cargos vitalicios si cumplen íntegramente los requisitos y el procedimiento constitucional; la condición fundacional no conferirá nombramiento automático, inmunidad ni derecho de sucesión.

44. La reforma constitucional permitirá corregir sin facilitar captura.

45. La enmienda técnica y la reforma estructural tienen procedimientos propios y límites permanentes; el exceso no habilita sustitución constitucional.

46. Los fundamentos permanentes de la Carta no podrán abolirse mediante una reforma ordinaria.

47. El efecto acumulado de cambios institucionales prevalecerá sobre su denominación formal.

48. No se reformará la Constitución durante una excepción, ocupación, interrupción institucional o vacancia presidencial provisional.

49. Toda reforma tendrá memoria, deliberación pública, unidad de materia, votos reforzados y archivo.

50. La reforma estructural requerirá concurrencia nacional y territorial, además de los poderes constituidos.

51. La fundación única se agota con entrada válida en vigor; la perpetuidad permite restaurar el mismo orden, sin futura potestad constituyente.

52. La propuesta de Pacto y Bases Constituyentes tiene objeto único de preparación y exposición del proceso conforme a la CRBV. No constituye poder autónomo ni otorga autorización privada para administrar el Estado. La Asamblea Nacional Constituyente y sus procedimientos cesarán conforme a las reglas constitucionalmente válidas; ninguna tarea pendiente prolongará potestades fundacionales luego de entrar en vigor la nueva Constitución.

53. Las consultas constituyentes, cuando jurídicamente procedan, no serán mecanismos ordinarios de gobierno ni conferirán autoridad pública a sus promotores.

54. La Asamblea Nacional Constituyente conocerá el texto y ejercerá las competencias válidamente atribuidas; Semper Honor no gobernará ni impondrá contenido constitucional por promover su proyecto.

55. Un rechazo nacional no permitirá imponer el texto, reducir reglas, cambiar participantes o repetir indefinidamente la consulta.

56. La transición impedirá simultáneamente continuidad del régimen y colapso del Estado.

57. Control territorial, reconocimiento extranjero, negociación o capacidad militar no conferirán legitimidad definitiva.

58. Toda autoridad anterior a T0 dependerá del orden jurídico vigente; las autoridades transitorias posteriores a T0 se sujetarán a las competencias de la nueva Constitución y al límite de ciento veinte meses.

59. Ningún actor transitorio o fundacional obtendrá ciudadanía, crédito militar, cargo permanente o preferencia por su participación.

60. Semper Honor propondrá y defenderá su proyecto sin proclamarse gobierno, tribunal o representación exclusiva.

61. Los actos civiles ordinarios conservarán continuidad provisional.

62. Sentencias, contratos, nombramientos, deuda y expropiaciones se revisarán por categorías y causas específicas.

63. No habrá nulidad automática de todo acto desde 1999 ni legitimación automática por apariencia formal.

64. El personal técnico será evaluado individualmente y podrá ser preservado cuando no haya participado en delitos.

65. La justicia de transición será justicia y no venganza de vencedores.

66. No se inventarán delitos retroactivos ni se transmitirán culpas a descendientes.

67. Las víctimas tendrán protección, participación, reparación y acceso legítimo a la memoria.

68. Los archivos del régimen serán preservados, clasificados y sometidos a custodia jurídica.

69. La recuperación de bienes ilícitos requerirá prueba, contradicción y decisión competente.

70. No habrá amnistías generales destinadas a intercambiar impunidad por estabilidad política.

71. El texto constitucional definitivo, su exposición y sus disposiciones transitorias serán íntegros, públicos y carentes de anexos secretos.

72. Las autoridades competentes verificarán el procedimiento constituyente conforme al derecho aplicable; ningún órgano privado tendrá competencia de certificación o invalidación electoral.

73. La entrada en vigor conservará provisionalmente las normas anteriores compatibles.

74. La primera instalación será escalonada, pero ninguna capacidad coercitiva o financiera funcionará sin sus controles esenciales.

75. La Asamblea Nacional Constituyente concluirá conforme al procedimiento válidamente aprobado; las autoridades transitorias posteriores a T0 se extinguirán por transferencia o al alcanzar el plazo máximo y no se convertirán por esa sola condición en poderes permanentes.

76. La terminación de la transición no impedirá investigar evidencia nueva ni recuperar patrimonio ilícito.

77. Las garantías de no repetición deberán verificarse mediante instituciones, archivos, controles y sucesiones en funcionamiento.

78. La República no dependerá de un salvador, una facción, una fuerza, una potencia ni una plataforma.

79. La defensa constitucional será firme porque distinguirá al enemigo comprobado del discrepante lícito.

80. La refundación solamente será legítima si sus promotores aceptan para sí mismos los límites que exigen a los demás.

La nueva República no se defenderá reproduciendo la arbitrariedad del régimen que pretende superar.

Actuará con fuerza cuando la nación sea atacada, con justicia cuando el poder sea capturado, con prudencia cuando deba preservar continuidad y con humildad cuando llegue el momento de entregar una función transitoria.

Ninguna emergencia convertirá al gobernante en soberano. Ninguna victoria convertirá al vencedor en dueño. Ninguna reforma convertirá a una generación en propietaria del futuro. Ninguna transición convertirá la participación de sus promotores en título automático, hereditario o extraconstitucional para gobernar Venezuela.

La Constitución sobrevivirá porque preparará su defensa, permitirá su corrección dentro de sus límites y ordenará su restauración legítima

Dios primero.

Honor siempre.

Venezuela eterna.