Libro IX — hacienda, patrimonio y orden económico constitucional

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En esta lectura

• I. Finalidad, alcance y conceptos fiscales
• II. Tesoro Nacional y administración de la Hacienda
• III. Verdad contable, cuentas nacionales e información fiscal
• IV. Presupuesto nacional y planificación fiscal
• V. Equilibrio fiscal, estabilización y corrección
• VI. Endeudamiento, garantías y sostenibilidad
• VII. Tributos, tasas y distribución de bases fiscales
• VIII. Administración tributaria y derechos del contribuyente
• IX. Libertad monetaria y pagos públicos
• X. Sistema financiero, ahorro, crédito y activos digitales
• XI. Propiedad, contratos, herencia y seguridad jurídica
• XII. Expropiación, ocupación temporal y cargas regulatorias
• XIII. Empresa, mercado, competencia y consumidores
• XIV. Trabajo, asociaciones laborales y mérito
• XV. Patrimonio nacional y empresas de propiedad pública
• XVI. Recursos naturales, renta extraordinaria y fondos nacionales
• XVII. Infraestructura, concesiones y asociaciones con el sector privado
• XVIII. Contratación pública y beneficiarios finales
• XIX. Comercio exterior, inversión y jurisdicción económica
• XX. Federalismo fiscal y coordinación territorial
• XXI. Auditoría, tecnología y responsabilidad fiduciaria
• XXII. Transición económica desde el régimen capturado
• XXIII. Riesgos institucionales y defensas
• XXIV. Tesis del Libro IX

Función constitucional del Libro

Este Libro organiza el Tesoro Nacional, el presupuesto, la contabilidad pública, los tributos, la deuda, la libertad monetaria, el sistema financiero, la propiedad, los contratos, el patrimonio nacional, los recursos naturales, las empresas públicas, las concesiones y la responsabilidad por la administración económica de la República.

Su finalidad será impedir que la riqueza venezolana vuelva a utilizarse como botín, mecanismo de dependencia, garantía de una facción o sustituto de la productividad. La Hacienda estará al servicio de las funciones constitucionales; no comprará obediencia, ocultará pérdidas, financiará propaganda ni trasladará irresponsablemente al futuro el costo de decisiones presentes.

La economía nacional no será una empresa propiedad del gobernante ni una cartera de activos disponible para liquidación política. La analogía fiduciaria servirá para exigir diligencia, verdad contable, conservación, resultados y responsabilidad. No convertirá a Venezuela en sociedad mercantil, a sus habitantes en accionistas o clientes ni al Presidente en dueño residual de la nación.

El orden económico se regirá por los siguientes principios:

1. Dios primero: ninguna utilidad económica justificará fraude, despojo, corrupción o destrucción del inocente.

2. Verdad contable: toda obligación, activo, ingreso, gasto, pérdida y riesgo público será registrado de manera íntegra y verificable.

3. Unidad del Tesoro: ningún órgano mantendrá cajas paralelas, ingresos propios ocultos o patrimonio fuera de presupuesto y auditoría.

4. Equilibrio ordinario: los gastos recurrentes se sostendrán con ingresos recurrentes y no con deuda, venta de activos o anticipos extraordinarios.

5. Deuda excepcional: solamente financiará causas constitucionales definidas, tendrá fuente de pago y no comprometerá soberanía.

6. Legalidad tributaria: no habrá tributo, recargo o carga equivalente sin ley previa, base conocida y recurso.

7. Libertad monetaria: no existirán Banco Central, moneda de curso forzoso ni emisión pública encubierta.

8. Propiedad protegida: la propiedad, la herencia, el ahorro y los contratos constituirán límites frente al poder.

9. Competencia: la prosperidad procederá ordinariamente de intercambio, iniciativa, inversión, innovación y precios libres.

10. Aplicación general de la ley: no se impondrá nivelación material ni se otorgarán privilegios económicos por identidad, relación o influencia.

11. Subsidiariedad: el Estado no producirá aquello que las personas y empresas puedan realizar legítimamente bajo competencia.

12. Patrimonio intergeneracional: la riqueza agotable se transformará parcialmente en activos duraderos para generaciones futuras.

13. Federalismo fiscal: cada nivel responderá por sus competencias, ingresos, deuda y resultados.

14. Publicidad: presupuesto, contratación, deuda, empresas y beneficiarios efectivos serán públicos salvo reserva estricta.

15. Responsabilidad personal: el funcionario responderá por dolo, corrupción, falsedad, negligencia grave y omisión culpable.

16. Tecnología instrumental: los sistemas aumentarán trazabilidad sin sustituir ley, autorización, juicio o auditoría humana.

17. Seguridad jurídica: las reglas no serán retroactivas, selectivas, contradictorias o modificadas para favorecer un caso.

18. Nación de propietarios: la política económica favorecerá que familias y personas puedan trabajar, ahorrar, invertir, emprender y adquirir patrimonio legítimo.

I. Finalidad, alcance y conceptos fiscales

1. Finalidad del orden económico

La República garantizará las condiciones jurídicas generales para que personas, familias, trabajadores, productores, inversionistas y empresas creen, intercambien, conserven y transmitan riqueza legítima.

No dirigirá centralmente producción, precios, crédito, consumo, residencia, profesión o inversión. Podrá establecer reglas generales contra fraude, violencia, coacción, incumplimiento, contaminación culpable, riesgos extraordinarios y monopolios creados o protegidos por el poder.

2. Hacienda pública

La Hacienda comprenderá los derechos, ingresos, obligaciones, gastos, activos, pasivos, riesgos y sistemas mediante los cuales la República cumple sus funciones económicas y financieras.

No pertenecerá al Gobierno de turno. Toda autoridad la administrará fiduciariamente frente a la nación y las generaciones futuras.

3. Patrimonio nacional

El patrimonio nacional comprenderá:

1. Bienes de dominio público.

2. Inmuebles y bienes muebles estatales.

3. Participaciones empresariales.

4. Recursos del subsuelo sometidos al dominio de la República.

5. Infraestructura y derechos contractuales.

6. Fondos, reservas e inversiones.

7. Propiedad intelectual y datos patrimoniales legítimos.

8. Créditos y derechos litigiosos.

9. Bienes recuperados por sentencia.

10. Patrimonio histórico, cultural y natural sometido a custodia pública.

La incorporación de un bien en el patrimonio nacional no determinará por sí sola que deba permanecer estatal, ser explotado directamente o resultar inalienable.

4. Ingreso recurrente

Será recurrente el ingreso que pueda esperarse razonablemente durante el horizonte fiscal sin vender activos, aumentar deuda, anticipar rentas futuras, recibir transferencias excepcionales o depender de recuperaciones judiciales imprevisibles.

La estimación será prudente, documentada y contrastada por la Oficina Presupuestaria del Congreso.

5. Gasto recurrente

Será recurrente toda obligación ordinaria de personal, operación, mantenimiento, transferencias permanentes, servicio continuo o programa cuya continuidad genere expectativa jurídica o necesidad previsible.

No se clasificará como inversión un gasto corriente solamente para eludir la regla de equilibrio.

6. Inversión pública

La inversión pública creará, ampliará o recuperará un activo o capacidad de vida útil verificable y superior al periodo presupuestario.

Cada inversión incluirá costo total, mantenimiento, riesgos, demanda, alternativas, responsable y criterio de terminación. La denominación de estratégica no sustituirá estas pruebas.

7. Deuda y obligación contingente

Constituirán deuda u obligación fiscal, cualquiera que sea su nombre:

1. Préstamos y bonos.

2. Garantías y avales.

3. Pagos diferidos.

4. Contratos con financiación incorporada.

5. Arrendamientos equivalentes a adquisición financiada.

6. Anticipos de regalías o ingresos.

7. Obligaciones de empresas públicas respaldadas explícita o materialmente.

8. Sentencias, pensiones y pasivos laborales reconocibles.

9. Asociaciones público-privadas con pagos futuros garantizados.

10. Cualquier compromiso que traslade costo cierto o probable a ejercicios posteriores.

La forma jurídica no ocultará la sustancia económica.

8. Sector público consolidado

Las cuentas nacionales consolidarán Gobierno, órganos constitucionales, fondos, fideicomisos, empresas controladas, territorios en lo aplicable y entidades que comprometan recursos públicos.

La consolidación eliminará transacciones internas para evitar duplicación, pero conservará responsabilidad y cuenta separada de cada entidad.

II. Tesoro Nacional y administración de la Hacienda

1. Unidad del Tesoro

Todos los ingresos nacionales ingresarán al Tesoro y todos los pagos se realizarán desde cuentas autorizadas, salvo fondos de custodia o separación expresamente establecidos por la Constitución o la ley.

Ninguna Secretaría, autoridad, misión, empresa, unidad militar, tribunal, oficina diplomática o contratista mantendrá ingresos propios fuera de registro, presupuesto y auditoría.

2. Secretaría de Hacienda

La Secretaría de Hacienda dirigirá la política fiscal y financiera del Ejecutivo.

Le corresponderá:

1. Preparar presupuesto y marco fiscal.

2. Administrar política tributaria dentro de la ley.

3. Coordinar Tesoro, deuda y activos.

4. Consolidar riesgos fiscales.

5. Supervisar empresas y participaciones estatales conforme a su régimen.

6. Presentar cuentas e informes.

7. Coordinar relaciones financieras internacionales autorizadas.

8. Proponer correcciones y planes de sostenibilidad.

El Secretario será alto cargo conforme al Libro III y responderá por veracidad, legalidad, supervisión y resultados, sin absorber competencias del Congreso, Auditoría, territorios o tribunales.

3. Tesorero General

El Tesorero General será el custodio profesional de caja, cuentas, pagos, cobros y operaciones autorizadas del Tesoro.

Será una autoridad financiera profesional, no un alto cargo del catálogo constitucional, abierta a hombres y mujeres legalmente elegibles. Será seleccionada mediante acreditación, comparación de planes, nombramiento presidencial y confirmación de tres quintas partes del Senado. Ejercerá un mandato único de doce años, no renovable y condicionado a eficiencia, integridad, aptitud y conservación de requisitos.

No decidirá políticas, creará gasto, alterará partidas, contratará deuda o retendrá pagos válidos por conveniencia política. Rechazará instrucciones sin crédito, competencia o documentación y dejará constancia inmediata.

4. Contador General

El Contador General dirigirá la contabilidad nacional, las normas del sector público, la consolidación y la Cuenta General de la República.

Será una autoridad contable profesional, no un alto cargo del catálogo constitucional, abierta a hombres y mujeres legalmente elegibles. Será seleccionada mediante acreditación, lista comparativa preparada por un jurado profesional, designación de la Cámara de Ciudadanos por tres quintas partes y confirmación del Senado por la misma mayoría. Ejercerá un mandato único de doce años, no renovable. El Presidente no controlará unilateralmente su nombramiento.

La separación entre Tesorero y Contador impedirá que quien custodia y paga sea quien certifique sin contraste la corrección de las cuentas.

5. Servicio profesional de Hacienda

Presupuesto, Tesoro, deuda, contabilidad, tributos, activos y contratación tendrán carreras profesionales de mérito, remuneración competitiva, rotación en puestos sensibles, declaraciones patrimoniales y formación continua.

Los puestos de confianza no controlarán cajas, conciliaciones, registros maestros, sistemas de pago, auditoría interna o valoración sin supervisión profesional.

6. Cuenta única y subcuentas

La Cuenta Única del Tesoro integrará liquidez sin confundir titularidades. Cada fondo, poder, programa y territorio conservará subcuentas, apropiaciones y restricciones identificables.

La centralización de caja no permitirá al Ejecutivo utilizar recursos judiciales, territoriales, intergeneracionales o de custodia para finalidades distintas.

7. Pagos

Todo pago requerirá:

1. Competencia.

2. Crédito presupuestario.

3. Obligación válida.

4. Recepción o condición cumplida.

5. Beneficiario identificado.

6. Autorizaciones separadas.

7. Registro contable.

8. Trazabilidad bancaria o equivalente.

El pago en efectivo será excepcional, limitado y documentado. La urgencia no eliminará identificación del receptor y rendición posterior.

8. Conciliación y cierre

Las cuentas se conciliarán periódicamente entre Tesoro, contabilidad, bancos, custodios y unidades ejecutoras.

Las diferencias tendrán responsable, plazo y escalamiento. Una partida pendiente no podrá mantenerse indefinidamente para ocultar pérdida, fraude o error.

9. Custodia y diversificación

Los fondos públicos se custodiarán mediante instituciones y sistemas seleccionados por seguridad, liquidez, costo, jurisdicción y riesgo.

La República evitará concentración innecesaria en un proveedor, moneda, país o plataforma. La custodia extranjera no transferirá propiedad, inmunidad o decisión sobre el uso legítimo de los recursos.

10. Prohibiciones

El Tesoro no podrá:

1. Financiar gasto sin ley y presupuesto.

2. Prestar discrecionalmente a funcionarios, empresas o territorios.

3. Crear dinero obligatorio.

4. Garantizar inversiones privadas sin autorización.

5. Mantener cuentas secretas personales.

6. Compensar obligaciones para ocultar pagos.

7. Utilizar fondos de terceros como ingreso.

8. Retener recursos territoriales por discrepancia política.

9. Pagar contratos sin beneficiario real declarado.

10. Sustituir control judicial o parlamentario.

III. Verdad contable, cuentas nacionales e información fiscal

1. Doble perspectiva contable

La República llevará simultáneamente:

1. Contabilidad de caja, para mostrar entradas y salidas efectivas.

2. Contabilidad patrimonial o de devengo, para reconocer activos, pasivos, costos, depreciación, obligaciones y riesgos cuando nazcan.

Ninguna de las dos sustituirá a la otra. El superávit de caja no ocultará deterioro patrimonial y el reconocimiento contable no autorizará gasto.

2. Normas públicas

El Contador General emitirá normas técnicas dentro de la ley, compatibles con comparabilidad internacional y particularidades constitucionales venezolanas.

Toda modificación se publicará con fundamento, transición, impacto y fecha. No se cambiará una norma retroactivamente para mejorar artificialmente resultados.

3. Plan de cuentas y datos

Existirá un plan común de cuentas, clasificadores presupuestarios, identificadores de entidades, contratos, activos, beneficiarios y fuentes de financiación.

Los sistemas conservarán separación funcional, minimización de datos personales, historial de cambios y posibilidad de auditoría. La interoperabilidad no creará una base general de vigilancia económica.

4. Estados financieros

La Cuenta General incluirá:

1. Estado de ejecución presupuestaria.

2. Estado de situación patrimonial.

3. Resultados y cambios del patrimonio.

4. Flujos de efectivo.

5. Deuda y garantías.

6. Pensiones y pasivos laborales.

7. Litigios y contingencias.

8. Empresas y fondos consolidados.

9. Recursos naturales e ingresos extractivos.

10. Activos en construcción o deteriorados.

11. Notas, políticas y estimaciones.

12. Comparación con metas y ejercicio anterior.

5. Inventario patrimonial

Todo bien tendrá entidad responsable, ubicación, título, valor, condición, uso, restricciones y fecha de verificación.

Los bienes sin título claro, ocupados, litigiosos, desaparecidos o deteriorados se clasificarán expresamente. No se inventarán valores para equilibrar cuentas o justificar enajenaciones.

6. Riesgos fiscales

El Ejecutivo publicará un informe anual sobre:

1. Escenarios de ingresos y gastos.

2. Variación de precios de recursos.

3. Riesgo de moneda y tasa.

4. Garantías y litigios.

5. Empresas públicas.

6. Pensiones.

7. Desastres y ambiente.

8. Asociaciones público-privadas.

9. Dependencias tecnológicas.

10. Pasivos no cuantificables con precisión.

La incertidumbre se explicará mediante rangos y supuestos; no se ocultará por no poder calcular una cifra exacta.

7. Responsabilidad por certificación

El Secretario de Hacienda, Tesorero, Contador y responsables de cada entidad certificarán dentro de su competencia que la información es completa y razonable.

La certificación de buena fe no garantizará ausencia absoluta de error. La falsedad consciente, omisión material, manipulación de estimaciones o impedimento de auditoría producirá responsabilidad.

8. Auditoría

La Auditoría General dictaminará anualmente las cuentas conforme al Libro VI.

La opinión adversa, abstención o salvedad material activará comparecencias, correcciones, responsabilidades y seguimiento. No autorizará al Auditor a ejecutar presupuesto o gobernar la Hacienda.

9. Datos abiertos

La información fiscal se publicará en formatos humanos y reutilizables, con series históricas, metodología, revisiones y firmas verificables.

La reserva protegerá datos personales, secretos comerciales legítimos, investigaciones o seguridad. No ocultará montos, finalidades, beneficiarios públicos, deuda, garantías o incumplimientos.

10. Registro resistente a alteraciones

Los sistemas podrán utilizar firmas digitales, sellos de tiempo, registros distribuidos u otras técnicas para demostrar integridad.

La Constitución no impondrá una tecnología específica. Todo sistema tendrá gobernanza, responsables, corrección de errores, exportación, continuidad y auditoría independiente.

IV. Presupuesto nacional y planificación fiscal

1. Presupuesto único

El presupuesto comprenderá todos los ingresos, gastos, inversiones, transferencias, fondos, empresas que reciban apoyo, garantías y obligaciones previstas del ejercicio.

No existirán presupuestos anexos capaces de gastar sin la misma autorización. Las partidas reservadas conservarán monto, finalidad, custodio y control especializado.

2. Iniciativa y aprobación

El Presidente presentará el proyecto preparado por Hacienda dentro del plazo del Libro IV. La Cámara de Ciudadanos lo examinará inicialmente y el Senado revisará sostenibilidad, territorio y estrategia.

El Congreso no aumentará el gasto total sin reducción equivalente o ingreso constitucionalmente válido. Tampoco adjudicará contratos o designará beneficiarios particulares.

3. Marco fiscal plurianual

El proyecto anual se acompañará de un marco de al menos cinco años que muestre:

1. Supuestos económicos.

2. Ingresos por fuente.

3. Gastos recurrentes y de capital.

4. Deuda y servicio.

5. Riesgos y garantías.

6. Fondos y reservas.

7. Empresas públicas.

8. Escenarios alternativos.

9. Regla de retorno al equilibrio.

10. Efectos territoriales e intergeneracionales.

El marco orientará decisiones y no autorizará gasto futuro por sí solo.

4. Estimaciones independientes

La Oficina Presupuestaria del Congreso estimará ingresos, costos, deuda y riesgos con acceso a datos verificables.

Las diferencias con Hacienda se publicarán antes de la decisión. El Congreso no estará obligado a escoger la cifra más baja o alta, pero motivará cualquier supuesto fuera de un rango técnicamente defendible.

5. Clasificación y programas

El presupuesto identificará gasto por institución, función, programa, naturaleza económica, territorio, fuente y resultado esperado.

Cada programa tendrá base legal, responsable, población o infraestructura servida, indicadores, costo total y fecha de evaluación. Las transferencias genéricas a organizaciones o personas se identificarán por regla y finalidad.

6. Presupuesto de inversión

Los proyectos de capital mostrarán etapas de diseño, adquisición, construcción, operación, mantenimiento y cierre.

No se iniciará una obra sin estimación de costo completo, disponibilidad de terrenos, permisos esenciales, financiación realista y responsable de operación. Las etapas podrán condicionarse a resultados anteriores.

7. Modificaciones

Las transferencias entre partidas procederán solamente dentro de límites legales.

Toda modificación indicará origen, destino, causa, efecto sobre objetivos y autoridad. Los cambios superiores al umbral o que creen una función nueva requerirán autorización del Congreso.

8. Reservas presupuestarias

Podrán existir reservas limitadas para contingencias, desastres, variación de precios y riesgos identificados.

Su uso tendrá condiciones objetivas, publicación, registro y auditoría. No serán fondos discrecionales del Presidente o del Secretario.

9. Gastos tributarios

Toda exención, deducción, crédito, tasa reducida o tratamiento preferente se registrará como gasto tributario estimado.

Cada beneficio tendrá finalidad, destinatarios definidos por regla general, costo, duración y evaluación. Expirará si no se renueva mediante ley después de examinar resultados.

10. Continuidad presupuestaria

Si el presupuesto no entra en vigor, operará la autorización provisional limitada del Libro IV.

La continuidad preservará funciones esenciales, excluirá programas vencidos, limitará gasto discrecional y no permitirá nuevas obligaciones permanentes. El desacuerdo político no autorizará gasto ilimitado ni cierre arbitrario de la República.

11. Cuenta de ejecución

Hacienda publicará mensualmente ejecución de caja y compromisos; trimestralmente, resultados, riesgos y proyecciones; anualmente, la cuenta completa.

Las desviaciones materiales exigirán explicación, corrección propuesta y atribución de responsabilidad. No se esperará al cierre para revelar un desequilibrio conocido.

V. Equilibrio fiscal, estabilización y corrección

1. Regla ordinaria

Los ingresos recurrentes financiarán los gastos recurrentes. El presupuesto ordinario deberá mantener equilibrio conforme a la Carta y al Libro IV.

La venta de activos, la deuda, los anticipos, las recuperaciones extraordinarias y la renta no recurrente no financiarán compromisos permanentes.

2. Déficit excepcional

El déficit solamente procederá ante:

1. Guerra o agresión.

2. Desastre mayor.

3. Colapso crítico de servicios.

4. Inversión estratégica excepcional autorizada.

5. Otra causa constitucional equivalente, concreta e imprevisible.

La autorización identificará causa, monto, duración, financiación, fuente de pago, medidas temporales y trayectoria de retorno.

3. Inversión estratégica excepcional

Una inversión no justificará déficit por ser grande, popular o denominada nacional.

Deberá demostrar vida útil superior al plazo de financiación, beneficio público verificable, ausencia de alternativa menos costosa, capacidad de mantenimiento, distribución razonable de riesgos y aprobación reforzada.

4. Estabilización

Los ingresos extraordinarios o superiores a la referencia prudente se destinarán prioritariamente a:

1. Reservas de estabilización.

2. Fondo Intergeneracional.

3. Reducción de deuda.

4. Pasivos reconocidos.

5. Inversión no recurrente autorizada.

No se utilizarán para aumentar automáticamente nómina, subsidios permanentes o transferencias clientelares.

5. Fondo Nacional de Estabilización Fiscal

Existirá un fondo separado del Fondo Intergeneracional para suavizar caídas temporales de ingresos y atender causas fiscales definidas.

La regla de depósito y retiro utilizará referencias públicas, precios y desviaciones verificables. Los retiros financiarán continuidad temporal, no gasto estructural sin corrección.

6. Corrección automática

Cuando las proyecciones muestren incumplimiento, el Ejecutivo presentará dentro de plazo:

1. Reestimación de ingresos.

2. Congelación de compromisos no esenciales.

3. Reducciones de gasto discrecional.

4. Reprogramación de inversiones no iniciadas.

5. Venta competitiva de activos no esenciales cuando resulte conveniente.

6. Reformas estructurales.

7. Propuesta tributaria solamente cuando las medidas anteriores no basten o resulte más responsable.

Las correcciones protegerán justicia, seguridad, defensa, obligaciones firmes y continuidad esencial sin convertir ninguna partida en intocable por interés político.

7. Cláusulas de escape

Toda suspensión temporal de la regla fiscal tendrá causa, indicadores de terminación, plazo, control del Congreso y revisión judicial de competencia.

La emergencia autoimpuesta, previsión deliberadamente falsa o simple caída de popularidad no serán causas válidas.

8. Responsabilidad intergeneracional

Toda propuesta relevante incluirá efecto sobre deuda, activos, mantenimiento, ambiente y capacidad fiscal de generaciones futuras.

La representación de quienes aún no han nacido no permitirá bloquear toda inversión; exigirá que el costo futuro corresponda a un beneficio duradero y no al consumo político presente.

VI. Endeudamiento, garantías y sostenibilidad

1. Finalidad excepcional

La deuda nacional solamente podrá financiar:

1. Defensa ante guerra o agresión.

2. Reconstrucción por desastre.

3. Infraestructura o capacidad estratégica de larga vida.

4. Refinanciación que reduzca costo o riesgo sin aumentar injustificadamente el principal.

5. Liquidez temporal dentro de una regla de retorno al equilibrio.

No financiará nómina ordinaria, propaganda, transferencias permanentes, pérdidas recurrentes de empresas, compras electorales o déficit estructural no corregido.

2. Autorización

Toda deuda tendrá ley o autorización presupuestaria específica con los elementos exigidos por el Libro IV.

La deuda extraordinaria, los compromisos que superen un mandato presupuestario o la garantía sobre activos estratégicos requerirán las mayorías reforzadas aplicables y dictamen previo de la Oficina Presupuestaria.

3. Límite y capacidad

La ley orgánica establecerá límites sobre:

1. Servicio respecto de ingresos recurrentes.

2. Deuda neta respecto de capacidad fiscal.

3. Vencimientos concentrados.

4. Riesgo de moneda y tasa.

5. Garantías y contingencias.

6. Dependencia de ingresos extractivos.

7. Activos líquidos disponibles.

8. Escenarios de crisis.

No se fijará un porcentaje aislado que invite a gastar hasta alcanzarlo. Los límites operarán conjuntamente y tendrán márgenes prudenciales.

4. Registro Nacional de Obligaciones

Toda deuda, garantía, contrato financiado, litigio material y obligación contingente ingresará al Registro antes de producir desembolso o validez frente a la República, salvo protección temporal por seguridad sometida a registro reservado.

El Registro publicará emisor, monto, moneda, plazo, interés, acreedor o agente, jurisdicción, garantías y servicio. La reserva no ocultará la existencia y magnitud agregada.

5. Garantías

La República no garantizará obligaciones privadas, territoriales o empresariales salvo ley específica, interés público demostrado, comisión basada en riesgo, límite, contragarantías y presupuesto del costo probable.

La garantía no será gratuita ni implícita por propiedad estatal. Toda empresa y acreedor conocerá si existe o no respaldo nacional.

6. Prohibiciones soberanas

Ningún contrato de deuda podrá:

1. Transferir territorio o soberanía.

2. Someter decisiones constitucionales generales a un acreedor.

3. Ceder ingresos tributarios sin límite y control.

4. Garantizar con bienes indispensables para justicia, defensa o continuidad.

5. Ocultar comisiones o beneficiarios.

6. Alterar la Constitución por cláusula contractual.

7. Crear una moneda obligatoria.

8. Impedir investigar corrupción o ilegitimidad.

7. Deuda de empresas y territorios

Las obligaciones de empresas públicas, estados y municipios no serán deuda nacional salvo garantía expresa y constitucionalmente autorizada.

La República no rescatará automáticamente a una entidad insolvente. La asistencia excepcional protegerá servicios esenciales, impondrá pérdidas y responsabilidades y no premiará cuentas falsas.

8. Gestión profesional

Una Oficina de Crédito Público dentro de Hacienda ejecutará la estrategia aprobada, comparará instrumentos, administrará vencimientos y publicará riesgos.

No recibirá incentivos por volumen emitido. Sus funcionarios declararán contactos, ofertas, comisiones y conflictos con intermediarios.

9. Refinanciación

La refinanciación comparará valor presente, moneda, tasa, vencimiento, garantías, jurisdicción y riesgo.

Una reducción temporal de cuota no justificará aumentar desproporcionadamente el costo total, entregar activos o ocultar pérdidas.

10. Reestructuración

Si la República no pudiera cumplir sosteniblemente, el Ejecutivo presentará al Congreso un plan público de reestructuración que preserve continuidad, el mismo trato para acreedores comparables, deuda legítima, activos esenciales y capacidad de recuperación.

No existirá repudio político general. Las obligaciones fraudulentas, simuladas, corruptas o sin contraprestación se impugnarán individualmente mediante prueba y debido proceso.

11. Cuenta de deuda

Hacienda informará trimestralmente emisiones, pagos, recompras, refinanciaciones, garantías, exposición y cumplimiento de límites.

Toda operación identificará quién decidió, asesoró, intermedió, recibió comisión y certificó legalidad.

VII. Tributos, tasas y distribución de bases fiscales

1. Principios

Todo tributo será:

1. Creado por ley.

2. General dentro de su categoría.

3. Simple y comprensible.

4. Previsible.

5. No retroactivo.

6. No confiscatorio.

7. Proporcional a una base legalmente definida.

8. Administrativamente verificable.

9. Compatible con propiedad, trabajo, ahorro e inversión.

10. Impugnable ante autoridad y tribunal independientes.

2. Reserva de ley

La ley definirá sujeto, hecho, base, alícuota o método, periodo, exenciones, pago, infracciones y recursos.

Un reglamento no ampliará el tributo, creará presunciones irrebatibles, cambiará retroactivamente la base o transformará una obligación formal en recaudación sustantiva.

3. Distribución federal inicial

Conforme al Libro VII, la asignación distinguirá:

1. Bases nacionales vinculadas con renta, comercio exterior y competencias soberanas.

2. Bases estatales vinculadas con consumo final, registros atribuidos y materias regionales.

3. Bases municipales vinculadas con propiedad inmueble, mejoras, servicios y actividades estrictamente locales.

4. Tasas por servicio o control dentro de cada competencia.

5. Participaciones en recursos e infraestructura.

La ley orgánica evitará doble imposición, cascadas y competencia basada en deuda o discriminación.

4. Visibilidad por nivel

Cuando una plataforma o base común recaude para varios niveles, la factura identificará separadamente base, alícuota, monto y beneficiario de cada uno.

La administración común no transferirá potestad tributaria ni permitirá que un nivel modifique ocultamente la carga de otro.

5. Tasas y contribuciones por mejoras

Una tasa corresponderá al costo razonable de un servicio, uso o control individualizable. No se utilizará para recaudar de manera general bajo otro nombre.

Una contribución por mejora se limitará al beneficio especial, será general entre propietarios comparables, se conocerá antes de la obra y tendrá recurso sobre valoración y cálculo.

6. Prohibiciones

No existirán:

1. Impuestos retroactivos.

2. Tributos confiscatorios.

3. Aduanas interiores.

4. Impuestos de salida o por mudanza.

5. Gravámenes sobre una moneda por el solo hecho de escogerla.

6. Permisos utilizados como impuesto oculto al trabajo.

7. Anticipos sin relación razonable con obligación probable.

8. Intereses o sanciones destinados a hacer imposible la defensa.

9. Exenciones personales concedidas por autoridad administrativa.

10. Tributos creados mediante inflación, devaluación o emisión obligatoria.

11. Cargas secretas incorporadas en contratos o plataformas.

12. Impuestos en cascada sobre ingresos brutos fuera de excepción constitucional precisa.

7. Ahorro e inversión

La legislación evitará gravar repetidamente la misma renta solamente por haber sido ahorrada, invertida, distribuida o transmitida dentro de una misma estructura económica.

No se tributará una revalorización no realizada como si constituyera ingreso disponible, salvo reglas precisas contra simulación o realización jurídica encubierta con capacidad real de pago.

8. Familia y herencia

La tributación reconocerá que la familia administra patrimonio, cuidado y responsabilidades entre generaciones.

No destruirá mediante una carga confiscatoria la vivienda familiar, una empresa productiva en funcionamiento o una explotación transmitida legítimamente. Las reglas contra fraude no presumirán ilícita toda planificación familiar.

9. Neutralidad

Los tributos no se utilizarán para castigar opiniones, religiones, estilos de vida lícitos, residencia regional, tipo familiar legítimo o falta de afiliación.

La ley podrá diferenciar por base, capacidad, riesgo o finalidad objetiva, no por identidad política o favor.

10. Temporalidad y evaluación

Todo tributo extraordinario tendrá causa, límite, fecha de expiración y destino. No se convertirá automáticamente en permanente.

La legislación tributaria se revisará periódicamente para eliminar costos de cumplimiento, duplicaciones, privilegios y gravámenes que recauden menos valor del que destruyen.

VIII. Administración tributaria y derechos del contribuyente

1. Servicio Nacional de Ingresos

La administración de los tributos nacionales corresponderá a un Servicio Nacional de Ingresos profesional, apartidista y sujeto a la ley, a la Auditoría General, a la justicia y al control legislativo.

Su director será seleccionado mediante concurso público de mérito y designado por el Presidente con aprobación de tres quintos del Senado. Tendrá periodo fijo, incompatibilidades estrictas y remoción motivada por causa legal.

2. Carta del contribuyente

Toda persona tendrá derecho a:

1. Conocer de manera sencilla la obligación que se le atribuye.

2. Recibir notificación previa y suficiente.

3. Acceder al expediente y a las pruebas.

4. Ser oída y asistida por defensor o asesor.

5. Obtener una decisión escrita y motivada.

6. Impugnar la liquidación ante una autoridad distinta y luego ante un juez independiente.

7. Pagar solamente lo establecido por ley.

8. Recibir devolución o compensación oportuna de lo pagado en exceso.

9. Ser tratada con respeto y sin presunción general de fraude.

10. Exigir confidencialidad y responsabilidad por el uso indebido de sus datos.

3. Determinación y cumplimiento

El sistema favorecerá declaraciones comprensibles, pagos digitales o presenciales accesibles, prellenado voluntario cuando sea posible y resoluciones anticipadas para operaciones complejas.

Ninguna instrucción, formulario o algoritmo podrá ampliar la obligación creada por la ley.

4. Fiscalización

Las auditorías se seleccionarán mediante criterios objetivos de riesgo, muestreo o denuncia verificable. La autoridad documentará el inicio, alcance y duración estimada de cada actuación.

Las entradas forzosas, incautaciones, interceptaciones o accesos a información protegida requerirán orden judicial, salvo entrega voluntaria o excepción constitucional inmediata.

5. Prueba, sanciones y buena fe

Corresponderá a la Administración demostrar los hechos que sustentan una liquidación sancionatoria. El contribuyente deberá aportar la información que razonablemente se encuentre bajo su control.

El error excusable, la interpretación razonable de una norma ambigua y la corrección espontánea recibirán trato distinto del ocultamiento, la simulación o el fraude deliberado.

Las sanciones serán proporcionales al daño, la ventaja obtenida, la reincidencia y la culpabilidad.

6. Prescripción

La ley establecerá plazos breves y ciertos para determinar y cobrar obligaciones. El fraude probado, la identidad simulada o la ocultación deliberada podrán justificar un plazo especial, sin convertir toda obligación fiscal en perpetua.

7. Devoluciones

El crédito fiscal reconocido será pagado, compensado o aplicado dentro del plazo legal. La demora injustificada devengará interés a favor del contribuyente en condiciones equivalentes a las exigidas por el Estado.

8. Defensor del Contribuyente

Dentro de la Defensoría de la Persona existirá un Defensor del Contribuyente, independiente del Servicio Nacional de Ingresos, con facultad para recibir denuncias, exigir respuestas, recomendar correcciones sistémicas y acudir a la jurisdicción competente.

No sustituirá al juez ni podrá dispensar obligaciones legales.

9. Datos tributarios

La información tributaria solamente se utilizará para la finalidad autorizada por ley. Su entrega a autoridades políticas, partidos, empresas o gobiernos extranjeros requerirá fundamento legal específico, necesidad comprobada, trazabilidad y las garantías aplicables.

No existirá un expediente económico secreto destinado a clasificar la lealtad o reputación política de las personas.

10. Automatización y revisión humana

Las decisiones automatizadas serán explicables, auditables y revisables por un funcionario responsable. Ninguna persona sufrirá embargo, cierre, sanción o restricción de derechos por una inferencia algorítmica sin notificación y posibilidad efectiva de contradicción.

IX. Libertad monetaria y pagos públicos

1. Principio monetario

Venezuela no tendrá Banco Central ni moneda de curso forzoso.

Las personas podrán escoger libremente los medios lícitos con los cuales contratar, fijar precios, pagar, ahorrar, invertir y llevar sus cuentas privadas.

2. Prohibiciones monetarias

Ninguna autoridad podrá:

1. Obligar a aceptar una moneda privada o pública para extinguir obligaciones no pactadas en ella.

2. Financiar gasto mediante creación monetaria sin respaldo.

3. Monetizar directa o indirectamente deuda pública.

4. Imponer controles generales de cambio.

5. Prohibir una moneda lícita para proteger un instrumento favorecido por el gobierno.

6. Crear mediante otro nombre una institución con poderes equivalentes a los de un Banco Central.

7. Alterar unilateralmente la unidad de pago de una deuda válidamente contraída.

3. Unidad de cuenta fiscal

La ley podrá establecer una unidad de cuenta fiscal para preparar presupuestos, comparar obligaciones y consolidar estados financieros.

Esa unidad será una referencia contable transparente. No constituirá moneda de curso forzoso ni impedirá que el pago se realice en cualquiera de los medios aceptados por la ley tributaria, aplicando una regla pública de conversión.

4. Contratos monetarios

Los tribunales harán cumplir la moneda, unidad de valor, índice o mecanismo de conversión pactado por las partes, salvo fraude, imposibilidad material o contradicción constitucional.

Cuando el contrato guarde silencio, la ley determinará una regla supletoria previsible según el lugar, la práctica y la naturaleza de la obligación.

5. Cobros y pagos del Estado

El Tesoro publicará los medios que acepta y utiliza, las fuentes de precio, las horas de corte y las reglas de conversión. No discriminará arbitrariamente a una persona por la moneda lícita escogida.

Las remuneraciones, pensiones contractuales, proveedores y devoluciones se pagarán en el medio convenido o en uno de valor equivalente conforme a ley previa.

6. Instrumentos públicos de pago

La República podrá utilizar certificados o instrumentos digitales para agilizar cobros y pagos solamente cuando:

1. Sean voluntariamente aceptados.

2. Representen una obligación identificable del Tesoro.

3. Estén íntegramente respaldados por activos líquidos segregados.

4. Sean redimibles conforme a reglas públicas.

5. No financien déficit ni multipliquen crédito.

6. Se sometan a auditoría continua.

No gozarán de privilegio de curso legal.

7. Infraestructura monetaria privada

Podrán operar bancos, cámaras de compensación, custodios, redes de pago, emisores de activos estables y otras instituciones privadas conforme al Libro X.

La autorización pública acreditará cumplimiento de requisitos; no representará garantía estatal de solvencia, precio o redención.

8. Integridad monetaria

La falsificación, la doble disposición fraudulenta, la manipulación de reservas, la emisión engañosa y la apropiación de activos custodiados serán sancionadas como conductas individualmente probadas.

La pérdida de valor de un activo, por sí sola, no constituirá delito. Sí podrán constituirlo la falsedad contable, el engaño deliberado, la malversación y el incumplimiento doloso de una obligación fiduciaria.

X. Sistema financiero, ahorro, crédito y activos digitales

1. Libertad de intermediación

Las personas podrán ahorrar, prestar, invertir, asegurar riesgos, custodiar activos y prestar servicios financieros bajo formas lícitas diversas.

La regulación se justificará por custodia de bienes ajenos, asimetría material de información, riesgo de fraude, interconexión operativa o promesas de redención. Será proporcional a la actividad y no a la preferencia tecnológica del regulador.

2. Autorización y competencia

La autorización financiera será objetiva, temporalmente decidida y recurrible. No limitará artificialmente el número de competidores ni protegerá a instituciones existentes.

Las entidades con actividades equivalentes estarán sujetas a responsabilidades equivalentes, sin impedir regímenes simplificados para operaciones pequeñas o de bajo riesgo.

3. Verdad sobre reservas y riesgo

Toda institución que reciba activos o prometa redención declarará con precisión:

1. Quién es propietario de los activos.

2. Cómo se custodian.

3. Qué reservas mantiene.

4. Qué riesgos de plazo, precio, liquidez y contraparte asume.

5. Si presta o vuelve a comprometer los activos.

6. Qué prioridad tendrá el cliente en insolvencia.

7. Qué garantía privada existe, si alguna.

La reserva fraccionaria, la inversión de depósitos o cualquier estructura semejante no se presumirá ilícita cuando haya consentimiento informado, contabilidad verdadera y capital adecuado al riesgo.

4. Separación patrimonial

Los activos recibidos en custodia no integrarán el patrimonio propio del custodio, salvo pacto expreso que cambie la naturaleza jurídica de la relación.

La confusión deliberada de patrimonios, el uso no autorizado y la falsedad sobre reservas producirán responsabilidad civil, administrativa y penal.

5. Solvencia y resolución

La ley establecerá requisitos de capital, liquidez, administración de riesgos y continuidad proporcionales. También dispondrá procedimientos rápidos de intervención judicial, transferencia ordenada, concurso o liquidación.

Las pérdidas corresponderán primero a accionistas e inversionistas que asumieron el riesgo, luego a acreedores según su prelación. No habrá rescates políticos ni garantía pública implícita.

6. Garantías y seguros privados

Podrán existir fondos mutuales, seguros de depósito y garantías contractuales privados. Sus límites, reservas, exclusiones y fuentes de pago serán públicos.

La República no socializará pérdidas privadas salvo obligación legal previa, específica y financiada.

7. Crédito

El precio, plazo y garantías del crédito serán pactados libremente. La ley impedirá fraude, violencia, cláusulas ocultas y ejecución abusiva, pero no fijará ordinariamente tasas ni distribuirá crédito por mandato político.

Los bienes dados en garantía serán ejecutados mediante procedimiento expedito, verificable y respetuoso de la defensa.

8. Activos digitales

Los activos digitales, registros distribuidos, contratos automatizados y sistemas de tokenización recibirán reconocimiento jurídico conforme a su función real.

La tecnología no transformará una deuda en propiedad, una promesa en reserva ni una inversión riesgosa en dinero garantizado. La denominación comercial no sustituirá el análisis jurídico y contable.

9. Innovación regulada

El régimen de experimentación del Libro X permitirá probar servicios bajo límites de escala, tiempo, usuarios y exposición.

La experimentación no dispensará fraude, apropiación, ocultamiento de riesgos ni deberes de custodia.

10. Prevención de delitos financieros

Las obligaciones de identificación, trazabilidad y reporte se dirigirán a riesgos definidos de corrupción, narcotráfico, terrorismo, trata, legitimación de capitales y delitos equivalentes.

No justificarán vigilancia financiera general, congelación indefinida sin juez ni intercambio político de datos. Toda inmovilización urgente será revisada judicialmente en plazo breve.

11. Insolvencia

El orden concursal procurará preservar valor, distinguir fracaso de fraude, permitir reorganización viable y liquidar con rapidez lo inviable.

El fracaso empresarial honesto no creará incapacidad civil permanente. El ocultamiento de activos, la preferencia fraudulenta y la contabilidad falsa sí producirán responsabilidad.

XI. Propiedad, contratos, herencia y seguridad jurídica

1. Propiedad privada

Toda persona podrá adquirir, usar, disfrutar, transformar, arrendar, gravar, transmitir y defender bienes lícitos.

La propiedad comprende bienes corporales e incorporales, vivienda, tierra, empresa, ahorro, acciones, crédito, invenciones, datos patrimoniales y demás intereses reconocidos por ley.

2. Titulación y registro

La República mantendrá registros interoperables, públicos en lo necesario, seguros y auditables. El registro no será un instrumento para vigilar opiniones ni para sustituir la posesión legítima sin proceso.

La transición realizará un programa nacional de catastro, titulación y resolución de cadenas documentales deterioradas, con especial protección al tercero de buena fe.

3. Protección posesoria

Nadie será desalojado, desposeído o privado de control material mediante acto administrativo secreto. Las medidas urgentes contra violencia o invasión serán revisadas por un juez en plazo breve.

La ley distinguirá ocupación de necesidad, posesión prolongada de buena fe, fraude documental e invasión organizada, sin convertir el paso del tiempo en título automático sobre bienes obtenidos mediante violencia o corrupción.

4. Libertad contractual

Las partes podrán determinar el contenido, moneda, jurisdicción, garantías, remedios y forma de sus contratos dentro de la ley.

La ley protegerá capacidad, consentimiento, información esencial y cumplimiento. No reescribirá retroactivamente obligaciones para favorecer a una categoría política o económica.

5. Cumplimiento y remedios

El acreedor tendrá derecho a cumplimiento, restitución, resolución, indemnización o ejecución de garantía según la naturaleza de la obligación. El deudor conservará defensa, prueba y protección frente a cobros fraudulentos o duplicados.

Los procedimientos comerciales podrán ser especializados y abreviados, sin sacrificar juez independiente ni revisión.

6. Herencia

Las personas podrán transmitir su patrimonio por testamento, contrato sucesorio permitido o reglas legales supletorias.

La ley protegerá los deberes familiares, la vivienda y la continuidad de empresas productivas, sin convertir la herencia en privilegio político ni presumir ilegítimo el patrimonio acumulado honestamente.

7. Propiedad intelectual

La ley protegerá invenciones, obras, marcas y secretos empresariales mediante derechos temporales, definidos y compatibles con la competencia, la investigación y el dominio público.

No se crearán monopolios perpetuos sobre ideas generales, hechos, métodos abstractos o conocimiento que deba permanecer libre.

8. Privacidad patrimonial

La titularidad no será secreta frente al juez, la autoridad fiscal competente o la investigación penal legítima. Tampoco será objeto de exposición indiscriminada cuando ello produzca riesgos de secuestro, extorsión o persecución.

La ley equilibrará transparencia de beneficiarios finales, seguridad personal y debido proceso.

9. Propiedad extranjera

Los residentes y extranjeros gozarán de protección civil sobre bienes y contratos conforme a la Constitución. La ley podrá reservar por razones de soberanía la propiedad o control de zonas fronterizas, infraestructuras críticas o recursos determinados.

Las restricciones serán generales, públicas y revisables; no se crearán mediante presión informal o discriminación retroactiva.

XII. Expropiación, ocupación temporal y cargas regulatorias

1. Regla general

La expropiación será excepcional y solamente procederá por necesidad pública específica comprobada, mediante ley, acto individual motivado, debido proceso e indemnización justa, previa y efectiva.

No se utilizará para transferir un bien de una persona a otra por influencia, conveniencia empresarial o favoritismo político.

2. Procedimiento

Antes de ocupar el bien, la autoridad deberá:

1. Identificar la finalidad pública concreta.

2. Demostrar que no existe una alternativa menos lesiva razonable.

3. Delimitar exactamente el bien o derecho necesario.

4. Notificar a titulares y ocupantes.

5. Permitir prueba y contradicción.

6. Obtener decisión judicial cuando exista oposición.

7. Pagar o depositar la indemnización exigible.

3. Valoración

La indemnización comprenderá el valor de mercado, mejoras legítimas, daños directos, costos razonables de traslado y pérdida comprobada causada por la separación del bien.

La valoración será independiente, contradictoria y expresada en una unidad estable. No se impondrá al propietario un instrumento depreciado o de redención incierta.

4. Reversión

Si el bien no se destina a la finalidad declarada dentro del plazo legal, se abandona o se transfiere para un propósito distinto, el anterior propietario tendrá derecho preferente de recuperación en condiciones justas y verificables.

5. Ocupación temporal

La guerra, desastre o peligro inmediato podrá justificar ocupación temporal estrictamente necesaria. La autoridad documentará inventario, duración, uso y daños, pagará compensación y devolverá el bien al cesar la causa.

La urgencia no autorizará apropiación definitiva sin el procedimiento ordinario.

6. Expropiación regulatoria

Una regulación general de seguridad, salubridad, ambiente, uso territorial o convivencia no producirá indemnización solamente porque reduzca una expectativa de ganancia.

Procederá compensación cuando la autoridad prive materialmente de todo uso lícito razonable, imponga a un propietario una carga que corresponde al erario o al público o utilice la regulación como sustituto deliberado de la expropiación.

7. Licencias y permisos

La revocación de una licencia no transferirá propiedad al Estado. Cuando la persona haya realizado inversiones razonables sobre una autorización válida, la decisión deberá respetar confianza legítima, transición y remedios proporcionales, salvo fraude o peligro grave.

8. Confiscación y decomiso

La confiscación arbitraria estará prohibida.

El decomiso solamente recaerá sobre instrumentos, productos o beneficios de un delito individualmente probado, mediante decisión judicial. Los terceros de buena fe tendrán audiencia, defensa y restitución.

XIII. Empresa, mercado, competencia y consumidores

1. Libertad de empresa

Toda persona legalmente capaz podrá iniciar, organizar, financiar, transformar y cerrar una actividad económica lícita.

La autorización previa será excepcional y se justificará solamente por riesgos concretos para la vida, la integridad, el ambiente, la seguridad, la custodia de bienes ajenos o una infraestructura crítica.

2. Entrada y salida

Los registros empresariales serán declarativos, digitales o presenciales, de costo razonable y decisión rápida.

Ninguna autoridad limitará el número de competidores, reservará mercados a aliados, exigirá demostrar necesidad económica o condicionará una licencia a recomendaciones personales o partidistas.

La persona podrá cerrar o trasladar su actividad, pagando obligaciones legítimas, sin impuesto de salida ni permiso político.

3. Precios y producción

Los precios, salarios privados, cantidades, calidades y métodos de producción serán determinados ordinariamente por contratos y competencia.

La ley no impondrá controles generales de precios, márgenes, ganancias o producción. Durante una emergencia constitucional podrá establecer reglas temporales contra acaparamiento fraudulento, colusión o explotación de una posición creada por el propio Estado, con alcance, evidencia y expiración definidos.

4. Mercado como descubrimiento

El orden económico reconoce que el conocimiento sobre necesidades, costos, oportunidades y riesgos está distribuido entre millones de personas.

La planificación pública coordinará las funciones propias del Estado y sus inversiones; no sustituirá el proceso de descubrimiento empresarial ni ordenará centralmente la economía.

5. Competencia

La República impedirá privilegios legales, barreras de entrada, colusión, fraude, coerción y abuso de poderes concedidos por el Estado.

El tamaño, la eficiencia, la integración o el éxito de una empresa no constituirán por sí solos una infracción. Toda medida correctiva requerirá conducta probada, daño identificable, decisión motivada y revisión judicial.

6. Monopolios

No se crearán monopolios privados o públicos salvo exclusividad técnica temporal indispensable para una red o concesión, adjudicada competitivamente y sujeta a acceso, precio, calidad y expiración.

Cuando la tecnología permita competencia, la exclusividad deberá cesar.

7. Consumidores

La protección del consumidor se fundamentará en verdad, consentimiento, seguridad, garantía y remedios efectivos.

Se sancionarán la publicidad deliberadamente falsa, la adulteración, el ocultamiento de riesgos materiales, la facturación no consentida y la venta de bienes peligrosos bajo representación engañosa.

La autoridad no sustituirá de manera general las decisiones informadas del adulto ni prohibirá un producto lícito solamente porque pueda ser usado irresponsablemente.

8. Normas técnicas

Las normas obligatorias se limitarán a riesgos demostrables y, cuando sea posible, admitirán equivalencias técnicas y certificación competitiva.

Las asociaciones privadas podrán crear estándares más exigentes, sin convertirlos automáticamente en barreras legales.

9. Formas empresariales

La ley reconocerá sociedades, cooperativas, fundaciones, fideicomisos, empresas familiares, asociaciones temporales y otras formas voluntarias.

La limitación de responsabilidad no amparará fraude, descapitalización deliberada, confusión patrimonial ni daño personalmente cometido.

10. Quiebra y segunda oportunidad

La salida ordenada de empresas inviables liberará capital y trabajo para usos productivos. El régimen concursal protegerá créditos, preservará unidades viables y permitirá al empresario honesto recomenzar después de cumplir el procedimiento.

XIV. Trabajo, asociaciones laborales y mérito

1. Libertad de trabajo

Toda persona tendrá derecho a escoger profesión, oficio, empleador, lugar y modalidad de trabajo dentro de la ley.

No habrá trabajo forzoso, adscripción ocupacional, colegiación obligatoria injustificada ni permiso político para producir, sin perjuicio de los deberes constitucionales de servicio y de las consecuencias laborales de una sentencia penal conforme al Libro V.

2. Contrato laboral

Empleador y trabajador podrán pactar remuneración, horario, funciones, duración, lugar, beneficios y mecanismos de terminación.

La ley garantizará consentimiento, pago de lo acordado, información esencial, seguridad frente a riesgos graves, descanso pactado y remedios contra violencia, fraude o retención ilícita.

3. Diversidad contractual

Se reconocerán empleo permanente, temporal, por proyecto, aprendizaje, trabajo independiente, remoto, familiar y por plataformas.

La denominación no ocultará una relación distinta de la real. La autoridad atenderá control efectivo, dependencia económica, riesgo y autonomía, no solamente el nombre del contrato.

4. Asociaciones laborales

Trabajadores y empleadores podrán asociarse voluntariamente bajo el derecho común.

Ninguna asociación tendrá afiliación o cuota obligatoria, financiamiento público ordinario, monopolio de representación, inmunidad frente a delitos ni poder para impedir trabajar a quien no pertenezca a ella.

5. Negociación y huelga

La negociación laboral conjunta obligará a quienes libremente estén representados conforme a reglas previamente conocidas.

La huelga pacífica será lícita dentro de los contratos y la ley. No autorizará violencia, ocupación de bienes, coacción contra no participantes ni interrupción de servicios esenciales sin garantías mínimas de continuidad.

Los militares, policías, jueces y demás cuerpos cuya paralización comprometa inmediatamente la soberanía o la justicia estarán sujetos a un régimen especial de controversias y no ejercerán huelga.

6. Mérito y aplicación general de la ley

Fuera de las condiciones constitucionales especiales, la selección profesional corresponderá a capacidad, experiencia, responsabilidad, resultados y acuerdo de las partes.

No habrá cuotas identitarias ni preferencias políticas impuestas. La ley impedirá el fraude documental, la represalia ilícita y la exclusión contraria a derechos civiles expresamente protegidos.

7. Seguridad y prevención

Las obligaciones de seguridad laboral se basarán en peligros objetivos, tamaño y naturaleza de la actividad. Favorecerán prevención, seguro, capacitación y corrección antes que formalismo inútil.

El daño causado por negligencia o incumplimiento deliberado producirá reparación y las demás responsabilidades correspondientes.

8. Servicio público

El trabajo en el Estado se regirá además por el sistema profesional del Libro V. No existirá propiedad personal sobre el cargo, ascenso automático por antigüedad ni inamovilidad que proteja incompetencia, corrupción o insubordinación.

XV. Patrimonio nacional y empresas de propiedad pública

1. Naturaleza del patrimonio

El patrimonio nacional es el conjunto de bienes, derechos, participaciones, recursos, reservas, infraestructuras y créditos pertenecientes a la República.

Será administrado como fideicomiso constitucional al servicio de la nación presente y de las generaciones futuras. Esta responsabilidad fiduciaria no transforma a Venezuela en sociedad mercantil ni a los venezolanos en accionistas o clientes.

2. Inventario nacional

El Contador General mantendrá un inventario consolidado, georreferenciado cuando corresponda, que identifique:

1. Bienes de uso soberano.

2. Bienes de dominio y acceso público.

3. Infraestructuras y redes.

4. Recursos y derechos de explotación.

5. Participaciones empresariales.

6. Inmuebles administrativos.

7. Bienes culturales e históricos.

8. Activos financieros, créditos y garantías.

9. Bienes incautados o sujetos a litigio.

10. Bienes ociosos, redundantes o susceptibles de disposición.

El inventario indicará titular, custodio, uso, estado, valor, cargas, ingresos, costos y restricciones.

3. Clasificación y régimen

La ley distinguirá bienes inalienables por su función constitucional, bienes de dominio público afectos a uso general, activos estratégicos, activos productivos y bienes patrimoniales disponibles.

La inalienabilidad será excepcional y específica. No protegerá indefinidamente empresas ineficientes, inmuebles ociosos ni estructuras capturadas.

4. Custodia

Cada bien tendrá un custodio institucional responsable. La pérdida, deterioro, cesión informal, ocupación tolerada o uso partidista deberá ser reportado y corregido.

Los bienes públicos no podrán emplearse en propaganda personal, campañas electorales, beneficio familiar o actividad privada no contratada.

5. Disposición de activos

La venta, arrendamiento, concesión, aporte o permuta de un activo material requerirá valoración independiente, publicidad, competencia y explicación de su conveniencia.

Los activos de especial relevancia nacional necesitarán autorización legislativa reforzada conforme a su categoría. El producto de una venta extraordinaria no financiará gasto recurrente.

6. Empresas públicas

La propiedad empresarial del Estado será excepcional. Solamente se justificará por una función soberana inseparable, una infraestructura en la cual la competencia sea temporalmente imposible, una transición ordenada o una inversión estratégica autorizada de manera expresa.

Cada empresa pública tendrá:

1. Objeto limitado y plazo de revisión.

2. Junta profesional seleccionada por mérito.

3. Contabilidad separada.

4. Estados financieros auditados.

5. Política pública de dividendos y reinversión.

6. Prohibición de proselitismo y empleo clientelar.

7. Aplicación tributaria, laboral y competitiva uniforme frente a empresas privadas equivalentes.

8. Registro de contratos, deuda, garantías y beneficiarios finales.

9. Metas operativas verificables.

10. Plan de continuidad, transformación, venta o liquidación.

7. Ausencia de privilegio soberano

Una empresa pública no ejercerá potestad tributaria, policial, regulatoria o judicial. Tampoco recibirá monopolio por el solo hecho de pertenecer al Estado.

Las obligaciones de la empresa no serán deuda de la República salvo garantía expresa, presupuestada y registrada.

8. Evaluación periódica

La Oficina Presupuestaria, la Auditoría General y la autoridad sectorial evaluarán cada empresa al menos una vez por año.

Cuando la finalidad pueda cumplirse mejor mediante competencia, regulación limitada, concesión o contratación, la propiedad estatal deberá reducirse o terminar.

9. Empresas heredadas

Ninguna empresa creada antes de la nueva Constitución será elevada por su nombre a institución permanente.

Las empresas petroleras, mineras, eléctricas, industriales, financieras o de servicios heredadas serán auditadas, separadas de funciones soberanas y sometidas individualmente a reestructuración, apertura competitiva, concesión, privatización o liquidación.

10. Patrimonio cultural y natural

Los bienes históricos, archivos, monumentos y espacios naturales de valor excepcional recibirán un régimen de custodia compatible con conservación, acceso responsable y participación de instituciones civiles.

Su protección no se utilizará para confiscar sin compensación derechos legítimamente adquiridos.

XVI. Recursos naturales, renta extraordinaria y fondos nacionales

1. Titularidad y aprovechamiento

Los recursos del subsuelo pertenecientes al dominio público serán administrados por la República en nombre de la nación.

La titularidad pública no exige monopolio estatal de exploración, producción, transformación, transporte o comercialización. Tales actividades podrán ser privadas, mixtas o concesionadas mediante contratos claros, temporales y competitivos.

2. Información y medición

Todo contrato de recursos identificará reservas estimadas, volúmenes, calidad, precios de referencia, costos reconocibles, regalías, tributos, obligaciones ambientales, infraestructura, beneficiarios finales y reglas de cierre.

La medición física y financiera será independiente, interoperable y auditable. La nación no venderá lo que no puede medir.

3. Adjudicación

Las licencias y concesiones se adjudicarán por competencia pública, salvo causa técnica excepcional publicada y revisable.

Los criterios combinarán valor para la nación, capacidad operativa, seguridad, experiencia, velocidad responsable, protección ambiental y transferencia legítima de conocimiento. No se decidirán por nacionalidad política, soborno o cercanía al poder.

4. Distribución de ingresos

La participación pública neta derivada de regalías, bonos, rentas o dividendos extraordinarios de recursos naturales se distribuirá inicialmente de la siguiente manera:

1. Cuarenta por ciento al Tesoro Nacional.

2. Veinte por ciento al estado productor.

3. Diez por ciento a los municipios directamente afectados.

4. Veinte por ciento al Fondo Intergeneracional Nacional.

5. Diez por ciento a restauración ambiental e infraestructura de las zonas afectadas.

La ley establecerá método, calendario, auditoría y ajustes técnicos sin alterar estas proporciones salvo reforma constitucional o decisión prevista por la Constitución.

5. Fondo Intergeneracional Nacional

El Fondo Intergeneracional tendrá patrimonio separado, gobierno profesional, custodios independientes y auditoría pública.

Su finalidad será convertir riqueza agotable en patrimonio diversificado y productivo para generaciones futuras. No financiará el presupuesto ordinario, campañas, empresas favorecidas, rescates, garantías políticas ni proyectos seleccionados por interés partidista.

6. Gobierno del Fondo

La dirección del Fondo corresponderá a una junta de periodos escalonados, seleccionada mediante mérito, experiencia fiduciaria, independencia y control de conflictos.

Sus integrantes responderán por dolo, falsedad, provecho indebido y negligencia grave. No responderán por una pérdida de mercado compatible con el mandato, los límites de riesgo y la información disponible.

7. Política de inversión

La cartera será diversificada por activo, moneda, jurisdicción, sector y contraparte. Evitará concentración en deuda de la propia República, empresas públicas nacionales o proyectos cuya rentabilidad dependa de favores políticos.

La política de inversión, costos, custodios, riesgos y resultados será pública. La transparencia respetará el momento de ejecución necesario para no perjudicar operaciones legítimas.

8. Retiros

El principal no podrá pignorarse, anticiparse ni retirarse para cubrir déficits.

La ley podrá autorizar el uso limitado de rendimientos reales consolidados para finalidades intergeneracionales específicas, mediante regla estable, aprobación reforzada y preservación del valor real del Fondo.

9. Fondo Nacional de Estabilización Fiscal

El Fondo Nacional de Estabilización Fiscal será distinto del Fondo Intergeneracional. Recibirá excedentes cíclicos de la participación del Tesoro y fuentes legalmente asignadas, sin alterar las cuotas del artículo 740 para los estados, municipios, restauración e inversión intergeneracional. Mantendrá activos líquidos, custodia separada y reglas automáticas de depósito y retiro para compensar caídas temporales y emergencias fiscales autorizadas.

Tendrá regla automática de depósito, límite de acumulación, condiciones objetivas de retiro y reposición posterior. No será una cuenta extrapresupuestaria discrecional.

10. Obligaciones ambientales

El operador constituirá garantías suficientes para cierre, restauración y daños previsibles. La obligación ambiental seguirá al responsable y no se transferirá silenciosamente al público o a la localidad afectada.

La evaluación distinguirá daño comprobado de oposición ideológica a toda explotación. La protección ambiental no ocultará extorsión administrativa ni la producción justificará contaminación impune.

11. Localidades y territorio

Las poblaciones directamente afectadas recibirán información, audiencia, protección de propiedad, infraestructura pactada y acceso a remedios.

La consulta no transferirá soberanía ni creará veto privado general; obligará a conocer, responder, mitigar y compensar afectaciones concretas conforme a la ley.

XVII. Infraestructura, concesiones y asociaciones con el sector privado

1. Finalidad

La infraestructura nacional servirá a la integración territorial, la seguridad, la producción, el comercio, la energía, el agua, las comunicaciones y el Ancla Sur.

Su planificación transformará racionalmente el medio físico sin convertir toda obra en empresa estatal ni justificar construcción sin demanda, mantenimiento o utilidad pública comprobable.

2. Preparación de proyectos

Antes de comprometer recursos se publicarán:

1. Necesidad y alternativas.

2. Demanda estimada.

3. Diseño funcional.

4. Costo de ciclo de vida.

5. Riesgos técnicos, ambientales, jurídicos y financieros.

6. Régimen de propiedad y acceso.

7. Fuente de pago.

8. Efecto territorial.

9. Plan de mantenimiento.

10. Indicadores de resultado.

3. Modalidades

La República podrá contratar obra, operación, mantenimiento, arrendamiento, concesión, sociedad de proyecto u otra asociación legítima.

La modalidad elegida asignará cada riesgo a quien pueda administrarlo mejor y evitará ocultar deuda pública dentro de contratos privados.

4. Competencia y contrato

Las concesiones serán competitivas, temporales, auditables y reversibles al concluir el plazo.

El contrato definirá inversión, tarifas, calidad, cobertura, acceso, mantenimiento, información, seguros, causas de terminación, compensaciones, transferencia y solución de controversias.

5. Potestades indelegables

El concesionario no adquirirá soberanía, jurisdicción penal, potestad tributaria, poder policial general ni capacidad de dictar normas obligatorias fuera del servicio contratado.

La seguridad operativa interna no sustituirá a la policía legítima.

6. Tarifas y usuarios

Cuando el usuario pague directamente, la tarifa y su fórmula serán conocidas antes de adjudicar. Toda modificación obedecerá a variables verificables y tendrá revisión independiente.

Los subsidios que la ley decida otorgar serán explícitos, presupuestados y portables cuando sea posible; no se ocultarán obligando al operador a prestar indefinidamente sin compensación.

7. Acceso a redes

Las redes esenciales podrán someterse a interconexión o acceso no discriminatorio cuando exista imposibilidad económica de duplicación y ello sea técnicamente seguro.

La regulación procurará competencia sobre la red y revisará periódicamente si la exclusividad sigue siendo necesaria.

8. Modificaciones

Las adendas que alteren materialmente precio, plazo, riesgo o objeto requerirán nueva evaluación, publicidad y, cuando cambien la esencia de la competencia, nueva licitación.

No se adjudicará barato para renegociar luego en secreto.

9. Continuidad y terminación

Los contratos preverán sustitución temporal del operador ante incumplimiento grave, insolvencia o emergencia, con control judicial y protección de acreedores legítimos.

La terminación no producirá enriquecimiento injusto del Estado ni blindará al contratista frente a sus propias faltas.

10. Corredores del Ancla Sur

Los proyectos vinculados al Ancla Sur integrarán infraestructura física, digital, energética, logística y de seguridad mediante obligaciones recíprocas, métricas y límites de soberanía.

La cooperación extranjera no entregará control permanente sobre territorio, puertos, datos críticos o decisiones nacionales.

XVIII. Contratación pública y beneficiarios finales

1. Principio de contratación

Toda compra pública buscará satisfacer una necesidad legítima con competencia, calidad, oportunidad, costo total razonable y responsabilidad verificable.

La contratación no será instrumento de financiamiento partidista, enriquecimiento familiar, reparto territorial o recompensa política.

2. Plataforma nacional

Existirá una plataforma abierta e interoperable que publique planificación, convocatoria, preguntas, ofertas, evaluación, adjudicación, contrato, adendas, pagos, avances, recepción y sanciones.

Los datos esenciales estarán disponibles en formatos legibles por personas y máquinas.

3. Planificación

Cada órgano publicará un plan anual de adquisiciones vinculado al presupuesto. Las compras no previstas explicarán su necesidad y fuente de financiamiento.

La fragmentación deliberada para eludir controles será infracción grave.

4. Beneficiarios finales

Todo oferente revelará sus propietarios y beneficiarios finales, controlantes, intermediarios remunerados, conflictos de interés y participación de funcionarios o familiares alcanzados por la ley.

La información será verificable por las autoridades y pública en lo necesario para controlar corrupción, sin exponer datos personales irrelevantes para la finalidad.

5. Evaluación

Los criterios y ponderaciones se conocerán antes de recibir ofertas. La autoridad evaluará capacidad, experiencia, costo total, calidad, plazo, riesgo y cumplimiento anterior.

No alterará requisitos después de conocer a los participantes ni utilizará especificaciones diseñadas para un proveedor sin justificación técnica.

6. Excepciones

La contratación directa solamente procederá por exclusividad técnica demostrada, seguridad clasificada, urgencia real, continuidad indispensable u otra causa legal precisa.

La excepción será temporal, documentada, auditada y publicada tan pronto cese la razón legítima de reserva.

7. Integridad

Los responsables declararán intereses y se abstendrán cuando exista conflicto. El soborno, la colusión, la comisión oculta, la oferta simulada y la facturación falsa producirán nulidad, reparación, inhabilitación y responsabilidad individual.

La inhabilitación contractual tendrá duración proporcional, decisión motivada y revisión judicial.

8. Ejecución

Ningún pago se realizará sin evidencia de entrega, hito o anticipo garantizado. Los supervisores responderán por certificaciones falsas o tolerancia dolosa de incumplimientos.

Las garantías no impedirán corregir defectos ni sustituir al contratista cuando la continuidad sea esencial.

9. Denunciantes y fiscalización ciudadana

La persona que revele de buena fe evidencia de fraude, conflicto o desviación recibirá protección frente a represalia y un canal seguro de seguimiento.

La denuncia no sustituirá la prueba ni autorizará difamación, filtración de secretos legítimos o condena pública anticipada.

10. Compras de defensa y seguridad

La reserva por seguridad nacional protegerá capacidades, fuentes y operaciones, no precios, beneficiarios finales, obligaciones financieras ni legalidad.

Una comisión legislativa habilitada y la Auditoría General tendrán acceso completo bajo deber de confidencialidad.

XIX. Comercio exterior, inversión y jurisdicción económica

1. Apertura desde la soberanía

Venezuela comerciará y recibirá inversión desde su identidad occidental, cristiana y soberana.

La apertura no significará subordinación normativa; la soberanía no será pretexto para arbitrariedad, aislamiento o incumplimiento de la palabra dada.

2. Aduanas

Los aranceles serán simples, públicos, generales y preferentemente bajos. Su finalidad será fiscal, de seguridad o de respuesta comercial autorizada, no la protección indefinida de empresas incapaces de competir.

No existirán licencias de importación o exportación discrecionales, salvo bienes estratégicos, peligrosos, ilícitos o sujetos a obligaciones constitucionalmente válidas.

3. Facilitación del comercio

Las aduanas utilizarán declaración previa, perfiles de riesgo, inspección no intrusiva, despacho rápido y trazabilidad.

La mercancía no será retenida para obtener pagos informales ni destruida sin procedimiento, prueba y oportunidad de defensa.

4. Capital y pagos internacionales

Las personas podrán introducir, mantener, convertir y retirar capital lícito.

Las restricciones solamente procederán por orden judicial, sanción legal individualizada, prevención de un delito concreto o emergencia constitucional temporal. No habrá control general de cambios ni confiscación por salida.

5. Inversión extranjera

El inversionista extranjero tendrá acceso a propiedad, contratación y justicia conforme a su condición civil. Deberá cumplir las mismas leyes tributarias, ambientales, laborales, de competencia y seguridad aplicables a una empresa nacional equivalente.

No adquirirá facultades soberanas, inmunidad penal, garantía automática ni derecho a capturar una regulación futura legítima.

6. Sectores reservados y control extranjero

La ley podrá reservar o limitar por razones estrictas de soberanía el control de defensa, inteligencia, infraestructura crítica, comunicaciones estratégicas, fronteras, datos sensibles o activos semejantes.

La revisión será técnica, motivada, temporal y judicialmente revisable. No se utilizará para extorsionar, favorecer competidores nacionales o discriminar por enemistad política.

7. Contratos y arbitraje

La República podrá consentir arbitraje comercial o de inversión mediante cláusula expresa y limitada. El consentimiento identificará materia, derecho aplicable, sede, transparencia y ejecución.

Ningún funcionario comprometerá por sí solo potestades constitucionales, recursos no autorizados o inmunidad soberana fuera del marco legal.

8. Sanciones económicas

Las sanciones, bloqueos o exclusiones económicas internas requerirán ley, finalidad legítima, individualización, prueba suficiente y revisión.

La cooperación con sanciones extranjeras se someterá a la Constitución y no producirá efectos automáticos por una lista o clasificación exterior.

9. Tratados económicos

Todo tratado que afecte tributos, deuda, contratación, recursos, jurisdicción, moneda o propiedad será acompañado por una memoria de costos, riesgos, reciprocidad y efectos sobre la soberanía.

Las obligaciones incompatibles carecerán de eficacia interna contra la Constitución desde su entrada válida en vigor. Se auditarán y resolverán mediante modificación, renegociación, denuncia, retiro, terminación o controversia jurídicamente admisibles; una reserva sólo procederá si el régimen aplicable la permite. La responsabilidad exterior no se presume extinguida por la inaplicabilidad interna.

XX. Federalismo fiscal y coordinación territorial

1. Correspondencia fiscal

Quien decide un gasto deberá identificar quién lo financia; quien recauda deberá responder por el uso de los recursos.

La distribución territorial de competencias evitará que una autoridad prometa beneficios trasladando silenciosamente su costo a otra.

2. Bases tributarias

La asignación nacional, estatal y municipal establecida en el Libro VII será obligatoria. La ley de coordinación resolverá solapamientos, residencia, establecimiento permanente, comercio entre territorios y servicios digitales.

No autorizará aduanas interiores, impuestos duplicados ni persecución fiscal por trasladarse dentro de Venezuela.

3. Plataforma compartida

Los territorios podrán utilizar una plataforma común de registro, declaración, pago y datos, conservando la titularidad jurídica de sus tributos.

La interoperabilidad reducirá costos; no convertirá al nivel nacional en dueño de ingresos estatales o municipales.

4. Transferencias

Toda transferencia intergubernamental tendrá fórmula, fuente, finalidad, calendario y datos verificables.

Las transferencias condicionadas se limitarán a competencias compartidas, emergencias o estándares constitucionales mínimos. No premiarán lealtad política ni sustituirán indefinidamente el esfuerzo fiscal propio.

5. Igualación limitada

Podrá existir una fórmula de igualación que atienda diferencias objetivas de capacidad fiscal y costo de servicios esenciales.

Será transparente, decreciente frente a dependencia evitable y neutral respecto de partidos, autoridades o decisiones lícitas de cada territorio.

6. Disciplina territorial

Los estados y municipios mantendrán equilibrio corriente, presupuestos abiertos y registros completos de deuda, garantías y contratos.

La insolvencia se resolverá judicialmente conforme al Libro VII. No habrá rescate nacional automático ni transferencia de pérdidas causadas por fraude, clientelismo o deuda ilegal.

7. Recursos naturales

La distribución territorial de la renta de recursos observará las proporciones del Libro VII y de este Libro.

La participación del territorio productor no lo autorizará a impedir la competencia nacional, apropiarse de la soberanía sobre el subsuelo o excluir a otros venezolanos.

8. Consejo de Coordinación Fiscal

Un Consejo de Coordinación Fiscal reunirá representantes técnicos del nivel nacional, los estados y los municipios para publicar datos, proponer estándares y prevenir conflictos.

Será consultivo. No creará tributos, deuda, transferencias ni mandatos por sí mismo.

XXI. Auditoría, tecnología y responsabilidad fiduciaria

1. Control integral

La Hacienda y el patrimonio estarán sometidos al control interno de cada órgano, al Contador General, a la Auditoría General, a la Oficina Presupuestaria del Congreso, a los tribunales y a la publicidad ciudadana.

Ningún control excluirá a los demás ni podrá invocarse una auditoría formal para justificar una operación materialmente falsa.

2. Registro trazable

Todo ingreso, compromiso, pago, activo, deuda, garantía, concesión y modificación contractual tendrá identificador, fecha, autoridad responsable, fundamento y documento de respaldo.

La cadena de autorización permitirá determinar quién propuso, verificó, aprobó, ejecutó y recibió.

3. Tecnología neutral

La República podrá utilizar registros distribuidos, firmas digitales, pruebas criptográficas, automatización, inteligencia artificial u otras tecnologías cuando mejoren integridad, acceso, continuidad o auditoría.

La Constitución no impondrá una tecnología concreta. La inmutabilidad técnica no convalidará un dato falso, una orden ilícita o un contrato inválido.

4. Código y modelos

Los sistemas que calculen tributos, asignen pagos, detecten riesgo, valoren ofertas o consoliden cuentas serán documentados, probados y auditables.

Cuando la seguridad lo permita, se publicarán reglas, modelos, versiones y registros de cambio. Toda decisión material conservará una autoridad humana identificable.

5. Ciberseguridad y continuidad

Los sistemas fiscales y patrimoniales tendrán separación de funciones, autenticación fuerte, copias verificadas, recuperación geográfica, registros de acceso y pruebas periódicas de continuidad.

La dependencia de un proveedor, nube, país o protocolo no podrá poner bajo control extranjero exclusivo las cuentas de la República.

6. Cierre anual

Dentro del plazo constitucional, el Ejecutivo presentará la Cuenta General de la República con conciliación entre presupuesto, caja, devengo, deuda, activos, empresas y fondos.

El Contador General certificará su preparación; la Auditoría General emitirá opinión independiente; el Congreso aprobará, observará o rechazará la gestión sin alterar los datos.

7. Responsabilidad patrimonial

El funcionario responderá personalmente cuando, con dolo o negligencia grave:

1. Ordene un pago sin crédito ni causa.

2. Oculte deuda, garantía o pérdida.

3. Certifique una entrega inexistente.

4. Disponga de un activo para beneficio propio o ajeno.

5. Falsee cuentas o destruya registros.

6. Ignore deliberadamente un conflicto de interés.

7. Eluda competencia o control mediante simulación.

8. Mantenga una operación manifiestamente ruinosa para obtener ventaja política.

La responsabilidad será individual y determinada por autoridad competente. No existirá responsabilidad automática del Presidente o de un superior por toda pérdida, variación económica o falta cometida por subordinados sin conocimiento, deber concreto y capacidad real de impedirla.

8. Recuperación

La República podrá repetir contra el responsable por el daño probado, asegurar bienes mediante orden judicial y recuperar ganancias ilícitas.

La recuperación no sustituirá la pena cuando exista delito ni se extenderá a familiares o terceros de buena fe.

9. Publicidad útil

La transparencia fiscal será comprensible, oportuna y reutilizable. La mera acumulación de documentos ilegibles no cumplirá el deber de publicidad.

La reserva se limitará a seguridad, investigación activa, secretos comerciales legítimos o privacidad necesaria, con clasificación temporal y acceso de los órganos de control.

XXII. Transición económica desde el régimen capturado

1. Principio de continuidad y ruptura

La transición protegerá la vida económica ordinaria mientras desmonta los instrumentos de saqueo, emisión, privilegio, monopolio y opacidad del régimen capturado.

No declarará inexistentes todos los contratos, pagos, ahorros, títulos o relaciones producidos bajo el orden anterior. Tampoco convertirá formalidad administrativa en inmunidad para fraude o apropiación.

2. Balance de apertura

En el primer año se elaborará un balance de apertura de la República que identifique:

1. Caja y activos financieros disponibles.

2. Bienes e infraestructuras.

3. Deuda directa.

4. Garantías y obligaciones contingentes.

5. Pasivos laborales y previsionales.

6. Litigios y arbitrajes.

7. Contratos de recursos y concesiones.

8. Empresas y fondos públicos.

9. Cuentas por cobrar y patrimonio sustraído.

10. Riesgos ambientales y de mantenimiento diferido.

La falta de información se reconocerá expresamente; no se sustituirá por cifras políticas.

3. Auditoría de deuda

La deuda heredada se clasificará como:

1. Regular y verificable.

2. Regular con términos susceptibles de reestructuración.

3. Contraída sin competencia o procedimiento suficiente.

4. Vinculada a corrupción, simulación o contraprestación inexistente.

5. Garantía no revelada o pasivo contingente.

6. Obligación dudosa pendiente de decisión judicial.

La República preservará el crédito legítimo y negociará de buena fe. No pagará automáticamente una obligación fraudulenta ni repudiará políticamente toda deuda por pertenecer a un periodo anterior.

4. Liquidación del orden de banca central

La institución monetaria heredada cesará de ejercer emisión, curso forzoso, control de cambios, financiamiento fiscal y asignación política de crédito.

Una autoridad transitoria separará sus funciones residuales, inventariará activos y pasivos, preservará archivos, conciliará cuentas y someterá reclamaciones a un procedimiento público. Las funciones estadísticas o de liquidación útiles podrán trasladarse a instituciones sin poder monetario.

5. Conversión monetaria

La transición reconocerá los contratos existentes y establecerá reglas supletorias para obligaciones expresadas en unidades deterioradas o desaparecidas.

La conversión utilizará referencias públicas, fechas objetivas y revisión judicial. No confiscará ahorros ni favorecerá arbitrariamente a deudores, acreedores o al Estado.

La libertad de elección monetaria comenzará tan pronto existan condiciones operativas mínimas y no dependerá de crear antes una nueva moneda nacional.

6. Reforma tributaria

Los tributos heredados serán inventariados, consolidados y sometidos a expiración o ratificación legislativa.

La primera reforma eliminará impuestos en cascada, controles de cambio fiscales, retenciones arbitrarias, tasas sin servicio y obligaciones imposibles de cumplir. Establecerá pocas bases amplias, procedimientos simples y transición razonable para saldos, créditos y controversias.

7. Gasto, subsidios y nómina

El gasto se clasificará entre función constitucional, servicio esencial, obligación contractual, inversión viable, subsidio transitorio, clientelismo y erogación ilícita.

Los subsidios generales y privilegios se sustituirán gradualmente por ayuda temporal, explícita y dirigida a personas con necesidad comprobada cuando su retiro inmediato amenace vida o continuidad de la vida civil.

La revisión de nómina preservará al trabajador técnico no comprometido con delitos y eliminará cargos inexistentes, pagos duplicados, militancia remunerada y estructuras paralelas.

8. Empresas estatales heredadas

Cada empresa heredada será sometida a auditoría forense, separación de cuentas, verificación de personal, inventario de activos, evaluación de mercado y revisión de contratos.

Las funciones regulatorias o soberanas se retirarán de la empresa. La actividad competitiva podrá abrirse inmediatamente a operadores privados.

Según el resultado, la empresa será reestructurada, dividida, concesionada, capitalizada, privatizada o liquidada. Ninguna conservará su existencia solamente por historia, tamaño o simbolismo.

9. Recursos y contratos estratégicos

Los contratos de petróleo, gas, minería, energía, puertos, comunicaciones e infraestructura serán clasificados conforme a legalidad, contraprestación, beneficiarios finales, desempeño y soberanía.

La revisión evitará interrupciones innecesarias. Los contratos ordinarios de buena fe podrán continuar; los defectuosos podrán corregirse o renegociarse; los fraudulentos serán impugnados ante autoridad competente.

10. Compras y pagos pendientes

Las cuentas por pagar serán verificadas por entrega real, precio, autoridad y beneficiario final.

Se establecerá un procedimiento abreviado para proveedores legítimos, especialmente pequeños, y una vía forense para facturas vinculadas a corrupción o simulación.

11. Recuperación de activos

La República localizará, congelará y recuperará patrimonio sustraído mediante investigación profesional, cooperación internacional, prueba trazable y decisión judicial.

Los acuerdos de devolución publicarán monto, costos, intermediarios y destino. No se repartirán bienes recuperados entre facciones ni se pagarán comisiones secretas.

12. Previsión personal y deberes subsidiarios de auxilio

La transición no abandonará a quienes dependan de pensiones, atención esencial o prestaciones ya causadas.

Auditará padrones, reconocerá derechos verificables, separará asistencia de clientelismo y formulará un régimen sostenible compatible con familia, ahorro y responsabilidad.

13. Secuencia

La secuencia inicial será:

1. Proteger caja, archivos, sistemas y activos críticos.

2. Publicar balance preliminar y registro de obligaciones.

3. Cerrar emisión y controles discrecionales.

4. Garantizar pagos esenciales y contratos legítimos.

5. Simplificar tributos y abrir competencia.

6. Auditar deuda, empresas y contratos estratégicos.

7. Crear los fondos y controles permanentes.

8. Disponer ordenadamente de activos y estructuras innecesarias.

9. Presentar la Cuenta General de transición.

14. Control de la transición

Toda facultad transitoria tendrá plazo, objeto, registro y revisión. La emergencia económica no autorizará presupuesto secreto, confiscación general, moneda obligatoria, contratación sin control indefinido ni dirección personal de empresas.

XXIII. Riesgos institucionales y defensas

1. Sustituir el Estado por una corporación

Riesgo: tratar a la nación como empresa, al gobernante como propietario y a las personas como accionistas o clientes.

Defensa: la República conserva autoridad constitucional limitada; el lenguaje fiduciario exige custodia y rendición de cuentas, pero no convierte soberanía, ciudadanía o dignidad en acciones negociables.

2. Gerencialismo sin límites

Riesgo: justificar arbitrariedad por eficiencia, resultados o conocimiento técnico.

Defensa: ninguna meta económica desplaza ley, derechos, separación de poderes, debido proceso o revisión judicial.

3. Equilibrio fiscal ciego

Riesgo: impedir la defensa, la respuesta a un desastre o una inversión estratégica indispensable mediante una prohibición absoluta.

Defensa: equilibrio ordinario, excepciones constitucionales estrechas, financiamiento identificado, plazo, corrección y control reforzado.

4. Deuda oculta

Riesgo: esconder obligaciones en empresas, garantías, asociaciones, litigios o pagos futuros.

Defensa: consolidación, registro de obligaciones, valoración de riesgos y nulidad de compromisos secretos frente a la República, sin perjudicar al tercero de buena fe más allá de la Constitución.

5. Recreación del Banco Central

Riesgo: concentrar nuevamente emisión, crédito y control de medios de pago bajo una tesorería, fondo o regulador con otro nombre.

Defensa: prohibición funcional, separación de tesorería y regulación, instrumentos públicos plenamente respaldados y competencia monetaria.

6. Corrida o fraude financiero

Riesgo: confundir libertad monetaria con ausencia de información, custodia o resolución.

Defensa: verdad sobre reservas, segregación patrimonial, capital según riesgo, insolvencia ordenada, garantías privadas explícitas y sanción del fraude.

7. Privatización capturada

Riesgo: transferir activos nacionales a aliados mediante precios falsos o procesos diseñados.

Defensa: inventario, valoración independiente, competencia, beneficiarios finales, publicidad, control legislativo y revisión judicial.

8. Nacionalismo patrimonial inmóvil

Riesgo: declarar todo activo estratégico e inalienable para conservar monopolios, pérdidas y clientelismo.

Defensa: inalienabilidad específica, revisión periódica y elección entre propiedad, concesión, regulación, venta o liquidación según la función pública real.

9. Rentismo renovado

Riesgo: financiar nuevamente consumo político con ingresos extraordinarios de recursos.

Defensa: distribución constitucional, Fondo Intergeneracional, Fondo de Estabilización, reglas de retiro y prohibición de financiar gasto recurrente con venta de activos.

10. Tecnología como fachada

Riesgo: presentar registros distribuidos o algoritmos como garantía automática de verdad.

Defensa: documentos de origen, responsables humanos, auditoría, contradicción y neutralidad tecnológica.

11. Igualitarismo coercitivo o privilegio oligárquico

Riesgo: utilizar la economía para imponer resultados materiales idénticos o para blindar fortunas obtenidas mediante captura.

Defensa: aplicación general de la ley, propiedad legítima, mérito, competencia, movilidad, reparación del fraude y ausencia de privilegios.

12. Desprotección del débil

Riesgo: confundir responsabilidad con abandono de niños, ancianos, discapacitados o personas golpeadas por la transición.

Defensa: familia, subsidiariedad, ayuda temporal verificable, portabilidad, instituciones civiles y deber público limitado cuando no exista alternativa suficiente.

13. Regulación moral de la economía

Riesgo: convertir la autoridad económica en policía de conciencia o de estilos de vida lícitos.

Defensa: la ley sanciona daño, fraude, incumplimiento y explotación ilícita; la formación moral corresponde primordialmente a la familia, las iglesias y la sociedad civil.

14. Subordinación extranjera

Riesgo: entregar recursos, datos, infraestructura o jurisdicción a cambio de financiamiento urgente.

Defensa: auditoría constitucional, reciprocidad, límites de control, transparencia contractual y prohibición de comprometer facultades soberanas esenciales.

XXIV. Tesis del Libro IX

De este Libro proceden las siguientes tesis:

1. La Hacienda es un patrimonio confiado a las autoridades para servir a la nación y no un botín disponible para la mayoría o el gobernante.

2. La analogía fiduciaria exige custodia, competencia y rendición de cuentas, pero no convierte a Venezuela en una sociedad mercantil ni a sus habitantes en clientes.

3. La verdad contable es una condición constitucional de gobierno.

4. Toda operación pública deberá revelar su costo presente, obligación futura, riesgo y responsable.

5. El presupuesto ordinario deberá mantenerse equilibrado.

6. El déficit solamente será admisible por causas constitucionales excepcionales, con financiamiento, plazo y corrección definidos.

7. El endeudamiento será excepcional y no financiará clientelismo, nómina ordinaria ni ocultamiento de pérdidas.

8. Ninguna deuda, garantía o obligación contingente podrá permanecer fuera del registro público consolidado.

9. Los tributos serán creados por ley, simples, generales, previsibles, no retroactivos y no confiscatorios.

10. Una tasa pagará un servicio o uso individualizable y no será un impuesto general encubierto.

11. El contribuyente tendrá información, defensa, decisión motivada, revisión y protección de sus datos.

12. Venezuela no tendrá Banco Central ni moneda de curso forzoso.

13. Ninguna autoridad financiará gasto mediante emisión sin respaldo o recreará poderes de banca central bajo otro nombre.

14. Las personas podrán escoger medios lícitos de pago, ahorro, inversión y contratación.

15. La unidad de cuenta fiscal será referencia contable y no moneda obligatoria.

16. La libertad financiera exige verdad sobre reservas, riesgos, custodia y prelación.

17. No habrá garantía pública implícita ni rescate político de pérdidas privadas.

18. La propiedad privada, los contratos, la herencia, el ahorro, el trabajo, la empresa y la innovación sostendrán la prosperidad.

19. La expropiación requerirá necesidad pública comprobada, debido proceso e indemnización justa, previa y efectiva.

20. La regulación no se utilizará como expropiación encubierta.

21. La competencia será la regla y el privilegio legal la excepción sometida a plazo y revisión.

22. El éxito o tamaño empresarial no constituirán por sí mismos infracción; sí lo serán el fraude, la coerción, la colusión y el abuso de privilegios públicos.

23. Las asociaciones laborales serán voluntarias y no poseerán monopolios, cuotas obligatorias, financiamiento público ordinario ni inmunidad.

24. El patrimonio nacional será inventariado, valorado, custodiado y utilizado conforme a su función.

25. La propiedad empresarial del Estado será excepcional, profesional, separada de potestades soberanas y periódicamente revisada.

26. Ninguna empresa pública heredada adquirirá existencia constitucional permanente por su nombre o simbolismo.

27. La titularidad pública de los recursos del subsuelo no exige monopolio estatal de explotación.

28. La renta extraordinaria de recursos será distribuida territorialmente, ahorrada entre generaciones y separada del gasto político corriente.

29. El Fondo Intergeneracional y el Fondo Nacional de Estabilización Fiscal tendrán patrimonios, finalidades y reglas distintas.

30. La infraestructura se decidirá por necesidad, costo de ciclo de vida, mantenimiento, seguridad y resultado verificable.

31. Toda concesión será temporal, competitiva y carente de facultades soberanas.

32. La contratación pública revelará beneficiarios finales, criterios, contrato, modificaciones, pagos y desempeño.

33. La tecnología podrá fortalecer trazabilidad, pero no sustituirá la verdad de origen, la responsabilidad humana ni el debido proceso.

34. La responsabilidad patrimonial del funcionario será individual y procederá por dolo o negligencia grave comprobada.

35. El comercio y la inversión extranjera serán bienvenidos bajo reciprocidad, seguridad jurídica y límites de soberanía.

36. El federalismo fiscal exigirá correspondencia entre quien decide, recauda, gasta y responde.

37. La transición preservará contratos y derechos ordinarios de buena fe mientras audita deuda, empresas, subsidios, recursos y patrimonio ilícito.

38. La liquidación de los poderes de banca central no autorizará confiscación de ahorros ni repudio indiscriminado de obligaciones.

39. La prosperidad dependerá principalmente de personas, familias, trabajadores, propietarios y empresas capaces de crear valor fuera del favor político.

40. El fin del orden económico será legar una Venezuela más libre, productiva, soberana, estable y responsable a quienes todavía no han nacido.

El orden económico de la nueva República no será una maquinaria para repartir dependencia ni una licencia para que el poder se administre como propiedad privada.

Será un régimen de verdad contable, libertad responsable, propiedad protegida, competencia, previsión y honor fiduciario.

Venezuela no renacerá como una población cautiva de subsidios, monopolios y dinero degradado.

Renacerá como una nación de propietarios, familias, trabajadores, empresarios y servidores públicos responsables, capaces de producir, ahorrar, cooperar y legar.

Dios primero.

Honor siempre.

Venezuela eterna.